Artículo 20: Además de lo seĖalado en el artículo 14, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, deberá mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:  
Fracción I: Las recomendaciones emitidas, su destinatario y el estado que guarda su atención, cuidando en todo momento no difundir información de acceso restringido;  
2015  
Recomendaciones  
Ejercicio Periodo que se informa (Periodo en que se emite la Recomendación) Número de recomendación Número de expediente Autoridad(es) responsable(s) Descripción del caso Derechos humanos violados Descripción de la recomendación Estado del cumplimiento Vínculo a la Recomendación  
EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE EMITIERON RECOMENDACIONES  
2015 Segundo Trimestre 2015 01/2015 CDHDF/IV/121/CUAUH/14/D3982 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Omisión de garantizar acceso a la justicia a Jesús Romero Colín. Derecho de acceso a la justicia en conexidad con el derecho a la seguridad jurídica (principio de legalidad). El día 17 de julio de 2014, este Organismo recibió la queja de la persona peticionaria Jesús Romero Colín, razón por la cual se dio inicio al expediente de queja CDHDF/IV/121/CUAUH/14/D3982. De la investigación iniciada se desprenden los siguientes hechos: El 17 de agosto de 2007, Jesús Romero Colín, en adelante la víctima, persona peticionaria o persona agraviada, promovió el inicio la averiguación previa FDS/FDS-6/T1/00415/07-08, para la investigación de los delitos de abuso sexual y violación, en contra de una persona que desempeĖaba funciones como sacerdote de culto religioso, quien de acuerdo con la víctima, cometió dichos delitos cuando él era menor de edad. En agosto de 2008, se ejerció acción penal en contra del probable responsable y la indagatoria fue radicada en el Juzgado Quincuagésimo Quinto de lo Penal en el Distrito Federal, bajo la causa penal 244/08; sin embargo, el órgano jurisdiccional negó la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público, en contra de la persona probable responsable, por falta de elementos, peritajes y por artículos del Código Penal “mal seĖalados”. Por ello, esa averiguación previa se remitió al archivo, situación que se considera indebida. El 18 de septiembre de 2008, la autoridad jurisdiccional requirió con fundamento en el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal al Ministerio Público la realización de diversas diligencias (entre otras, un cateo en el domicilio de la persona probable responsable, recabar información relacionada con esa persona en su calidad de ministro de culto religioso y la persona peticionaria, realizar peritajes a los archivos fotográficos, efectuar un dictamen en materia de psicología a la persona peticionaria, recabar la declaración de la persona probable responsable y solicitar copia de dos diversas averiguaciones previas); no obstante, sólo algunas de ellas se desahogaron (parcialmente) y las otras no. Cabe destacar que la indagatoria ha estado en trámite por un tiempo aproximado de siete aĖos y ocho meses meses, durante dicho tiempo, personal ministerial a cargo de la integración de la indagatoria no realizó todas las acciones necesarias para el desahogó las diligencias seĖaladas por la autoridad jurisdiccional en su totalidad.  Además, durante el tiempo de integración de la averiguación previa, la persona agraviada no recibió atención multidisciplinaria en su calidad de víctima del delito. Parcialmente Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Derechos de la víctima o persona ofendida; derecho a recibir atención integral.  
2015 Segundo Trimestre 2015 02/2015 CDHDF/I/122/CUAUH/12/D3683 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Inobservancia a resolución judicial relacionada con la no publicación de datos personales, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Derecho a la honra y dignidad en conexidad con el derecho a la seguridad jurídica. El 11 de junio de 2012, en esta Comisión se recibió la queja del peticionario Raúl Meléndez García, la cual se registró bajo el número de expediente CDHDF/I/122/CUAUH/12/D3683. De la investigación realizada se desprenden los siguientes hechos: El día 18 de enero de 2011, los agraviados Raúl Meléndez García y Abril Coyote Romero, fueron condenados por el delito de corrupción de menores mediante una sentencia emitida por el Juez 24ľ Penal del Distrito Federal. Los días 25 y 26 de enero de 2011, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (en adelante PGJDF) realizó una publicación en su boletín, en el que divulgó sus nombres y seĖaló que se les encontró penalmente responsables del delito de corrupción de menores. El mismo 25 de enero de 2011, se publicaron en diferentes páginas de internet, algunas notas periodísticas donde se mencionaban expresamente los nombres de las personas agraviadas, vinculadas con titulares como “30 aĖos de cárcel a falsos psicólogos en la Escandón” y “Condenan a seudo psicólogos por corrupción de menores”, entre otras. En contra de la sentencia emitida el 18 de enero de 2011, los agraviados promovieron recurso de apelación, mismo que se radicó en la Primera Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; autoridad que ordenó la reposición de los autos debido a irregularidades que se detectaron durante el juicio. A raíz de lo anterior y como resultado de la reposición del procedimiento, el 19 de octubre de 2011, el mismo Juez 24° de lo Penal del Distrito Federal confirmó el fallo anterior. Por ello, promovieron un recurso de apelación ante la misma Primera Sala de lo Penal, quien mediante sentencia del 27 de febrero de 2012, absolvió a los agraviados de la acusación formulada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ordenando su inmediata y absoluta libertad. A la fecha, varias de esas notas periodísticas publicadas en internet, pueden ser consultadas por el público en general. Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
2015 Segundo Trimestre 2015 03/2015 CDHDF/II/121/AO/09/D1320, CDHDF/II/122/TLAH/09/D3844, CDHDF/II/122/GAM/09/D4655, CDHUN/III/122/GAM/11/D7187, CDHDF/III/122/MC/12/D0536, CDHDF/III/122/VC/12/D1081, CDHDF/III/122/TLAH/12/D5551, CDHDF/III/121/GAM/12/D6186, CDHDF/III/121/TLAL/12/D7656, CDHDF/III/122/IZTP/13/D0935, CDHDF/III/122/IZTP/13/D1015, CDHDF/III/121/GAM/13/D4569, CDHDF/III/121/CUAUH/13/D6468, CDHDF/III/122/CUAJ/13/D6882, CDHDF/III/121/GAM/13/D7631, CDHDF/III/122/GAM/14/D0431, CDHDF/III/122/VC/014/D1108, CDHDF/III/122/GAM/14/D5848, CDHDF/III/122/IZTP/14/D6353, CDHUO/III/122/IZTP/14/D6747, CDHDF/III/122/VC/14/D6887, CDHDF/III/122/VC/15/D0409 y CDHDF/III/121/VC/15/D1068 Secretaría de Salud del Distrito Federal Falta de atención oportuna y adecuada a mujeres, algunas de ellas adolescentes, que requirieron servicios de salud pública del Distrito Federal, durante el embarazo, parto y puerperio, así como acciones y omisiones que les generaron violencia, sufrimientos innecesarios, y afectaciones a varios derechos, y deficiencias en la atención de niĖas y niĖos recién nacidos. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Se recuperan 23 casos de deficiencias en la atención médica brindada a mujeres embarazadas, niĖas y niĖos recién nacidos que requerían servicios de salud materno-infantil. Mediante el instrumento, la CDHDF incide en una problemática particularmente grave que se manifiesta como una práctica reiterada en el sistema de salud pública del Distrito Federal, la cual impacta en los ámbitos de la vida y la integridad personal de quienes requieren y solicitan servicios de salud materna. Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y el derecho al desarrollo y la supervivencia en el caso de las niĖas y niĖos, en conexidad con los derechos a la vida e integridad personal.  
Derechos de las niĖas, niĖos y adolescentes, en particular de las adolescentes embarazadas.  
Derechos sexuales y reproductivos en conexidad con los derechos a la vida privada e intimidad, salud y autonomía reproductiva e integridad personal.  
2015 Tercer Trimestre 2015 04/2015 CDHDF/III/122/COY/10/D6359, CDHDF/III/122/MHGO/11/D0683 y su acumulado CDHDF/III/122/MHGO/15/D3547, CDHDF/III/122/BJ/12/D2380, CDHDF/III/122/CUAUH/12/D5146, CDHDF/III/122/COY/13/D1556, CDHDF/III/122/MC/13/D4321 y su acumulado CDHDF/III/122/MC/14/D1057, CDHDF/III/122/MHGO/13/D6541, CDHDF/III/122/MHGO/13/D8130, CDHDF/III/122/TLAL/14/D6682, CDHDF/III/122/BJ/14/D4241, CDHDF/III/122/AO/14/D4279, CDHDF/III/122/TLAL/14/D7221 y CDHDF/III/122/TLAL/15/D0869 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal Omisiones en el procedimiento de emisión de Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo y de derechos adquiridos, así como aplicación incorrecta de normas técnicas lo que permitió la autorización de obras que incumplen con la zonificación respectiva. Derecho a la seguridad jurídica. Durante los aĖos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 se presentaron en esta Comisión las quejas motivo de la presente Recomendación. El contexto de los hechos involucra la construcción o remodelación de inmuebles, ya sea que incumplen con especificaciones de los diversos programas o reglamentos, o bien, que se edificaron en zonas en donde los instrumentos regulatorios prohibían la obra. Destaca la realización de proyectos inmobiliarios que debido a sus características constructivas (mayor altura, mayor densidad, apertura de establecimientos mercantiles en áreas patrimoniales, reducción de áreas libres, entre otros) generaron preocupación e inconformidad de las y los vecinos, quienes denunciaron ante las autoridades correspondientes presuntas irregulares asociadas a la omisión de atender los Programas: Generales, Delegacionales o Parciales de Desarrollo Urbano vigentes para el Distrito Federal, o como lo llaman comúnmente los vecinos y vecinas: que se estaban generando en sus colonias cambios en el uso de suelo, que trastocan la vida social, cultural, económica y ambiental de las personas que habitan esta Ciudad. A lo largo de la investigación de los 13 expedientes de queja que se vinculan en la presente Recomendación, se evidenció que para desarrollar un proyecto constructivo que cumpla con la normatividad en algún predio de la Ciudad de México, es indispensable presentar el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo y/o Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos ─ambos emitidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal─, el cual es el requisito base para realizar por los particulares al menos 16 trámites relacionados con el tema del desarrollo urbano. Las omisiones en la emisión de dichos certificados conlleva a un sin número de actos que pueden ocasionar impactos negativos a la planeación urbana de la Ciudad de México y violaciones a derechos humanos de difícil reparación, tanto a las personas que habitan en las zonas afectadas, como a las personas compradoras de los inmuebles, como se observará en lo subsecuente. Los casos contemplados en esta Recomendación muestran un patrón de violaciones, que puede agruparse en tres tipos de omisiones e irregularidades en la actuación de los servidores públicos, así como la falta de supervisión, o el retraso en la intervención de las autoridades para hacer cesar la violación, que pueden agruparse de la forma siguiente: 1) Otorgamiento de Certificados que convalidaron derechos adquiridos, sin la certeza de que estos se hubiesen conservado o estuviese vigente la acción para reclamarlos, observándose además omisión de atender el deber de debida diligencia para los casos A, C, D y G.; 2) Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo emitidos por omisiones o en contravención al uso de suelo aplicable, casos B, E, H, I, K y L; y 3) Certificados Únicos de Zonificación emitidos al auspicio de la Norma General No. 26, casos E, F, J y M. Es preocupante e involucra a este organismo los hechos denunciados por las diferentes personas peticionarias en relación a la construcción de obras irregulares en el Distrito Federal, sobretodo en virtud de que pudieran llevarse a cabo gracias a una combinación de actos ilícitos, omisiones y retrasos en la intervención de autoridades competentes, estos elementos que se reproducen de manera constante en los casos documentados, dibujan un patrón de comportamiento en servidores públicos de la administración pública que podría ser indicativo de actos de corrupción, los cuales se encuentra definidos en diversos instrumentos nacionales e internacionales como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la corrupción de la Organización de los Estados Americanos. Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Derecho a la vivienda adecuada en relación al derecho a un nivel de vida adecuado.  
Derecho a un medio ambiente sano.  
2015 Tercer Trimestre 2015 05/2015 CDHDF/V/121/CUAUH/13/D2473, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D3004, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D3841, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D4093, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D7364, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D1119, CDHDF/V/121/CUAUH/14/N3689, CDHDF/V/122/CUAUH/14/D5633, CDHDF/V/122/CUAUH/14/D6827, CDHDF/V/122/MHGO/14/D7854, CDHDF/V/121/CUAUH/15/D0261, CDHDF/V/121/CUAUH/15/D0839, CDHDF/V/121/CUAUH/15/D1043, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D4732, CDHDF/V/121/CUAUH/15/D1519, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D2248, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D3688, CDHDF/I/121/CUAUH/13/D5073, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D6596, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D6607, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D7334, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D8101, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D8290, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D0195, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D0980, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D1386, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D2012, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D2964, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D4339, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D5096, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D6038, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D6242, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D7192, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D8116, CDHDF/V/121/CUAUH/15/D2377, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D5578, CDHDF/V/122/BJ/14/D7275, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D1003, CDHDF/V/122/CUAUH/14/D6146, CDHDF/V/122/CUAUH/13/D7314, CDHDF/V/122/TLAL/13/D4337, CDHDF/V/122/AO/14/D7667, CDHDF/V/121/IZTAC/13/N1958, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D5555, CDHDF/V/121/IZTP/15/D0610, CDHDF/V/121/CUAUH/15/D0700, CDHDF/V121/BJ/14/D3799, CDHDF/V/121/BJ/14/N5326, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D5781, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D5926, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D8063, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D7672, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D7479, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D6573, CDHDF/V/122/CUAUH/15/D1583, CDHDF/V/121/MHGO/13/D4065, CDHDF/V/121/MHGO/14/D2569, CDHDF/V/121/MHGO/14/D2718, CDHDF/V/122/MHGO/14/D5156, CDHDF/V/121/MHGO/15/D1839, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D4279, CDHDF/V/122/CUAUH/14/D4106, CDHDF/V/121/CUAUH/15/D1106, CDHDF/V/121/AO/13/D7026, CDHDF/V/122/BJ/13/D3719, CDHDF/V/121/COY/14/D1152, CDHDF/V/121/COY/14/D5812, CDHDF/V/121/IZTP/13/D7172, CDHDF/V/121/IZTP/13/D7173, CDHDF/V/121/IZTP/15/N0415, CDHDF/V/121/TLAH/13/D8474, CDHDF/V/121/AZCAP/13/D2651, CDHDF/V/121/IZTAC/14/D7580, CDHDF/V/121/MA/14/D0705, CDHUS/V/122/XOCH/13/D6036, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D2822, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D2949, CDHDF/V/121/IZTP/13/D4724, CDHDF/V/121/CUAUH/13/D8430, CDHDF/V/122/CUAUH/14/D5755, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D0876, CDHDF/V/122/BJ/14/D3952, CDHDF/V/122/CUAUH/13/D6989, CDHDF/V/121/CUAUH/14/D6656 y CDHDF/V/121/COY/14/D1588 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal Incumplimiento de laudos, sentencias y resoluciones laborales y administrativas por parte de diversos órganos y autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal. Derecho al trabajo decente: Derecho al empleo estable, Salario remunerador y prestaciones económicas y Derecho a la seguridad social. En 85 casos, tanto individuales como colectivos, investigados a través de 85 expedientes de queja, esta Comisión constató que diversas autoridades y órganos de la Administración Pública del Distrito Federal son omisos en el cumplimiento de laudos, sentencias y resoluciones laborales, en agravio de 162 personas trabajadoras. Parcialmente Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Consejería Jurídica y de Servicios Legales  Derecho a la adecuada protección judicial y el derecho de acceso efectivo a la justicia: i. Derecho a un recurso efectivo y Derecho a la ejecución de los fallos en un plazo razonable.  
Procuraduría General de Justicia    
Secretaría de Cultura    
Secretaría de Desarrollo Social    
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal    
Secretaría del Medio Ambiente    
Secretaría de Salud    
Secretaría de Seguridad Pública    
Secretaría de Movilidad antes Secretaría de Transporte y Vialidad    
Secretaría de Obras y Servicios    
Secretaría de Protección Civil    
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo    
Sistema de Aguas de la Ciudad de México    
2015 Tercer Trimestre 2015 06/2015 CDHDF/III/121/MC/12/D3539 y CDHDF/III/122/TLAL/13/D0221 Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal Omisiones en la supervisión de puentes provisionales, colocados sobre avenida Periférico con motivo de la construcción de las Autopistas Urbanas Poniente y Sur, lo que ocasionó el fallecimiento de una persona; así como no garantizar que los puentes definitivos que se construyeron cumplan con los estándares de accesibilidad universal. Derecho a la vida. Caso A. CDHDF/III/121/MC/12/D3539. El 5 de junio de 2012 esta Comisión inició una investigación de oficio, en razón de que en diversos medios de comunicación se informó del fallecimiento en el Hospital Darío Fernández de una mujer de 54 aĖos de edad, quien había caído por la maĖana de ese día, de un puente peatonal provisional colocado en Periférico y Luis Cabrera, cuya altura aproximada era de más de 5 metros. Dicho puente había sido colocado por las obras de construcción del Segundo Piso del Periférico y el Distribuidor Vial Luis Cabrera que forma parte de la Supervía. La Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal emitió un boletín de prensa, en el cual, se precisó que la mujer cayó de la estructura debido a un tropiezo, careciendo el puente de una fracción de malla ciclónica porque había sido robada. Se seĖaló que peritos de la Procuraduría determinarían las causas concretas de la caída y adjudicarían las responsabilidades y, en su caso las sanciones legales en contra de la empresa Controladora Vía Rápida Poeta, S.A. de C.V. constructora de la Supervía, o contra quienes resultaran culpables; asimismo, se indicó que el puente provisional sería clausurado, pero a los pocos días fue nuevamente abierto, no obstante que fue catalogado por la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal como de riesgo. Aproximadamente entre el aĖo 2011 y finales del aĖo 2013, en el lugar del accidente se estuvieron realizando obras de vialidad, las cuales fueron concesionadas por la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal (en adelante, la SOBSE) a empresas particulares. Debido a ello, fueron retirados diversos puentes definitivos de tránsito peatonal ubicados en el trazo de la obra de las autopistas Urbana Sur y Poniente, colocándose en su lugar diez puentes provisionales, los cuales funcionaban en un horario de 5:00 de la maĖana a las 00:00 horas, resultando que las empresas privadas concesionadas a través de las empresas de supervisión de obras eran sólo las encargadas de supervisar las condiciones de los puentes para su apertura diaria, reportando las personas encargadas de esa acción, el día sábado de cada semana las incidencias identificadas durante la supervisión quedando sin cubrir los días domingo. En relación a lo anterior, la Secretaría de Obras y Servicios adoleció de un mecanismo que le permitiera estar informada de ello y que se atendieran de manera oportuna y adecuada las incidencias identificadas. Los puentes provisionales colocados carecían de seguridad, calidad, iluminación, así como de un adecuado mantenimiento y supervisión, informando la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal que ello era solo responsabilidad de la empresa concesionada. La obra vial referida concluyó en el aĖo de 2013, quedando diez puentes peatonales definitivos, y uno de ellos en un lugar diverso a donde se encontraba originalmente. Dichos puentes conforme a la opinión de la Organización No Gubernamental Libre Acceso, A.C., así como a los dictámenes de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal y el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal (en adelante, INDEPEDI), carecen de una adecuada accesibilidad y presentan condiciones que generan riesgos para las personas transeúntes. Por el deceso de la mujer de 54 aĖos de edad, se inició averiguación previa la cual a la fecha se encuentra en el archivo de reserva de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dado que el 7 de junio de 2012, la persona moral Constructora ZOER, S.A. de C.V., realizó pagos por concepto de reparación del daĖo, a familiares de la persona que falleció. Caso B. CDHDF/III/122/TLAL/13/D0221. El 10 de enero de 2013 mediante correo electrónico una persona peticionaria presentó una queja ante esta Comisión, en la cual refirió que hacía aproximadamente siete meses que a consecuencia de las obras en construcción del Segundo Piso en Periférico Sur, específicamente en el tramo ubicado entre Picacho Ajusco y Zacatepetl, personal de obras de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal alteró la edificación de los 2 puentes peatonales que se ubicaban en ese tramo, dejando una estructura provisional para el tránsito peatonal. Asimismo precisó que la construcción del segundo piso en dicho tramo tenía cinco meses de haber concluido, no obstante los puentes no habían sido reconstruidos y presentaban condiciones de total deterioro e inseguridad. Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Derecho a la integridad personal.  
Derecho a un nivel de vida adecuado.  
Derecho a la movilidad.  
2015 Tercer Trimestre 2015 07/2015 CDHDF/IV/122/VC/11/D3196, CDHDF/IV/122/COY/12/D1812, CDHDF/IV/122/CUAUH/12/D5519, CDHDF/IV/122/CUAUH/13/D2848, CDHDF/IV/122/CUAUH/14/D2615, CDHDF/IV/122/CUAUH/14/D0543, CDHDF/IV/122/VC/14/D0679, CDHDF/IV/121/VC/14/D6066, CDHDF/IV/121/VC/14/D7980, CDHDF/IV/122/CUAUH/14/D4548, CDHDF/IV/121/CUAUH/14/D6015 y CDHDF/IV/121/CUAUH/14/D6115 Delegación Coyoacán Retiros forzados y criminalización de personas en situación de calle. Derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación en relación con el Derecho a la honra y a la dignidad. Caso 1. Punto de pernocta estación del STCM Candelaria. Expediente CDHDF/IV/122/VC/11/D3196. El 27 de mayo del aĖo 2011 se abrió el expediente CDHDF/IV/122/VC/11/D3196, a partir de la queja presentada por el peticionario Luis Enrique Hernández Aguilar, Director de la organización El Caracol A.C. De la investigación se desprendió lo siguiente: Desde enero de 2011, autoridades de la Delegación Venustiano Carranza llevaron a cabo acciones permanentes de limpieza, en la explanada ubicada afuera de la estación Candelaria del Sistema de Transporte Colectivo Metro [STCM]. Estas acciones tuvieron como resultado que después de tres aĖos las personas en situación de calle que pernoctaban en dicho punto se retiraran. Respecto a las acciones de limpieza que se realizaron a solicitud de las personas vecinas las autoridades delegacionales reconocieron que tres veces a la semana se presentaban en el lugar antes mencionado con camiones recolectores de basura y pipas de agua y sin previo aviso las pipas empezaban a regar agua sobre los espacios ocupados por las personas que se encontraban o pernoctaban ahí, y sus pertenencias y el lugar en el que dormían eran mojados también. Las ocasiones en que dichas personas permanecían en el lugar impidiendo que se llevara a cabo la limpieza, eran levantadas mediante el uso de la fuerza o incluso, las autoridades utilizaban el método del chorro de agua [a presión] de una pipa para retirarlos. Además, el personal de la Delegación depositaba en los camiones recolectores de basura las cosas que sus propietarios no alcanzaban a proteger o retirar. Por ello, las citadas personas agraviadas prefirieron retirarse de ese lugar de forma progresiva. Caso 2. Punto de pernocta Bajo Puente TaxqueĖa. Expediente CDHDF/I/122/COY/12/D1812. El 23 de marzo de 2012 se inició investigación de oficio, a la que le correspondió el registro CDHDF/I/122/COY/12/D1812, en virtud de una nota periodística de Noticieros Televisa, titulada: Como parte del proyecto Recuperación de Espacios Públicos, decenas de personas que vivían en casas de cartón debajo de un puente fueron retiradas. De la investigación resultó lo siguiente: En la madrugada del 22 de marzo de 2012, las personas que pernoctaban en viviendas construidas con cartón, plástico y madera debajo del puente que conecta Calzada de Tlalpan, Miguel Ángel de Quevedo y TaxqueĖa, en el sur de la Ciudad de México, fueron retiradas del lugar y sus viviendas destruidas en una acción que involucró a servidores públicos de la Delegación Coyoacán, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF), todas del Distrito Federal. Durante el retiro mencionado existieron amenazas y no se les permitió sacar o llevar sus pertenecías. La desocupación se realizó en el marco de la implementación del proyecto de Recuperación de los bajo puente de la Ciudad de México, encabezado por la Autoridad de Espacio Público del Gobierno Central, con motivo de las reiteradas solicitudes de las personas vecinas de la zona. Caso 3. Punto de pernocta calle Artículo 123. Expediente CDHDF/IV/122/CUAUH/12/D5519. El 31 de agosto del aĖo 2012 se inició investigación de oficio, a la que le correspondió el registro  CDHDF/IV/122/CUAUH/12/D5519, en virtud de una nota periodística del diario Milenio, titulada Retiran a indigentes de calles de la delegación Cuauhtémoc. De la investigación se desprendió lo siguiente: El 31 de agosto de 2012, a las 03:00 horas aproximadamente, las personas de la comunidad que pernoctaba en la calle de Artículo 123, entre las calles Balderas y Humboldt, colonia Centro de la Ciudad de México, fueron agredidas por personas vestidas de civil, quienes a decir de las personas en situación de calle agraviadas, se trataba de jóvenes en situación de calle que pernoctaban en las inmediaciones del metro Salto del Agua, quienes destruyeron sus casas provisionales que ahí mantenían. A las 03:09 horas arribaron al lugar patrullas de la SSPDF y una ambulancia. Los agentes de la policía preventiva les dijeron a las personas agredidas que quienes quisieran irse a CoruĖa serían trasladadas y las que no, se tendrían que retirar de ese lugar, por razones de seguridad. Algunas personas fueron trasladadas en un camión de la citada Secretaría al Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) CoruĖa, del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS). Personal de la ambulancia se dedicó a atender a las personas agraviadas heridas. A las 05:30 horas aproximadamente, se iniciaron acciones de limpieza del lugar con la presencia de personal de la SSPDF. Aproximadamente a las 06:50 horas llegó personal de limpieza de la Delegación Cuauhtémoc a lavar y limpiar el lugar de pernocta. Aproximadamente a las 8:30 horas del mismo día 31 de agosto de 2012, se inició la instalación de jardineras en el citado lugar. Alrededor de las 08:45 horas, agentes de la policía preventiva, quienes estuvieron resguardando permanentemente el lugar desde que llegaron, no permitieron que las personas que pernoctaban en el lugar se acercaran. En razón de lo anterior, las personas que no fueron trasladadas al IASIS o que fueron saliendo del mismo, se reconstituyeron como comunidad a la entrada de la estación Juárez del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro). Sin embargo, el 10 de octubre de 2012, fueron nuevamente retiradas del lugar por parte de personal de la SSPDF y Protección Civil del Metro. Cabe seĖalar, que ese día, personal de la SSPDF remitió a dos adolescentes en situación de calle, al Juzgado Cívico Guerrero. Por su parte, el personal del Protección Civil del Metro les pedía a las personas agraviadas se retiraran de ese lugar, ya que de lo contrario las amenazaban con enviarles patrullas, motivo por el cual se instalaron nuevamente en la calle de Artículo 123; sin embargo, posteriormente se tuvieron que ubicar en el parque de La Ciudadela, debido a que constantemente policías les indicaban que no podían quedarse en esa calle y si lo hacían, eran intimidados por éstos. Expediente CDHDF/IV/122/CUAUH/13/D2848. En fecha 30 de abril del aĖo 2013, se abrió el expediente CDHDF/IV/122/CUAUH/13/D2848, a partir de la queja presentada por una persona peticionaria. De la investigación se desprendió lo siguiente: El 25 de abril de 2013, a las 21:30 horas, las personas en situación de calle que pernoctaban afuera de la estación Juárez del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro), fueron intimidadas y agredidas verbalmente por elementos de la Policía Auxiliar de la SSPDF, conocidos como los boinas, para que se retiraran del lugar, argumentando que obstruían el paso, a pesar de que no era así. Además, los policías refirieron que tenían órdenes de limpiar la zona, a solicitud de las personas vecinas. Por tales hechos, las personas en situación de calle se retiraron temporalmente del lugar. El 21 de mayo de 2013, se repitió el acto de retiro afuera de la estación Juárez, pues elementos de la SSPDF a bordo de una patrulla indicaron a las personas agraviadas que se debían de retirar de ese lugar, pues de lo contrario les mandarían una pipa de agua para que los mojaran, por lo que las personas agraviadas se reubicaron en la calle de Artículo 123, a unas cuadras de ahí. En julio de 2013, fueron nuevamente intimidadas por elementos de la SSPDF para que se retiraran de ese lugar, dado que las personas vecinas así lo solicitaban, quien les seĖalaba que se debían de retirar de ese lugar, si no se iban a arrepentir. Finalmente las personas agraviadas se ubicaron en el parque de la Ciudadela, en la misma colonia Centro, de la Ciudad de México. Expediente CDHDF/IV/122/CUAUH/14/D2615. En fecha 22 de abril del aĖo 2014, se inició el expediente CDHDF/122/CUAUH/14/D2615, a partir de la queja presentada por el peticionario Ángel Soriano Ruiz. De la investigación se desprenden los siguientes hechos: El 22 de abril de 2014, alrededor de las 10:47 horas, policías preventivos de la SSPDF, adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana Revolución, haciendo el uso de la fuerza mediante golpes y patadas, realizaron el retiro de las personas en situación de calle que habitaban en la vía pública de la calle Artículo 123, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Las personas detenidas fueron llevadas a Plaza Solidaridad, lugar en que permanecieron aseguradas aproximadamente una hora; posteriormente, la Persona agraviada 87, Josué Israel Martínez Deraz, Persona agraviada 89, Persona agraviada 90, fueron llevados a las instalaciones del Juzgado Cívico CUH-5 acusados de estar inhalando tóxicos en la vía pública, mientras que las demás fueron remitidas a la Coordinación Territorial de Procuración de Justicia CUH-2, lugar en el que la Persona agraviada 91, Omar Alfonso Copia Sánchez, Persona agraviada 67, Persona agraviada 93, Persona agraviada 94, fueron acusados de un delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, y Juan Antonio Jesús Flores, Sergio Javier Madrigal ZúĖiga, Fernando Pérez Gaytán, Delfino Pérez Velazco, Persona agraviada 97, José Alberto Adame Segura, fueron acusados de haber cometido un robo a transeúnte. Por su parte la persona agraviada 89 y la persona agraviada 90,  obtuvieron  su libertad por parte del Juzgado Cívico, al no existir elementos suficientes para sancionar. Mientras las personas agraviadas estaban detenidas en la Plaza Solidaridad, los servidores públicos de la SSPDF, con el auxilio de un servidor público del área de Servicios Urbanos y Limpia de la Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc, retiraron de la calle Artículo 123 las pertenencias de las personas detenidas y de la Persona agraviada 55, Alma Olivo Cruz, persona agraviada 63, NiĖo agraviado 70, NiĖa agraviada 71, Persona agraviada 72, Adolescente agraviado 73, Persona agraviada 74, Persona agraviada 75, Persona agraviada 76, Adolescente agraviado 77, Persona agraviada 78, Persona agraviada 79, Adolescente agraviado 60, Persona agraviada 80, Adolescente agraviada 81, Adolescente agraviada 82, Adolescente agraviado 83, Adolescente agraviado  84, Adolescente agraviado 85, Persona agraviada 86, personas en situación de calle que también pernoctaban en ese lugar. Cabe destacar que en el retiro de las pertenencias de las personas agraviadas participó un personal del área de servicios urbanos y limpia de la Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc. Expediente CDHDF/IV/121/CUAUH/14/D6015. El 22 de septiembre de 2014 se inició la queja CDHDF/IV/121/CUAUH/14/D6015, a partir de los hechos narrados por una peticionaria, de la cual se desprenden lo siguiente: El 22 de septiembre de 2014, siendo aproximadamente entre las 13:00 y 13:30 horas, la persona agraviada 107, se encontraba en la esquina que forma la calle de Victoria y avenida Balderas, en la colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, de la ciudad de México, limpiando parabrisas de los automóviles que se detenían por la luz roja del semáforo, cuando llegaron los policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), Adalberto Zempoalteca Templos y Luis Antonio González González, con números de placas 828622 y 931223, respectivamente, a bordo de la autopatrulla número P2215, quienes se acercaron al agraviado y le solicitaron su permiso para limpiar parabrisas en la vía pública. En virtud de que el agraviado les respondió que no tenía ningún permiso, le pidieron abordar la autopatrulla en cita y lo trasladaron al Juzgado Cívico de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Administración de Justicia CUH-4, donde fue puesto a disposición y, posteriormente, puesto en libertad tras ser considerado como responsable de haber usado las áreas y vías públicas sin contar con la autorización que se requiera para ello y pagar una multa de 67.00 pesos. Caso 4. Punto de Pernocta Eje 1 Norte y Avenida del Trabajo. Expedientes CDHDF/IV/122/CUAUH/14/D0543, CDHDF/IV/122/VC/14/D0679, CDHDF/IV/121/VC/14/D6066, CDHDF/IV/121/CUAUH/14/D6115 y CDHDF/IV/121/VC/14/D7980. Expediente CDHDF/IV/122/CUAUH/14/D0543. En fecha 30 de enero del 2014 se inició el expediente CDHDF/IV/122/CUAUH/14/D0543, a partir de la queja realizada por la peticionaria personal integrante de Ednica, I.A.P.,  de la cual se desprenden los siguientes hechos: En fecha 29 de enero del 2014, los agraviados José Luis Jiménez Ruíz, Bryan Omar Camacho Quiroz y Persona agraviada 101 fueron detenidos por los elementos de la Unidad de Protección Ciudadana ‘Morelos’ de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Gerardo Cortés Torres, Antonio Hernández Pérez y Alan Gerardo Mercado Hernández, así como otros policías a identificar, en las inmediaciones del Parque Recreativo Ramón López Velarde, también conocido como Parque las Águilas, ubicado entre las calles de Eje1 norte y Avenida del Trabajo, en la colonia Morelos de la Delegación Cuauhtémoc. Siendo las 14:49 horas, los elementos de la Policía Preventiva referidos, arribaron al lugar a bordo de dos unidades, una patrulla con número desconocido, así como una camioneta Pick Up con número P-20-014; las personas servidoras públicas descendieron de sus unidades y comenzaron a perseguir a un grupo de personas. José Luis Jiménez Ruíz fue detenido mientras se encontraba sentado ingiriendo sus alimentos; lo sujetaron por la espalda y le ordenaron que subiera en la parte trasera de la unidad P-20-014. Cuando el agraviado cuestionó a los policías sobre el motivo de su detención, éstos les refirieron que se realizaba en razón de que las cámaras que monitoreaban la vía pública habían detectado que se encontraban trabajando, limpiando parabrisas. El agraviado  fue remitido al Juzgado Cívico CUH-3 en donde, según refirió, después de pagar una multa de cien pesos, fue puesto en libertad. Por su parte, Bryan Omar Camacho Quiroz y Persona agraviada 101 fueron asegurados mientras se encontraban echando aroma a los automóviles que se detenían en el semáforo; en el momento en que arribaron los policías preventivos, Bryan Omar Camacho Quiroz echó a correr, siendo detenido  dentro del parque. Ambos adolescentes fueron sujetados de los brazos y conducidos a una patrulla, cuyo número no es identificable, e igualmente trasladados al Juzgado Cívico CUH-3; sin embargo, no fueron puestos a disposición y fueron liberados en las inmediaciones de la zona de La Raza, asimismo seĖalan que fueron advertidos de que si los volvían a ver ahí les iban a meter unos gramos de piedra o de mota y los iban a clavar. Expediente CDHDF/IV/122/VC/14/D0679 En fecha 6 de febrero del aĖo 2014, se abrió el expediente CDHDF/IV/122/VC/14/D0679 a partir de la queja presentada por la persona peticionaria, quien solicitó que sus datos personales se mantuvieran bajo reserva por temor a represalia. De la investigación se desprenden los siguientes hechos: El 21 de enero del 2014, la Supervisora de la Zona Escolar 343 dirigió un oficio al entonces Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, José Manuel Ballesteros López, por medio del cual solicitó que reubicaran a las personas en situación de calle que habitaban el puente peatonal ubicado en Avenida del Trabajo y Eje 1 Norte de la Colonia Morelos de la Delegación referida, ya que obstaculizaban el paso a los alumnos y padres de familia de la Escuela Primaria General Miguel Alemán. El 27 de enero del 2014, el Presidente y la Coordinadora de Desarrollo Social, Educación y Prevención de Adicciones del Comité Ciudadano Morelos I, dirigieron un oficio al entonces Director Ejecutivo en la Territorial Morelos de la misma Delegación, Doctor Israel Rodríguez Hernández, a través del cual solicitaron que se recuperaran los espacios públicos ubicados en el puente peatonal aludido y en la Plaza Cívica Ramón López Velarde, ya que ambos eran paso de estudiantes y de habitantes de los alrededores, quienes presuntamente habían sido víctimas de robos por parte de las personas en situación de calle que pernoctaban en los lugares citados. El 4 de febrero del mismo aĖo, personal adscrito a la Coordinación Ejecutiva Territorial Morelos de la Delegación Venustiano Carranza, acudió al puente peatonal ubicado en Avenida del Trabajo y Eje 1 Norte de la Colonia Morelos de la Delegación referida, a fin de entregar un apercibimiento a las personas en situación de calle que habitaban dicho puente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, con la finalidad de que, en un término de veinticuatro horas, se retiraran del lugar; sin embargo, el apercibimiento aludido no fue aceptado por dichas personas. El 5 de febrero de 2014, personas servidoras públicas adscritas a la Delegación Venustiano Carranza, acudieron nuevamente al lugar de referencia, donde tiraron agua sobre las pertenencias de las personas agraviadas, a fin de que desalojaran el lugar en el que éstas pernoctaban. El 6 de febrero del ese aĖo, las personas en situación de calle que conforman el colectivo social en comento, fueron retiradas por parte del personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Social, a Protección Civil, a Participación Ciudadana y a la Coordinación Ejecutiva referida anteriormente, todos de la Delegación Venustiano Carranza, así como por personal de las Policías Preventiva y Auxiliar, ambas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, acompaĖados del Comité Ciudadano Morelos I, mediante labores de limpieza, utilizando mangueras con las cuales mojaron tanto a las personas agraviadas como a sus pertenencias, así como con la clausura del puente peatonal. Las personas agraviadas refirieron que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal las empujaron durante el desalojo, las golpearon en diversas partes del cuerpo, además que les decían groserías e incluso a una de ellas la amenazaron de muerte y le dijeron que la golpearían; agregaron que dichos actos ocurrían con frecuencia, pues los policías acudían regularmente al lugar de los hechos, detenían a las personas que ahí se encontraban, las subían a sus patrullas y les pedían dinero para no remitirlas ante alguna autoridad, dejándolas en libertad posteriormente; a las personas menores de edad, por su parte, las amenazaban con llevarlas a una casa hogar. Durante las acciones de retiro se presentó personal de la Organización Civil Édnica I.A.P. y de esta Comisión. Expediente CDHDF/IV/121/VC/14/D6066 En fecha 23 de septiembre de 2014, se inició el expediente CDHDF/IV/121/VC/14/D6066, a partir de la queja formulada por la persona peticionaria, quien manifestó los siguientes hechos: El seĖor José Luis Jiménez Ruiz, esposo de la peticionaria, y ella son personas que viven en situación de calle. El 23 de septiembre de 2014, cuando la peticionaria y su esposo se encontraban tratando de conseguir alimento en una lechería Liconsa ubicada en las calles Avenida del Trabajo y Manuel Doblado de la colonia Morelos, se presentaron Daniel Bata Rivera y Juan Maya Valdez, policías preventivos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Los policías obligaron a su esposo a subir a la patrulla P2005 UPC Morelos, sin que le informaran los motivos de ello, por lo que su esposo les dijo que “no, ya que no estaba haciendo nada malo”. En ese momento, uno de los oficiales le insistió que se subiera, ya que de todos modos “se lo iba a chingar”. La patrulla comenzó a avanzar y momentos después se detiene y uno de los policías subió una bolsa de basura. Lo trasladaron al Juez Cívico de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-3, donde lo pusieron a disposición a las 9:10 horas, acusándolo de haber arrojado basura en la vía pública. Los servidores públicos Daniel Bata Rivera y Juan Maya Valdez, indicaron a la persona agraviada que para que saliera pronto debía hacerse pasar por menor de edad, ya que por tratarse de una bolsa de basura, eran como 38 horas en el Torito, según dichos policías. Hasta las 15:10 horas,  el Juez Cívico ordenó su libertad, debido a que no se presentó al juzgado ningún familiar que detentara su “custodia o tutela”. Además, una Coordinadora de Ednica informó a este Organismo que, el agraviado José Luis Jiménez Ruiz por ser una persona en situación de calle constantemente es acosado por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Expediente CDHDF/IV/121/CUAUH/14/D6115 El 24 de septiembre de 2014, se inició el expediente CDHDF/IV/121/CUAUH/14/D6115, a partir de la queja presentada por el peticionario Gabriel Isaac Rojas Arenaza. De la investigación se desprenden los siguientes hechos: El 24 de septiembre de 2014 a las 16:00 horas aproximadamente, la persona agraviada José Luis Jiménez Ruiz [persona agraviada 99] y la persona agraviada 113 se encontraban en la avenida del Trabajo esquina con la calle Caridad en la colonia Ampliación Morelos, Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal. La primera estaba durmiendo y la segunda aplicando aromatizante al interior de los vehículos que pasaban por ahí. En esos momentos fueron detenidas, sin explicación alguna, por los policías preventivos Eduardo Alan López Aguilar y Joel Bernardino Casique, adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana “Morelos” de la SSPDF. Las personas agraviadas fueron trasladadas en la patrulla P-20-08 a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la PGJDF, y puestas a disposición a las 17:47 horas, por depositar cascajo en la vía pública. Durante el trayecto los policías recogieron un costal de cascajo y amenazaron a las personas agraviadas para que dijeran que el cascajo era de ellas y que les habían dado una moneda. Los policías presentaron un costal de rafia con cascajo. Por lo anterior, se inició la averiguación previa FEDAPUR/DA-1/T1/00748/14-09. El personal ministerial ordenó una inspección ocular en el lugar de los hechos; sin embargo, no se apreciaron residuos sólidos de la industria de la construcción, por lo que se ordenó la libertad inmediata de las personas agraviadas. Expediente CDHDF/IV/121/VC/14/D7980. El 10 de diciembre de 2014, se abrió el expediente CDHDF/IV/121/VC/14/D7980, a partir de la queja formulada por la peticionaria Angélica Iniesta Hernández. De la investigación se desprenden los siguientes hechos: El 10 de diciembre de 2014, aproximadamente a las 13:40 horas, la persona agraviada 114, quien es una persona en situación de calle, al estar observando una obra de teatro relacionada con el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el parque ubicado en Eje 1 y Avenida Del Trabajo, colonia Morelos, Delegación Venustiano Carranza, fue detenida por los policías preventivos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Guadalupe Jocelyn Márquez Serrano y Francisco Leobardo González Martínez, con el argumento de que a través de las cámaras C-2; les reportaron que una persona del sexo masculino se encontraba obstruyendo el tránsito en las citadas calles. Debido a la intervención de un servidor público de este Organismo, quien también se encontraba como espectador de la citada obra de teatro, la persona agraviada fue puesta en libertad; sin embargo, los policías en ningún momento informaron a la persona agraviada el motivo de su detención. Al personal de este Organismo, policías únicamente le indicaron que la detenían por órdenes de su superior y porque en las cámaras de seguridad observaron que obstruía el tránsito y pedía dinero a la gente. Caso 5. Punto estación del STCM Pino Suárez. Expediente CDHDF/IV/122/CUAUH/14/D4548. En fecha 14 de julio de 2014, se inició el expediente CDHDF/IV/122/CUAUH/14/D4548, a partir de la queja presentada por el peticionario Gerardo Rodríguez Rivera, de la cual se desprenden los siguientes hechos: En fecha 13 de julio de 2014, siendo las 01:00 horas, la persona agraviada 115 y un acompaĖante, quienes son personas en situación de calle, pernoctaban en las inmediaciones de la estación Pino Suárez del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la esquina que forman las calles Pino Suárez e Izazaga, de la colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Al lugar llegó el policía segundo Aarón ZúĖiga García, adscrito a la Unidad de Protección Ciudadana ‘Corredor Centro’ de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, quien intentó quitarles sus cobijas, sin lograrlo, por lo que comenzaron a discutir para posteriormente detener a la persona agraviada 115, acusándolo de estar ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. En consecuencia, el policía referido trasladó a la persona agraviada 115 al Juzgado Cívico CUH-4, donde a las 02:00 horas se inició el expediente CUH-4/OSS/TNB/A-243559/13-07-2014. Se radicó el asunto y a las 02:42 horas, se elaboró el certificado de estado físico de la persona agraviada 115, firmado por las Médicas Legistas Rosa Elena Gómez Morales y Carmen Alejandra Guzmán Ruíz, en el cual se determinó que aquélla se presentó con aliento sin olor característico y clínicamente no ebrio. Posteriormente, se dio lectura a la boleta de remisión y se recabó la declaración de la persona agraviada 115, quien seĖaló que no eran ciertos los hechos que se le imputaban. Al respecto, el Juez Cívico correspondiente admitió y desahogó las pruebas respectivas, por lo que resolvió considerar a la persona agraviada 115 no responsable de la infracción cívica imputada, ordenando se permitiera su salida. Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Delegación Cuauhtémoc Derecho a la libertad personal.  
Delegación Venustiano Carranza    
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda    
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal    
Sistema de Transporte Colectivo Metro    
Consejería Jurídica y de Servicios Legales (colaboradora)    
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal (colaboradora)    
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (colaboradora)    
2015 Tercer Trimestre 2015 08/2015 CDHDF/IV/122/VC/10/D7907, CDHDF/IV/121/CUAUH/13/D5714 y CDHDF/IV/121/VC/14/D4026 Secretaría de Salud del Distrito Federal Deficiencia en la atención a la salud a personas en situación de calle. Derecho a la igualdad y la no discriminación en relación con el Derecho a la honra y a la dignidad. Caso 1 Expediente: CDHDF/IV/122/VC/10/D7907 Persona agraviada 1. En fecha 19 de noviembre del 2010 se inició la queja CDHDF/IV/122/VC/10/D7907, a partir de los hechos narrados por la peticionaria 1, quien laboraba en la organización EDNICA I.A.P. De la investigación realizada por este Organismo resultó que: El 10 de octubre de 2010, a las 10:30 aproximadamente, la persona agraviada 1, quien vivía en situación de calle, fue herida en el pecho con una arma punzocortante por otra persona en la colonia Morelos de la Ciudad de México; motivo por el cual una tercera persona que se percató de ello solicitó el apoyo de una ambulancia al 066. Al llegar al lugar de los hechos el personal médico del Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, realizó una valoración médica de la persona agraviada, indicando que se trataba de una herida superficial en el pecho, lo cual no ameritaba traslado al hospital, motivo por el cual se retiraron dejando en el lugar de la ocurrencia a la persona agraviada 1. Aproximadamente dos horas después de ello, viendo que la persona agraviada continuaba mal de salud, una cuarta persona solicitó nuevamente el apoyo de una ambulancia al 066 para que le brindara atención médica,  arribando una ambulancia privada al lugar de los hechos, en donde el personal médico determinó que la persona agraviada ya había fallecido. Derivado de la muerte de la persona agraviada, se inició una averiguación previa, a fin de investigar la causa de su muerte y al probable responsable. Caso 2 Expediente: CDHDF/IV/121/CUAUH/13/D5714. Persona Agraviada 2. El 22 de agosto de 2013 se inició la queja CDHDF/IV/121/CUAUH/13/D5714, a partir de los hechos narrados por el peticionario Luis Enrique Hernández Aguilar, Director de la Asociación Civil “El Caracol”. De la investigación realizada por esta Comisión, se desprende lo siguiente: El 19 de agosto de 2013 a las 17:43 horas, el policía preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Juan Ángel Morales Hernández, tripulante de la patrulla P22-15, realizó una llamada de auxilio al Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México y solicitó atención médica para la persona agraviada 2, quien vivía en situación de calle y pernoctaba en las calles Humboldt esquina con calle Artículo 123, en la colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. A las 18:23 horas, se presentó la motocicleta A8-016 del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), con el paramédico Francisco Coria Sandoval, quien diagnosticó que la persona agraviada presentaba faringo amigdalitis, refirió que no ameritaba traslado, y recomendó que tomara antihistamínicos, abundantes líquidos, comiera y dejara de intoxicarse al menos por ese día; sin embargo, no realizó la exploración como lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Atención médica prehospitalaria. A las 18:40 horas concluyó la atención. Minutos después, personal de “El Caracol” solicitó nuevamente al 066 una ambulancia para que le brindara atención a la persona agraviada 2 dado que continuaba mal de salud, pero el operador de la línea le informó que esa emergencia ya había sido atendida y que no era un caso grave; por ello, el mismo personal de la organización civil solicitó el apoyo del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) para trasladar a la persona agraviada 2 a la Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas Venustiano Carranza, de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, donde ingresó con un cuadro compatible con hipokalemia severa, deterioro neurológico súbito y dificultad respiratoria. El 21 de agosto de 2013, la persona agraviada fue referida al Hospital General Balbuena, donde falleció el 24 de agosto de 2013, al presentar una encefalopatía de etiología a determinar, intoxicación por solventes, sepsis vaginal, insuficiencia renal aguda, intoxicación por solventes, acidosis metabólica descompensada y choque séptico. Caso 3. Expediente CDHDF/IV/121/VC/14/D4026. El 19 de junio de 2014 se inició la queja CDHDF/IV/121/VC/14/D4026 a partir de los hechos narrados por la peticionaria Angélica Yniesta Hernández. De la investigación realizada por esta Comisión, se desprende lo siguiente: El 30 de mayo de 2014, el joven persona agraviada 3, quien vive en situación de calle, fue atropellado por un automóvil, por lo que tuvo que ser trasladado e ingresado al Hospital General Balbuena de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (SEDESA), en donde se le proporcionó la atención médica de urgencia que ameritaba el caso. El joven agraviado ingresó al citado nosocomio con un diagnóstico de fractura de clavícula, tibia derecha y húmero derecho, lesiones que requerían para su adecuada atención y recuperación, una cirugía para colocar material médico de osteosíntesis, con el cual no contaba el hospital en comento, por lo que se le requirió al joven agraviado y a su madre, que compraran dicho material. En caso de que no se le colocara el mismo, se le daría un tratamiento conservador (colocación de aparato de yeso) con el cual si bien consolidarían o soldarían los huesos, no se garantizaba su debida funcionalidad. Ante la carencia de los recursos económicos para realizar la compra del material requerido, la persona agraviada  intentó registrarse para ingresar al Programa de Apoyo para Personas de Escasos Recursos que Requieren de Material de Osteosíntesis, entre otros, fuera del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de la SEDESA. Con intervención de este Organismo, el 24 de junio de 2014 se logró que se solicitara el material seĖalado a través del programa mencionado; sin embargo, para esa fecha las diversas fracturas del joven agraviado ya habían consolidado, por lo que médicamente ya no era idóneo que se le sometiera a una cirugía para colocar el material de osteosíntesis, toda vez que el riesgo al que se sometería al joven agraviado, sería mayor que el beneficio que podría obtener. Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Derecho a la salud.  
  Derecho a la vida.  
2015 Tercer Trimestre 2015 09/2015 CDHDF/I/122/CUAUH/13/D3857, CDHDF/I/122/CUAUH/13/D3858, CDHDF/I/122/CUAUH/13/D3863, CDHDF/I/122/CUAUH/13/D3864, CDHDF/I/122/CUAUH/13/D3885, CDHDF/I/122/CUAUH/13/D3907, CDHDF/I/122/CUAUH/13/D3908, CDHDF/I/122/CUAUH/13/D3910 y CDHDF/I/122/CUAUH/13/D3963 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Detención arbitraria; uso indebido de la fuerza, tratos crueles inhumanos o degradantes; uso selectivo del derecho penal, obstaculización o injerencias arbitrarias en el contexto de manifestaciones públicas y protesta social, en la marcha que se llevó a cabo el 10 de junio de 2013, en conmemoración con los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, denominados El Halconazo. Derecho a la manifestación: ejercicio del derecho a la libertad de expresión y derecho de reunión. De la investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal –en adelante Comisión o CDHDF-, se desprende que en la marcha que se llevó a cabo el 10 de junio de 2013, para conmemorar un aniversario más de El Halconazo, que tuvo lugar el 10 de junio de 1971, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal realizaron detenciones ilegales y arbitrarias, hicieron uso indebido de la fuerza, además de actos de abuso de autoridad y prácticas contrarias al ordenamiento jurídico que los mandata y faculta, contra las personas que participaban en la manifestación, según se evidencia en los siguientes hechos: El 10 de junio de 2013, en esta Comisión se recibió la queja de la persona peticionaria 1, a la que se asignó el expediente de queja CDHDF/I/122/CUAUH/13/D3857. En ella, refirió lo siguiente: Tiene conocimiento de que en la Marcha en Conmemoración por el 42 Aniversario de la Matanza del 10 de junio de 1971, que partió del Casco de Santo Tomás y llegó a la Plaza de la Constitución, dos integrantes de la ‘Organización Frente Oriente’… fueron detenidos y golpeados por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, quienes tripulaban la patrulla con número de placas T89-25, desconoce mayores datos. Hechos que considera irregulares y violatorios de derechos humanos. Ese mismo día —10 de junio de 2013—, y los días 11, 12 y 13 de junio de 2013, las demás personas peticionarias, presentaron quejas contra autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal —en adelante SSPDF—, por hechos cometidos durante y posteriores a la detención de las personas que participaron en la marcha seĖalada, las cuales se registraron con los expedientes que al rubro se citan. Por acuerdos de 14 y 17 de junio de 2013, se determinó la acumulación de los expedientes de queja, en términos de lo establecido en el artículo 111 bis, del Reglamento Interno de la CDHDF, en virtud de que se refieren a hechos conexos, atribuidos a la SSPDF. En relación con lo antes expuesto, la presente Recomendación se refiere a un total de 9 expedientes de queja, que implican a 25 personas agraviadas, quienes fueron víctimas de actos de autoridad que vulneraron sus derechos humanos, 22 de las cuales fueron detenidas y agredidas físicamente, además de haber sido presentados ante la autoridad ministerial, donde se les atribuyeron conductas delictivas, como resultado de participar en la marcha conmemorativa de El Halconazo, vulnerando, también, su derecho a manifestarse de manera pacífica. Cabe destacar que semanas antes del evento, el 10 de abril de 2013, la CDHDF emitió la Recomendación 7/2013, por violaciones a derechos humanos en el contexto del operativo policial de 1 de diciembre de 2012 denominado por las autoridades del Distrito Federal Transición del Poder Ejecutivo Federal y Palacio Nacional. Dicho pronunciamiento fue dirigido a diversas autoridades, entre ellas, la SSPDF, por los abusos de autoridad que se cometieron en agravio de personas que se manifestaban por el cambio del titular del Poder Ejecutivo Federal. No obstante, las autoridades de la SSPDF nuevamente recurrieron a conductas similares a las documentadas en los casos que sustentaron la Recomendación aludida. Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (colaboradora) Derecho a la libertad personal en conexidad con el derecho al debido proceso y a las garantías judiciales.  
  Derecho a la integridad personal.  
2015 Tercer Trimestre 2015 10/2015 CDHDF/I/122/CUAUH/13/D6667 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Detención arbitraria; uso indebido de la fuerza, tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes; uso selectivo del derecho penal, obstaculización o injerencias arbitrarias en el contexto de manifestaciones públicas y protesta social, en la marcha que se llevó a cabo en conmemoración del 45° Aniversario de los sucesos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. Derecho a la manifestación: ejercicio del derecho a la libertad de expresión y derecho de reunión. El 2 de octubre de 2013, este Organismo inició una investigación de oficio con número de registro CDHDF/I/122/CUAUH/13/D6667, relacionada con los actos de manifestación y protesta en diversas zonas de la Ciudad de México, que se realizaron en conmemoración del 45° Aniversario de los sucesos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal realizaron detenciones ilegales y arbitrarias, hicieron uso indebido de la fuerza, además de actos de abuso de autoridad y prácticas contrarias al ordenamiento jurídico que los mandata y faculta. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron detenciones ilegales y/o arbitrarias en diversos puntos de la Ciudad de México, lesionando a diversos manifestantes. Del análisis de los expedientes proporcionados por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, resaltan los de 20 personas, por presuntamente haber infringido el artículo 25, fracción X, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal —arrojar objetos como líquidos y botellas en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y en contra de ciudadanos que se encontraban en el evento de la conmemoración denominada 2 de octubre de 1968—, mismas que remitieron a diversos Juzgados Cívicos. Asimismo, se encontró que 5 de esas personas fueron lesionadas. Resulta necesario precisar que de las personas detenidas, 9 eran mujeres, quienes aunque los hechos y las detenciones ocurrieron en el Centro de la Ciudad de México, fueron trasladadas por los policías al Juzgado Cívico TLP-3, lugar en el que el Juzgador determinó otorgarles la libertad al no encontrarlas responsables de la infracción que se les atribuía. Las otras 11 personas detenidas y trasladadas a Juzgados Cívicos fueron presentadas ante el de GAM-2, lugar en el que, a pesar de que en su declaración como probables infractores negaron expresamente el seĖalamiento realizado en su contra, en los considerandos de la resolución emitida, el Juez impuso una sanción administrativa seĖalando que ello se debía a que existía “declaración expresa y tácita, formulada de manera libre y espontánea de la que se desprende que acepta la comisión de la falta imputada, toda vez que reconoce haber cometido la falta seĖalada...”. Por otra parte, durante la realización de la manifestación antes seĖalada, esta Comisión acreditó que 18 personas fueron detenidas y golpeadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, las cuales posteriormente fueron trasladadas ante el agente del Ministerio Público de las Coordinaciones Territoriales IZC-2, IZP-6 y GAM-2, formulándoles diversas imputaciones contrarias a su declaración que, en los casos en que se detalla más adelante, al final de la investigación y procedimientos judiciales instaurados en su contra, resultaron carecer de sustento y motivación. Del mismo modo, en el desarrollo de la multicitada manifestación, este Organismo también documentó que otras 14 personas fueron agredidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina vulnerando su derecho a la integridad psicofísica. Finalmente, esta Comisión evidenció que el encapsulamiento de personas, la forma de las detenciones, las violaciones a la integridad personal y las imputaciones de infracciones administrativas y de delitos que no soportaron el análisis jurídico de las instancias competentes, implicaron la afectación del derecho a la manifestación. Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Derecho a la libertad personal en conexidad con el derecho al debido proceso y a las garantías judiciales.  
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Derecho a la integridad personal.  
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal    
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (colaboradora)    
2015 Tercer Trimestre 2015 11/2015 CDHDF/I/122/CUAUH/14/D2649 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Detención ilegal y arbitraria; uso indebido de la fuerza, tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes; obstaculización o injerencias arbitrarias en el contexto de manifestaciones públicas y protesta social; y obstaculización al derecho a defender derechos humanos, en la manifestación realizada el 22 de abril de 2014 denominada “El silencio contra la Ley TELECOMM”. Derecho a la manifestación: ejercicio del derecho a la libertad de expresión y derecho de reunión. De la investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal –en adelante Comisión o CDHDF-, se desprende que el 22 de abril de 2014, se realizó una manifestación en el Centro de la Ciudad de México, denominada “El silencio contra la Ley TELECOMM”, la cual fue convocada del Ángel de la Independencia al Senado de la República. Durante el desarrollo de la marcha, los organizadores de ésta decidieron manifestarse también a las afueras de las instalaciones de Televisa “Chapultepec”, por lo que el contingente comenzó a movilizarse por las avenidas Reforma, Juárez y Balderas hasta avenida Chapultepec. Al llegar al lugar, ya se encontraba una barrera de elementos del cuerpo de granaderos y un camión de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal –en adelante SSPDF-. Esos servidores públicos realizaron un movimiento en “escuadra” para cerrar el paso sobre avenida Chapultepec, impidiendo a los manifestantes continuar avanzando. En la manifestación realizada frente a las instalaciones de Televisa, estuvieron presentes Visitadores adjuntos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con la finalidad de documentar posibles violaciones a derechos humanos. Dicha labor fue obstaculizada por policías de la SSPDF, quienes intimidaron y encapsularon al personal de este Organismo autónomo. En tal virtud, el mismo día, esta Comisión inició una investigación de oficio con número de registro CDHDF/I/122/CUAUH/14/D2649, de la que se advierte que elementos del cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, agredieron físicamente a 8 personas, -entre ellas a una mujer y un adolescente-, que participaban en dicha manifestación, y detuvieron de manera ilegal y arbitraria a varias personas que se manifestaban en contra de la Ley secundaria en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, entre estas personas se encontraban Jorge Enrique Palomec Reyes y Jessie Alejandro MontaĖo Sánchez, quienes no fueron puestas a disposición de la autoridad competente y, aunque les ocasionaron lesiones y requerían de atención médica y medicamentosa, fueron liberados y “abandonados” uno de ellos en la esquina de las calles de Doctor Navarro y Carmona y Valle, en la Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal y el otro no recuerda el lugar. Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (colaboradora) Derecho a defender los derechos humanos.  
  Derecho a la libertad personal.  
  Derecho a la integridad personal.  
2015 Cuarto Trimestre 2015 12/2015 CDHDF/IV/122/AO/12/D5499, CDHDF/III/122/CUAUH/13/D0590 y CDHDF/III/122/IZTP/13/D0480 Secretaría de Educación del Distrito Federal Afectación al derecho a la educación por la inconclusa construcción de los planteles Álvaro Obregón 2, Iztapalapa 3, Iztapalapa 4 y Venustiano Carranza del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, lo cual impide su adecuado funcionamiento conforme a su proyecto educativo. Derecho a la educación en relación con los principios de progresividad, no discriminación e interés superior de la infancia. El 31 de agosto de 2012, se recibió en esta Comisión una queja de una persona peticionaria, quien refirió cursar sus estudios de nivel medio superior en el plantel “Vasco de Quiroga” del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (en adelante, el IEMS), donde acudía un compaĖero que vive con una discapacidad motriz, quien utiliza una silla de ruedas para trasladarse en las instalaciones, lo cual se le dificultaba ya que éstas eran inaccesibles: no se tenían rampas o accesos destinados a las personas con discapacidad; por ello se determinó que sus clases las tomara en uno de los salones que se encontraban ubicados en el primer piso del plantel lo cual no solucionaba la problemática, ya que algunas actividades como cómputo las tenía que desarrollar en el segundo piso y lo ayudaban (cargándolo) a acceder a ese salón. Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal    
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (colaboradora)    
2015 Cuarto Trimestre 2015 13/2015 CDHDF/II/121/GAM/14/P0901, CDHDF/II/122/GAM/14/P3062 y CDHDF/II/121/GAM/14/P3095 Secretaría de Gobierno del Distrito Federal Uso indebido de la fuerza, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violación al derecho a la igualdad y no discriminación en agravio de personas de la comunidad LGBTTTI privadas de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Derecho a la integridad personal. Este Organismo dio inició el expediente CDHDF/II/121/GAM/14/P0901, con motivo de la queja presentada por familiares de una de las personas agraviadas. A la referida investigación se acumularon los expedientes de queja CDHDF/II/122/GAM/14/P3062 y CDHDF/II/121/GAM/14/P3095, por tratarse de hechos conexos. De la investigación realizada se desprende lo siguiente. Durante la madrugada del 12 de mayo de 2014, ocurrió un incendio en la Zona 1 del Anexo 8, al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, área donde se ubica a personas de la comunidad LGBTTTI. Ante una posible intoxicación por el humo generado era necesario desalojar a la población. El personal de seguridad y custodia del Reclusorio que intervino para desalojar a las personas que se encontraban en el área donde ocurrieron los hechos, se dirigió a éstas como “putos” y “cabrones”. Esto ocasionó el reclamo de la persona agraviada B, y que elementos de seguridad respondieran con mayores insultos y agresiones en su contra, pateándola entre 5 custodios hasta dejarla inconsistente, lo que derivó en el reclamo e intervención para repeler la agresión por parte de las personas agraviadas A, C, D, E, F, G y H. Ante dicha situación el personal de seguridad y custodia de manera conjunta derribó, lesionó, sometió, y arrastró de los cabellos a las personas agraviadas A, B, C, D, E y G. Asimismo, agredieron con patadas, bastonazos y puĖetazos en diversas partes del cuerpo a la mayoría de personas agraviadas, y en el caso de las personas agraviadas C y E, esto ocurrió pese a que ya se encontraban derribadas en el piso y esposadas. El 14 de mayo del 2014, el asunto fue valorado por el Consejo Técnico Interdisciplinario de la institución, en una sesión en la que las personas agraviadas expusieron los hechos que originaron el conflicto, el uso indebido de la fuerza que emplearon los elementos de seguridad y custodia que intervinieron, y se dio lectura a los reportes elaborados por los servidores públicos involucrados en los mismos; sin embargo, prevaleció en dicho Consejo el criterio de afectación al orden y seguridad de la institución por parte de las personas privadas de libertad, así como el otorgar un mayor valor probatorio al testimonio de los servidores públicos involucrados, por lo que únicamente se determinó la sanción de las personas agraviadas. A pesar de las lesiones que presentaban, las personas agraviadas fueron ubicadas en áreas de aislamiento, y en el caso de la persona agraviada G, fue ubicada en una estancia donde tuvo contacto con personas privadas de libertad que se encuentran en áreas de población general, exponiéndola a situaciones de riesgo. El 6 de agosto del 2014, el Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte obstaculizó el acceso al centro de reclusión de un defensor de oficio que asistiría a la persona agraviada A, en una comparecencia ante el Consejo Técnico Interdisciplinario de dicha institución, transgrediendo su derecho a las garantías judiciales por no tener una defensa efectiva. El 6 de junio del 2014, personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, inició la averiguación previa FGAM/GAM-1/T2/01070/14-06, en la que se investigan las agresiones físicas de las que fueron víctimas las personas agraviadas A, C, D, E y G, misma que continúa en trámite. Derivado del análisis del Programa de Orientación Sexual e Identidad de Género destinado a la atención de las personas de la comunidad LGBTTTI en centros de reclusión del Distrito Federal, se realizaron entrevistas en los Reclusorios Preventivos Varoniles Norte, Sur y Oriente a personas que forman parte de este grupo de población, así como una valoración de impacto psicosocial realizada a las personas agraviadas, en las que se identificó ausencia de medidas para brindarles atención con perspectiva de género, así como protegerlas de toda forma de violencia y actos discriminatorios. Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (colaboradora) Derecho a las garantías judiciales y seguridad jurídica.  
  Derecho a la protección judicial.  
  Derecho a la igualdad y no discriminación.  
2015 Cuarto Trimestre 2015 14/2015 CDHDF/I/121/GAM/11/D0635 y CDHDF/I/121/CUAUH/12/D6416 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Retiro de la vía pública, traslado a depósito vehicular y compactación (chatarrización) de un automóvil, sin haber agotado el procedimiento aplicable e incumplimiento de sentencia relacionada con automóviles en depósito vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. El derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en conexidad con el derecho a la garantía de audiencia. La presente Recomendación se refiere a dos expedientes de queja, que implican a igual número de personas agraviadas, quienes fueron víctimas de actos de autoridad que vulneraron sus derechos humanos a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en conexidad con el derecho a la garantía de audiencia, a una adecuada protección judicial y a la propiedad privada. Pues, en un caso, sin apegarse a los procedimientos establecidos, a petición de la Delegación Gustavo A. Madero, un automóvil fue retirado de la vía pública y remitido al depósito vehicular “Fuerte Loreto”, en el cual, estando bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal –en adelante SSPDF-, fue compactado. En tanto que, en el otro, la misma dependencia se ha abstenido de dar cumplimiento a una sentencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal –en adelante TCADF-, relacionada con dos automóviles que se encuentran en el depósito vehicular “Zarco”. A continuación, se seĖalan los datos que se consideran pertinentes sobre los dos casos objeto de este instrumento recomendatorio: 1. El 27 de enero de 2011, se recibió en esta Comisión, la queja del peticionario Jesús Barrios Romano, a la que se asignó el número de expediente CDHDF/I/121/GAM/11/D0635, en la que refirió que el 24 de mayo de 2010, su automóvil marca Dodge Dart, modelo 1975, color gris, con placas de circulación 795-SAD, que se encontraba estacionado afuera de su domicilio, fue remolcado durante un operativo, donde intervinieron grúas de la SSPDF. Agregó que los servidores públicos de la dependencia que operaban las grúas, realizaron el enganche y remolque de su vehículo al depósito vehicular “Fuerte Loreto”, de dicha Secretaría, sin notificarle ni presentarle orden alguna que haya motivado la causa legal de su proceder. Por estos hechos, el peticionario presentó denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la cual quedó radicada con el número de averiguación previa FGAM/GAM-6/T1/01180/10-05. La propuesta de reserva de esta indagatoria fue confirmada por dictamen de fecha 4 de mayo de 2011, suscrito por el Fiscal adscrito a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Gustavo A. Madero. De la investigación, se desprende que la Delegación Gustavo A. Madero no agotó el procedimiento establecido en el programa “Calidad de Vida”, para sustentar la solicitud de colaboración que giró a la SSPDF. Cabe seĖalar que el automóvil del peticionario fue compactado en el depósito vehicular referido, el 2 de septiembre de 2011, en la Fase XI del proceso de Chatarrización, a pesar que la SSPDF tenía conocimiento de la queja formulada en este Organismo, en la cual expresó su inconformidad con la actuación de personal de esa dependencia. 2. El 10 de octubre de 2012, este Organismo Autónomo inició un expediente de queja con motivo de la información proporcionada por el Agraviado 2, a la que se asignó el número de expediente CDHDF/I/121/CUAUH/12/D6416, quien refirió que, en el mes de diciembre de 2010, llamó a la Dirección de Depósitos de la SSPDF para que le informaran la cantidad que adeudaba, toda vez que su vehículo tipo Pointer, placas de circulación 418-SXC se encontraba en el Depósito de Vehículos “Zarco” desde el aĖo 2004, donde le indicaron que su vehículo había sido compactado, sin que se hiciera de su conocimiento la resolución por la que se tomó tal decisión. Por lo anterior, el 19 de enero de 2011, demandó a la SSPDF ante el TCADF, correspondiéndole a su escrito inicial el número de expediente V-3813/2011. El 28 de octubre de ese mismo aĖo, se dictó sentencia condenatoria a dicha dependencia, la cual apeló la resolución, pero la Sala Superior del multicitado Tribunal, en el recurso de apelación 1812/2012, confirmó la resolución inicial. A pesar de lo cual, hasta la fecha, la SSPDF se ha abstenido de cumplir el fallo. Además de presentar demanda de nulidad, el Agraviado 2, inició la averiguación previa FSP/B/T2/00165/12-01, en la cual se investigan los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y prevaricación. Misma que, en fecha 30 de noviembre del 2012, se determinó con propuesta de no ejercicio de la acción penal. De los hechos seĖalados en la queja, se advierte que su vehículo fue ingresado al depósito vehicular “Zarco” con motivo de un operativo a vehículos de transporte público con itinerario fijo, en la modalidad de taxi, realizado por personal de la entonces Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, en el que se levantó el acta de visita de verificación número 4262. En las actuaciones que se han llevado a cabo para lograr el cumplimiento de la sentencia referida, se observa que la SSPDF informó al TCADF que el vehículo con placas de circulación 431 SXC no fue compactado y que el mismo fue localizado en el depósito vehicular “Zarco”, por lo que se ordenó su liberación, previo pago de derechos y sanciones correspondientes. Pero, mediante oficio de fecha 13 de noviembre de 2014, se precisó que tal vehículo está en malas condiciones. En consecuencia, el TCADF seĖaló que, al no ser esto imputable al Agraviado 2, la restitución de los derechos indebidamente afectados debe consistir en la indemnización correspondiente por los daĖos causados al vehículo mencionado. En tanto que, por lo que hace al vehículo con placas de circulación 418 SXC, la autoridad deberá seĖalar su ubicación y estado en el que se encuentra, además de proceder a su liberación sin pago de derechos alguno, al haber sido omisa, durante el juicio, en pronunciarse sobre el destino del mismo. En este punto, es conveniente seĖalar que la SSPDF informó que “[a]mbos vehículos se encuentran bajo resguardo en el Depósito vehicular “Zarco”, lugar donde fueron ingresados para su custodia […], en consecuencia del tiempo que permanecieron en Depósito y que de los mismos fueron apilados (sic); estos no se encuentran en condiciones de circular y presentan un deterioro general…” Parcialmente Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Delegación Gustavo A. Madero Derecho a una adecuada protección judicial.  
  Derecho a la propiedad privada.  
2015 Cuarto Trimestre 2015 15/2015 CDHDF/II/121/GAM/09/P3817, CDHUS/II/121/CUAUH/09/P7577, CDHDF/II/122/GAM/09/P7930, CDHDF/II/122/XOCH/10/P0205, CDHDF/II/121/GAM/10/P1640, CDHUN/II/121/GAM/10/P2126, CDHUS/II/121/GAM/10/P3062, CDHDF/II/121/GAM/10/P3247, CDHDF/II/121/GAM/10/P3331, CDHDF/II/121/GAM/10/P3538, CDHDF/II/121/GAM/10/P3770, CDHDF/II/121/GAM/10/P3837, CDHDF/II/121/GAM/10/P4752, CDHDF/II/121/GAM/10/P4890, CDHDF/II/11/GAM/10/P5609, CDHDF/II/121/GAM/10/P5710,  CDHUP/II/121/GAM/10/P6336, CDHDF/II/121/GAM/10/P6981, CDHDF/II/121/GAM/11/P1125, CDHDF/II/121/IZTP/11/P2631, CDHDF/II/121/IZTP/11/P4241, CDHDF/II/121/GAM/11/P5653, CDHDF/II/121/IZTP/12/P5230; CDHUO/II/121/GAM/10/P6600; CDHDF/II/121/GAM/11/P3347; CDHDF/II/121/IZTP/11/P4579; CDHDF/II/121/IZTP/11/P5277; CDHDF/II/121/IZTP/11/P6707; CDHDF/II/121/IZTP/11/P7241; CDHDF/II/121/IZTP/11/P7463; CDHDF/II/121/IZTP/12/P1516; CDHDF/II/121/IZTP/12/P1895; CDHDF/II/122/GAM/12/P4355; CDHDF/II/121/IZTP/12/P5171; CDHDF/II/121/IZTP/12/P5425; CDHDF/II/121/IZTP/12/P7125; CDHDF/II/121/XOCH/13/P0951; CDHDF/II/121/XOCH/13/P1757; CDHDF/II/121/IZTP/13/P2584; CDHUN/II/121/IZTP/13/P5432; CDHDF/II/121/IZTP/13/P7386; CDHDF/II/121/XOCH/14/P4316; CDHDF/II/121/XOCH/14/P5126; CDHDF/II/121/GAM/14/P5721; CDHDF/II/121/XOCH/14/P5921; CDHDF/II/121/XOCH/14/P7382; CDHDF/II/121/IZTP/15/P0136; CDHDF/II/121/XOCH/15/P0211; CDHDF/II/121/XOCH/15/P0242; CDHDF/II/121/IZTP/15/P0430; CDHDF/II/121/GAM/15/P0474; CDHDF/II/121/IZTP/15/P1042; CDHDF/II/121/XOCH/15/P1228; CDHDF/II/121/XOCH/15/P2605; CDHDF/II/121/CUAUH/15/P4083 y CDHDF/II/121/XOCH/15/P4445 Secretaría de Gobierno del Distrito Federal Violación al derecho a la libertad personal por detención ilegal y arbitraria de personas privadas de libertad en centros de reclusión del Distrito Federal. Derecho a la libertad personal. En la presente Recomendación se exponen 56 casos en los que las personas agraviadas fueron víctimas de actos y omisiones de autoridades penitenciarias, los cuales afectaron su derecho a la libertad personal, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, al omitir diversos deberes como integrar el expediente individual en su apartado jurídico y mantenerlo actualizado; revisar de manera periódica los expedientes, solicitar la información necesaria a las autoridades judiciales y proporcionar información jurídica a las personas privadas de la libertad. Lo anterior tuvo como resultado que en los casos que se exponen las personas agraviadas fueran liberadas en fecha posterior a la que dieron cumplimiento a la sentencia. Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (colaboradora) Derecho a la seguridad jurídica y principio de legalidad.  
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (colaboradora)    
2015 Cuarto Trimestre 2015 16/2015 CDHDF/I/122/CUAUH/14/D7492 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Violaciones a derechos humanos cometidas durante la protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se realizó el 20 de noviembre de 2014. Derecho a la manifestación: ejercicio del derecho a la libertad de expresión y derecho de reunión en relación con el principio de legalidad. A partir  de los eventos que dieron origen a la Recomendación 7/2013 —ocurridos el 1 de diciembre de 2012, en el operativo policiaco denominado por autoridades del Distrito Federal “Transmisión del Poder Ejecutivo Federal” y “Palacio Nacional”—, en aras de proteger, defender, vigilar y respetar los derechos humanos de las personas que participan en cualquier movilización social, cuando esta Comisión tiene conocimiento de que se llevará a cabo algún movimiento social considerable, o cuando se acerca alguna fecha cuya trascendencia ya ha hecho costumbre que se recuerde con una movilización o manifestación, para evitar la repetición de conductas que vulneren los derechos humanos de las personas que participan en las movilizaciones, o de quienes sin participar en ellas, pueden verse afectados en su persona o propiedades, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal —en adelante Comisión o CDHDF—, de manera oficial, requiere a diversas autoridades del Distrito Federal, en especial a aquéllas que por ley tienen cierta intervención en los eventos seĖalados, la implementación de medidas preventivas y precautorias tendientes, principalmente, a que los servidores públicos adscritos a esas dependencias, durante las movilizaciones que se realizaran, se respete el derecho de las y los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores de derechos humanos a promover, proteger y defender los derechos humanos; en términos de lo establecido por la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998. En el caso que motiva la emisión de esta Recomendación, el 18, 19 y durante las primeras horas del 20 de noviembre de 2014, de manera oficial, la CDHDF solicitó a la Subsecretaría de Gobierno —en adelante, Subsecretaría—, a través de su Director General de Concertación Política y Ciudadana; a la Secretaría de Seguridad Pública —en adelante SSPDF—, por medio de su Director General de Derechos Humanos; a la Procuraduría General de Justicia —en adelante PGJDF—, mediante su Director General de Derechos Humanos; y, al Sistema de Transporte Colectivo, mediante su Gerente Jurídica, todos ellos del Distrito Federal, la implementación de medidas preventivas y precautorias, tendientes a respetar los derechos humanos de las personas, durante la movilización que se llevaría a cabo el 20 de noviembre de 2014. Pese a las peticiones previas seĖaladas, durante el seguimiento de la marcha, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, se tuvo conocimiento de que en el marco de los actos de manifestación y protesta que se efectuaban ese día, elementos de la SSPDF y policías de investigación de la PGJDF, mantenían “encapsulados” a un grupo de manifestantes, en las inmediaciones de la colonia Federal, en la Delegación Venustiano Carranza; y que dichos elementos ya habían detenido a dos personas, pero no las habían puesto a disposición de ninguna autoridad; por ello, nuevamente se requirió la intervención de las autoridades seĖaladas en el párrafo que antecede, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se tomaran las medidas preventivas y precautorias necesarias para que se respetaran los derechos de las personas relacionadas con los hechos expuestos por las redes sociales. A pesar de los requerimientos que se mencionan, en la manifestación que se realizó el 20 de noviembre de 2014, policías de la SSPDF que resguardaban algunas calles cercanas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sostuvieron un enfrentamiento con un grupo de personas que participaban en la marcha seĖalada; encapsularon a varias personas que corrieron para no resultar lesionadas con los objetos que se lanzaban; detuvieron de manera ilegal y arbitraria, a personas que participaban en la marcha, y a algunas de ellas las golpearon. Por lo anterior, esta Comisión inició de oficio, una investigación a la que se asignó el número de expediente CDHDF/I/122/CUAUH/14/D7492. Es importante aclarar que el destino de la marcha era la Residencia Oficial de los Pinos; sin embargo, la misma arribó al Zócalo capitalino, donde se presentaron enfrentamientos entre las personas e integrantes de agrupaciones sociales que participaban en la marcha, con los policías federales que resguardaban el Palacio Nacional. Por ello, tomando en consideración que en esos hechos estaban involucradas autoridades de carácter Federal, y acorde con lo establecido en los artículos 3, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 13, del Reglamento Interno de la CDHDF, se remitió un desglose del expediente de queja que motiva esta Recomendación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para los efectos de su competencia. Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (colaboradora) Derecho a la integridad personal.  
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (colaboradora) Derecho a la libertad, en relación con el debido proceso y garantías judiciales.  
2015 Cuarto Trimestre 2015 17/2015 CDHDF/I/122/CUAUH/14/D7715 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Violaciones a derechos humanos cometidas al término de la manifestación denominada “Ayotzinapa+11”, que se realizó el 1ľ de diciembre de 2014. Derecho a la manifestación: ejercicio del derecho a la libertad de expresión y derecho de reunión. A partir de los graves eventos suscitados el 1ľ de diciembre de 2012, en el operativo policiaco denominado por autoridades del Distrito Federal “Transmisión del Poder Ejecutivo Federal” y “Palacio Nacional”, y que motivó la emisión de la Recomendación 7/2013, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal —en adelante Comisión o CDHDF-, requiere de manera oficial a las autoridades que tienen intervención o participación con motivo de manifestaciones, la implementación de medidas precautorias tendientes a prevenir, respetar, proteger y vigilar el respeto de los derechos humanos de las personas que participan en los eventos seĖalados, o de quienes, sin participar en ellos, pueden verse afectados en su persona o propiedades; lo anterior, con la finalidad de evitar la repetición de conductas que vulneren los derechos humanos. El caso que motiva la emisión de esta Recomendación, no fue la excepción, ya que el 30 de noviembre de 2014, la CDHDF, por oficio, solicitó al Subsecretario de Gobierno, al Secretario de Protección Civil, al Secretario de Obras y Servicios, al Director General de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia, al Director General de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, y a la Gerente Jurídica del Sistema de Transporte Colectivo, todos ellos del Distrito Federal, la implementación de medidas preventivas y precautorias, tendientes a respetar los derechos humanos de las personas, durante la movilización que se llevaría a cabo el 1ľ de diciembre de 2014. Pese a dicha petición, de la investigación realizada por esta Comisión, se desprende que, en la manifestación “Ayotzinapa + 11”, que se llevó a cabo el 1ľ de diciembre de 2014, en protesta por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” y las 11 personas detenidas durante la noche del 20 de noviembre de 2014, en una diversa manifestación; las autoridades del Distrito Federal cometieron violaciones al derecho a la manifestación, al principio de legalidad y seguridad jurídica, al derecho a la libertad, en relación con el debido proceso y las garantías judiciales, al derecho a la integridad personal y al derecho a defender los derechos humanos, según se evidencia en los siguientes hechos: Por la tarde del 1ľ de diciembre de 2014, la manifestación partió de la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, Zócalo capitalino, al monumento del Ángel de la Independencia, donde varias personas hicieron uso de la palabra. Después de lo cual, el evento concluyó con la entonación del himno nacional. De manera simultánea a la conclusión de la manifestación, varios establecimientos mercantiles fueron daĖados por los integrantes de un contingente que se desplazaba por Florencia y luego por la lateral de Avenida Paseo de la Reforma. Cuando los manifestantes se retiraban por Avenida Paseo de la Reforma con dirección a la estación Hidalgo del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal —en adelante SSPDF-, cerraron el paso a la altura de calle París a todas las personas que transitaban en ese momento, gran parte de ellos manifestantes, pero también personas que habían ido en busca de trabajo y visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –en adelante CNDH-; quienes quedaron en los carriles centrales de Avenida Paseo de la Reforma, rodeados por una formación de policías capitalinos. Asimismo, un pequeĖo grupo de personas, en su mayoría estudiantes e integrantes de la manifestación, fue “encapsulado” junto al edificio del Senado de la República. Durante dicho encapsulamiento, los policías las agredieron físicamente, incluyendo a una mujer que había ido en busca de trabajo; “sometieron” a una persona contra el suelo, a quien después la dejaron retirarse y realizaron detenciones arbitrarias. Las personas detenidas fueron remitidas a la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia GAM-4 y puestas a disposición por los delitos de ataques a la paz pública; portación, fabricación e importación de objetos aptos para agredir; y, ultrajes a la autoridad. A otras de las personas detenidas las llevaron a calle Milán, luego las subieron a una patrulla y las pasearon por unos minutos, para finalmente dejarlas en libertad. Cuando visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitaron información respecto la actuación de los servidores públicos, ésta les fue negada y sufrieron agresiones. Una periodista de una radio comunitaria, al tratar de documentar lo sucedido en el encapsulamiento frente a las rejas del Senado de la República, los policías le quitaron su instrumento de trabajo, una cámara fotográfica, y aunque se identificó con su gafete de prensa, fue agredida físicamente e ingresada al “encapsulamiento”. Al mismo tiempo, en la contraesquina del edificio del Senado de la República, fue detenida otra persona, y cuando los integrantes de Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C. –en adelante “Marabunta”-, documentaban esos hechos y se dirigían a documentar el encapsulamiento frente a las rejas del Senado de la República, los policías les rociaron el contenido del extintor y los “encapsularon”, además, les sustrajeron una cámara y daĖaron otras dos que utilizaban para documentar violaciones a los derechos humanos, con el contenido de los extintores. Además, mientras integrantes de “Marabunta”, documentaban los hechos en agravio de una mujer que había ido en busca de trabajo y le realizaban una curación provisional por las lesiones que presentaba, los policías se “abalanzaron” contra ellas. Por lo anterior, esta Comisión inició, de oficio, una investigación a la que se asignó el expediente CDHDF/I/122/CUAUH/14/D7715. Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Principio de legalidad y seguridad jurídica.  
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal (colaboradora) Derecho a la libertad, en relación con el debido proceso y las garantías judiciales.  
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (colaboradora) Derecho a la integridad personal.  
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (colaboradora) Derecho a defender los derechos humanos.  
2015 Cuarto Trimestre 2015 18/2015 CDHDF/II/122/GAM/09/P3242, CDHDF/II/122/GAM/09/P5376, CDHUN/II/122/GAM/09/P7446, CDHDF/II/121/GAM/09/8152, CDHDF/II/122/GAM/11/P1122, CDHDF/II/121/GAM/12/P1234, CDHDF/II/122/GAM/12/P2261, CDHDF/II/122/GAM/12/P5559, CDHDF/II/121GAM/12/P7752, CDHDF/II/122/GAM/13/P1057, CDHDF/II/122/GAM/13/P1691, CDHDF/II/121/GAM/13/P4801, CDHDF/II/121/GAM/13/P5063, CDHDF/II/121/GAM/13/P6393, CDHDF/II/122/GAM/13/P7148, CDHDF/II7122/GAM/13/P7411, CDHDF/II/122/GAM/14/P1983, CDHDF/II/121/GAM/15/P0579, CDHDF/II/121/GAM/15/5927, CDHDF/II/122/IZTP/10/P4266, CDHDF/II/121/IZTP/12/P1041, CDHDF/II/122/IZTP/12/P6743, CDHDF/II/122/IZTP/14/P3286, CDHDF/II/122/IZTP/15/P3180, CDHDF/II/122/IZTP/15/P3519, CDHDF/II/121/IZTP/15/P4542, CDHDF/II/122/XOCH/10/P1290, CDHDF/II/122/XOCH/10/P5565, CDHDF/II/122/XOCH/12/P1866, CDHDF/II/122/XOCH/13/P7329, CDHDF/II/121/XOCH/14/P3783, CDHDF/II/121/XOCH/14/P4547, CDHUS/II/122/XOCH/14/P6846, CDHDF/II/121/XOCH/15/P0056, CDHDF/II/121/IZTP/11/P4295, CDHDF/II/121/IZTP/13/D6833, CDHUS/II/122/IZTP/13/P2269, CDHDF/II/121/IZTP/12/P7889, CDHDF/II/122/IZTP/13/P1027, CDHDF/II/121/IZTP/11/P1771, CDHDF/II/121/IZTP/11/P7030, CDHDF/II/121/IZTP/12/P5503 y CDHDF/II/121/IZTP/12/P3354 Secretaría de Gobierno del Distrito Federal 40 casos sobre personas privadas de libertad quienes fallecieron de manera violenta en centros de reclusión del Distrito Federal por la ausencia del deber de custodia por parte del personal de Seguridad y Custodia Derecho a la vida. La Recomendación recupera 40 casos, mismos que integran 43 expedientes de queja y que incluyen a 46 personas agraviadas que perdieron la vida de forma violenta en diferentes centros de reclusión del Distrito Federal. Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
  Derecho a acceder y recibir información (derecho a la verdad)  
  Derecho al debido proceso.  
 
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Segumiento, Fecha de actualización: 31 / Diciembre /2016, Fecha de validación: 15 / Enero  / 2017.