Artículo 20: Además de lo seĖalado en el artículo 14, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, deberá mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:                      
Fracción I: Las recomendaciones emitidas, su destinatario y el estado que guarda su atención, cuidando en todo momento no difundir información de acceso restringido;                      
2014                      
Recomendaciones                      
Ejercicio Periodo que se informa (Periodo en que se emite la Recomendación) Número de recomendación Número de expediente Autoridad(es) responsable(s) Descripción del caso Derechos humanos violados Descripción de la recomendación Estado del cumplimiento Vínculo a la Recomendación                      
2014  Primer Trimestre 2014           01/2014 CDHDF/I/121/AZCAP/13/D2020 y CDHDF/I/121/AZCAP/13/D3178 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Joven detenido arbitrariamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Derecho a la libertad y seguridad personales. El 27 de marzo de 2013, el seĖor Cristino Ojeda Díaz interpuso queja contra servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (en adelante la “Secretaría” o “SSPDF”), la cual se registró bajo el número de expediente CDHDF/I/121/AZCAP/13/D2020; posteriormente, y por los mismos hechos, el 9 de mayo de 2013 el licenciado Federico Anaya Gallardo, en su carácter de Encargado del Despacho de la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también  interpuso queja que se registró bajo el número de expediente CDHDF/I/121/AZCAP/13/D3178, determinándose mediante acuerdo de fecha 17 de junio de 2013 su acumulación. La CDHDF a partir de la investigación llevada a cabo desprende los siguientes hechos: El 15 de marzo de 2013, aproximadamente a las 23:00 horas el joven agraviado Marduk Chimalli Hernández Castro iba transitando, en compaĖía de sus padres, sobre avenida Heliópolis cuando antes del cruce con la calle de Nubia, en la colonia Clavería, delegación Azcapotzalco, fue detenido por policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, por el presunto robo de un celular y un par de anillos, que momentos antes habían asaltado a una mujer cerca de esa zona y el presunto asaltante iba vestido de manera similar al agraviado. Los elementos de la policía preventiva, presentaron al agraviado Marduk Chimalli Hernández Castro ante la autoridad ministerial de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia AZ-3 el 16 de marzo de 2013, a las 00:42, por el delito de robo a transeúnte con violencia. El agente del Ministerio Público veintitrés horas después ejercitó acción penal en contra del joven, afirmando hacerse de las probanzas idóneas y suficientes para acreditar la conducta penal que se le atribuyó. El 16 de marzo de 2013, a las 23:45 horas, el agraviado ingresó a las instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Norte; sin embargo, no fue hasta las 14:00 horas del 17 de marzo de 2013, que formalmente quedó a disposición del Juzgado Séptimo de lo Penal del Distrito Federal. Es decir, permaneció más de catorce horas interno en un centro de reclusión aun cuando jurídicamente continuaba a disposición del Ministerio Público de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia AZ-3. El 21 de marzo de 2013, el Juez Séptimo de lo Penal en el Distrito Federal dictó auto de formal prisión al agraviado dentro de la causa penal 63/13. Dicho auto fue apelado y decidido a favor del agraviado, por lo que mediante sentencia de 28 de mayo de 2013, la Séptima Sala Penal del Distrito Federal ordenó la libertad de Marduk Chimalli Hernández Castro ante la insuficiencia probatoria del Ministerio Público. Aceptada/Sujeta a Seguimiento                      
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Derecho al acceso a la justicia y al debido proceso en particular, el derecho a una defensa adecuada.                      
2014 Primer Trimestre 2014           02/2014 CDHUS/I/122/TLAH/11/4444 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Detenciones arbitrarias, uso ilegal y desproporcionado de la fuerza, actos de tortura y violaciones a los derechos de víctimas del delito en agravio de los integrantes de una familia  habitante de la Delegación Tláhuac. Derecho a la libertad y seguridad personales. El 20 de julio de 2011, la peticionaria y agraviada Josefina Vázquez Reyes interpuso una queja en contra de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (Secretaría o SSPDF) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Procuraduría o PGJDF) la cual se registró bajo el número de expediente CDHUS/I/122/TLAH/11/D4444. De la investigación realizada, se desprenden los siguientes hechos: 1. Aproximadamente a las 1:00 horas del 11 de julio de 2011, Fernando Aranda Escobar, Omar Vázquez Reyes, Josefina Vázquez Reyes, Jorge Escobar Reyes, Isabel Escobar Reyes, Karina de la Paz Guerrero así como cinco niĖas y niĖos (incluyendo un niĖo que para ese momento tenía un aĖo y siete meses de edad), se encontraban transitando por una de las calles de la colonia Quiahuatla, rumbo a sus domicilios, luego de salir de la feria de San Pedro Tláhuac. En el camino, varios elementos de la policía preventiva de la Unidad de Protección Ciudadana “Mixquic”, los interceptaron y, posteriormente, detuvieron a varios de ellos de manera violenta. Según los policías, la detención se produjo porque dichas personas eran los responsables del robo y los golpes que minutos antes había recibido la seĖora VMN. 2. Según la denunciante VMN, faltando diez minutos para la una de la maĖana del mismo día había sido robada por dos hombres y una mujer quienes le habían quitado varias de sus pertenencias y, además, la habían golpeado; por esa razón solicitó la intervención de los elementos de policía, que iban pasando por esa calle, para encontrar y reconocer a sus agresores; los policías la subieron a una patrulla/camioneta de la SSPDF y salieron en busca de los mismos. 3. Cuando se encontraron con los agraviados, a pesar de que la denunciante expresamente manifestó que  no eran las personas que la habían robado y agredido, el policía José Fernando Lazarini Campos ordenó detener y trasladar a la Coordinación Territorial TLH-2 a Fernando Aranda Escobar, Omar Vázquez Reyes y Josefina Vázquez Reyes. Los dos primeros agraviados no fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de manera inmediata y la agraviada sólo estuvo detenida al interior de la patrulla, ya que una vez llegaron a la agencia del Ministerio Público la dejaron en libertad sin ponerla a disposición de la autoridad competente. 4. Al momento de la detención y, posteriormente, en la agencia del Ministerio Público los agraviados Fernando Aranda Escobar y Omar Vázquez Reyes fueron golpeados y agredidos verbalmente en varias ocasiones, incluso al interior de las instalaciones de la agencia ministerial. Durante la detención no se les informó sobre sus derechos ni sobre el motivo de la misma. La agraviada Josefina Vázquez Reyes antes de subirla a la patrulla de policía, también fue golpeada durante la detención. 5. Mientras se realizaba la detención de los tres agraviados, el seĖor Jorge Escobar Reyes que también se encontraba en el lugar de los hechos, fue detenido por elementos de policía de la SSPDF; sin embargo, luego de un forcejeo con aquellos, logró escapar y correr para luego detenerse al escuchar un par de disparos. Nuevamente fue detenido por elementos de policía y golpeado fuertemente por uno de ellos, cayó al suelo y fue auxiliado por una tercera persona que presenció los golpes en su contra, sin ser detenido en esa última ocasión por los policías. 6. Fernando Aranda Escobar, fue puesto a disposición por los delitos de daĖo a la propiedad y portación de arma de fuego y  Omar Vázquez Reyes, por el ilícito de daĖo a la propiedad, dando lugar al inicio de la averiguación previa FTH/THL-2/T2/1161/11-07. Teniendo en cuenta que los agraviados se querellaron por las lesiones ocasionadas en su contra se elaboró un desglose  de la averiguación previa FTH/THL-2/T2/1161/11-07 D01, el cual se envió a la Fiscalía para la investigación de delitos cometidos por Servidores Públicos (Fiscalía contra Servidores Públicos) la cual hasta la emisión de esta Recomendación no ha sido determinada. 7. Posteriormente, el seĖor Jorge Escobar Reyes se acercó a la agencia del ministerio público para realizar la denuncia de los hechos de los que él y sus familiares habían sido víctimas; sin embargo, el agente del Ministerio Público Luis Manuel Pavón López y el oficial secretario Héctor Hugo Palomo Calvo, omitieron recabar su denuncia y se limitaron a iniciar la averiguación previa FTH/THL-2/T2/1161/11-07 en contra de Fernando Aranda Escobar y Omar Vázquez Reyes que, en todo caso, sólo inició aproximadamente tres horas después de haber llegado a la agencia del Ministerio Público. 8. En relación con el delito de portación de armas por el que se investigó y proceso a Fernanda Aranda Escobar, mediante sentencia del  13 de agosto de 2012 un juez federal lo absolvió  y determinó su absoluta libertad. Por lo que hace al delito de daĖo en propiedad contra Fernanda Aranda Escobar y Omar Vázquez Reyes, el 24 de abril de 2012 la SSPDF mediante comparecencia ante el juzgado  décimo octavo penal de delitos no graves del Distrito Federal, decidió otorgarles el perdón. En consecuencia se extinguió la acción penal y obtuvieron su libertad. Aceptada/Sujeta a Seguimiento                      
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Derecho a la integridad personal.                      
Derecho de la víctima o persona ofendida en relación con  el derecho de acceso a la justicia.                      
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE EMITIERON RECOMENDACIONES                      
2014 Tercer Trimestre 2014 03/2014 CDHDF/II/122/TLAL/12/P3061 Secretaría de Gobierno Violación del principio del interés superior de la niĖez; uso indebido y desproporcionado de la fuerza y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos en contra de adolescentes privados de su libertad, en la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes (CTEA) de San Fernando. Derechos de la niĖez: obligación de garantizar el interés superior de niĖas, niĖos y adolescentes en todas las decisiones y actuaciones del Estado. El día 17 de mayo de 2012, la CDHDF tuvo conocimiento, mediante un boletín emitido por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, que en la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes “San Fernando” (en adelante Comunidad o CTEA) se había presentado una riĖa, en la que una docena de adolescentes habían resultado con lesiones, interviniendo para controlar la situación el grupo de guías técnicos de esa institución. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 17, fracción II, inciso a, 24, fracción II, y 25, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y, 97, fracciones I y IV, de su Reglamento Interno, el día 18 de mayo de 2012 la Comisión inició una investigación de oficio, bajo el número de expediente de queja CDHDF/II/122/TLAL/12/P3061. De esa investigación se desprenden los siguientes hechos: 1. El día 17 de mayo de 2012, al menos 15 personas, entre adolescentes y jóvenes ubicados en los patios 1 y 2 de la Comunidad, participaron en una riĖa, utilizando palos y soleras para agredirse entre ellos. Para controlar la riĖa, al menos 15 guías técnicos adscritos a esa Comunidad, intervinieron de forma inmediata con escudos de policarbonato, cascos y armamento que no tenían autorizado en la institución, como toletes, gas lacrimógeno y tres perros adiestrados, conocidos como K9. 2. Una vez controlado el enfrentamiento, los guías técnicos sometieron a los adolescentes arrastrándolos hasta sus dormitorios; les obligaron a quitarse la ropa y tirarse al suelo boca abajo para golpearlos en varias partes del cuerpo. Posteriormente, estos funcionarios realizaron una revisión en cada una de las secciones de la Comunidad, retirando cobijas, ropa, calzado y artículos electrónicos como televisores y radiograbadoras. 3. Posteriormente, algunos de esos adolescentes y jóvenes fueron certificados por personal médico adscrito a la Unidad Médica de la Comunidad; sin embargo, la mayoría de las personas que resultaron con lesiones fueron valoradas y recibieron atención médica a partir de que el personal de la CDHDF gestionó que fueran canalizados al servicio médico. A pesar de lo anterior, algunos adolescentes presentaron heridas que requerían tratamiento especializado, fueron atendidos hasta cuatro días después. 4. De las revisiones médicas que se realizaron a los adolescentes existen registros de por lo menos 16 personas contundidas o policontundidas; cuatro más con fracturas o heridas y dos que fueron trasladados al Hospital General Xoco, uno por traumatismo craneoencefálico y otro para descartar posible daĖo neurológico. 5. Visitadoras y visitadores adjuntos de la CDHDF efectuaron un recorrido en la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes el 26 de junio de 2014, en el que encontraron a adolescentes ubicados en área de aislamiento, quienes refirieron que eran sometidos a revisiones en las que se les pedía desnudarse, quedando solamente en ropa interior; además de recibir golpes (zapes) y patadas de parte del personal guía técnico. Aceptada/Sujeta a Seguimiento                      
Derecho a la integridad personal: derecho a no ser víctima del uso indebido y desproporcionado de la fuerza, y a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.                       
Derecho a la salud: derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud, en particular las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas menores de 18 aĖos de edad privadas de la libertad.                      
Derecho de acceso a la justicia: Derecho de las personas privadas de la libertad, en particular adolescentes y jóvenes de acceder a los mecanismos e instancias u organismos de protección de derechos.                      
2014 Tercer Trimestre 2014 04/2014 CDHDF/I/121/CUAUH/12/D6065 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Falta de una notificación adecuada, respecto de la averiguación previa iniciada contra el agraviado que tuvo como consecuencia la violación del debido proceso y su detención. Debido proceso y garantías judiciales en relación con el derecho a la libertad personal El 26 de septiembre de 2012, el peticionario Alejandro MuĖoz Reséndiz interpuso una queja en contra de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Procuraduría o PGJDF) la cual se registró bajo el número de expediente CDHDF/I/121/CUAUH/12/D6065. De la investigación realizada se desprenden los hechos siguientes: 1) El peticionario Alejandro MuĖoz Reséndiz desempeĖó el cargo de Secretario Tesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas (en lo subsecuente el Sindicato o SME), en el periodo comprendido del 15 de julio de 2008 al 14 de julio de 2010. 2) El 30 de mayo de 2011, la persona que en ese momento se desempeĖaba como Secretario General del SME formuló una denuncia penal en contra del seĖor Alejandro MuĖoz Reséndiz (en adelante el agraviado) y cuatro integrantes más del Sindicato por el presunto delito de administración fraudulenta. El denunciante precisó en el escrito de denuncia que el agraviado en su carácter de probable responsable podía ser localizado en su domicilio particular. 3) El 13 de junio de 2011, la denuncia se radicó en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (en adelante Fiscalía para Asuntos Especiales), dando inicio al respectivo expediente de averiguación previa. 4) El Agente del Ministerio Público responsable de la integración y perfeccionamiento legal de la indagatoria, ordenó la citación del agraviado para que en su calidad de probable responsable compareciera a enterarse de los hechos imputados en su contra. La  búsqueda y ubicación del mismo, se realizó mediante citatorios, orden de localización y presentación por medio de Policía de Investigación, que se notificaron y efectuaron en el domicilio legal del Sindicato y no en el domicilio particular como se seĖaló en el escrito de denuncia. 5) El 30 de julio de 2012, el Agente del Ministerio Público ejercitó acción penal en contra del peticionario, radicándose el caso en el Juzgado 50 de lo Penal del Distrito Federal. 6) El  27 de agosto de 2012, el Juez 50 de lo Penal en el Distrito Federal ordenó la aprehensión del agraviado, seĖalando en la orden de captura que éste podía ser localizado en su domicilio particular o en el domicilio legal del Sindicato. 7) El 4 de septiembre de 2012, la Policía de Investigación del Distrito Federal cumplimentó la orden de aprehensión y hasta ese momento, el agraviado tuvo conocimiento de las imputaciones en su contra. Aceptada/Sujeta a Seguimiento                      
2014 Cuarto Trimestre 2014 05/2014 CDHDF/III/121/MHGO/13/D4413,CDHDF/III/121/AZCAP/13/N0778,CDHDF/III/122/MHGO/12/D6269,CDHDF/III/121/COY/12/D6098,CDHDF/III/122/ICUAUH/12/D1694,CDHDF/III/121/COY/12/D1637,CDHDF/III/122/VC/12/D0445,CDHDF/III/122/IZTAC/11/D6717,CDHDF/III/122/MHGO/11/D02648,CDHDF/III/122/CUAUH/11/D2600,CDHDF/III/122/AZCAP/11/D2523,CDHDF/III/122/MHGO/11/D2520,CDHDF/III/122/AO/10/D8852,CDHDF/III/121/VC/10/D2772,CDHUS/III/121/XOCH/10/D3114,CDHUS/III/122/XOCH/10/1554,CDHDF/III/122/VC/10/D0116 y CDHDF/II/122/CUAUH/09/D2753 Secretaría de Salud del Distrito Federal Mala práctica médica, en los que personal médico y de enfermería al realizar sus actividades, en algunos casos, ocasionaron innecesariamente dolores o sufrimientos graves, físicos y mentales a niĖos y niĖas, y en otros la muerte Derecho a una vida libre de violencia, en relación al derecho de las personas a no ser víctimas de violencia institucional en el ámbito de la salud Durante los aĖos 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, se presentaron en esta Comisión las quejas motivo de esta Recomendación. La investigación de los hechos de las quejas se dan en el contexto de atención médica deficiente o mala práctica médica, tratos crueles, inhumanos o degradantes por el sufrimiento innecesario de las personas usuarias de los servicios de salud, trato deshumanizado y responsabilidad institucional derivada de la falta de equipo médico adecuado, falta de medicamentos básicos o por falta de personal médico especializado y suficiente en los hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (en adelante, la Secretaría de Salud o la SSDF): Hospital General “Dr. Gregorio Salas Flores”, Hospital General “Dr. Enrique Cabrera”, Hospital Materno Infantil Cuajimalpa, Hospital Materno Infantil Xochimilco, Hospital Pediátrico Moctezuma, Hospital Pediátrico Tacubaya, Hospital Pediátrico Azcapotzalco, Hospital Pediátrico Iztacalco, Hospital Pediátrico de Legaria, Hospital Pediátrico de Peralvillo, Hospital Pediátrico La Villa, y Hospital Pediátrico Coyoacán, Centro de Salud T III “Dr. Luis Mazzotti Galindo”, y el Centro de Salud T III “Manuel Cárdenas de la Vega”. Algunos de los casos que se presentan en la Recomendación, culminaron en la afectación de la integridad personal o en la muerte de niĖos y niĖas, derivado de diversos factores mencionados en el párrafo anterior. Aceptada/Sujeta a Seguimiento                      
Derecho a la vida en relación con el más alto nivel posible de salud y el derecho a la supervivencia y desarrollo                      
Derecho a la integridad personal en relación a no ser víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes                      
2014 Cuarto Trimestre 2014 06/2014 CDHDF/IV/121/BJ/12/D0889 y CDHDF/IV/122/CUAUH/12/D0893 Dirección General del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Falta de implementación de mecanismos específicos para la prevención, atención, investigación y, en su caso, sanción de cualquier acto de violencia contra las mujeres al interior del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, derivada de violencia institucional y laboral de tipo psicoemocional, sexual y económica El 13 de febrero de 2012, mediante escrito, esta Comisión recibió dos quejas, la primera de la peticionaria Juana Mendoza Vallejo (la peticionaria 1), y la segunda de la peticionaria María Luisa Chávez Salmerón (peticionaria 2) y otra persona, en contra de servidores públicos del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal (HCBDF). La primera se registró bajo el número de expediente CDHDF/IV/121/BJ/12/D0889 y de su investigación se desprenden los siguientes hechos: 1. La peticionaria 1 laboraba en el HCBDF desde 1986 y desde el 16 de junio de 2004, se encontraba adscrita a la Estación “Comandante Enrique Padilla Lupercio”, en la Delegación Benito Juárez (estación Benito Juárez). 2. El 11 de febrero de 2012 le fue notificado a la peticionaria 1, mediante oficio, su cambio de adscripción a la Estación “Comandante Jesús Blanquel Corona”, en la Delegación Iztapalapa (estación Iztapalapa). Dicho documento fue suscrito por el Director General del HCBDF, Primer Superintendente Raúl Carbajal Esquivel. 3. La peticionaria 1 está afiliada al Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México (SSPCM) y no al Sindicato del HCBDF. Además, había sido parte en una demanda al HCBDF en la cual diversas personas trabajadoras del dicha institución obtuvieron un fallo favorable, razones por las que consideraba se le estaba discriminando. 4. Los motivos que proporcionó la autoridad para cambiar a la peticionaria 1 de adscripción, se basaron en argumentos como: necesidad del servicio, antigüedad y buen desempeĖo en el trabajo de la peticionaria, así como una decisión sustentada en una opinión emitida por el Subdirector Jurídico del HCBDF, derivada del inicio de un acta administrativa levantada el 2 de agosto de 2011 por presuntas conductas irregulares cometidas por ella misma. 5. Durante la investigación, le fueron levantadas a la peticionaria 1 diversas actas administrativas, motivadas por la comisión de presuntas conductas realizadas en contra de sus compaĖeros y compaĖeras bomberas, cuyas determinaciones se basaron en opiniones jurídicas emitidas por el Subdirector Jurídico del HCBDF. Asimismo, la peticionaria 1 fue víctima de diversos actos de violencia por parte del personal afiliado al Sindicato del HCBDF. 6. El 25 de febrero de 2014, le fue notificado a la peticionaria 1 la rescisión de su relación laboral con el HCBDF, como resultado del levantamiento de acta administrativa y de la emisión de opinión de la Subdirección Jurídica del HCBDF. La segunda queja, se registró bajo el número de expediente CDHDF/IV/122/CUAUH/12/D0893 y de su investigación se desprenden los siguientes hechos: 1. La peticionaria 2 labora en el HCBDF desde 2005, donde desarrolla funciones administrativas. Está afiliada al Sindicato del HCBDF y su última adscripción hasta antes de la interposición de su queja fue en la Dirección de la Academia. 2. El 11 de enero de 2012, un integrante del Sindicato del HCBDF presuntamente le hizo insinuaciones de tipo sexual, seĖalándole que si no accedía la desprestigiaría y perdería su empleo. 3. El 12 de enero y 1° de febrero de 2012, se celebraron reuniones con diversas autoridades del HCBDF, entre las que se encontraban los integrantes del Consejo General de Representantes (CGR) , el Director Administrativo, el Director Técnico, el Subdirector de Recursos Humanos y el entonces Subdirector Jurídico. En las mismas, un integrante del Sindicato del HCBDF exhibió unas fotografías de la vida íntima de la peticionaria 2, mismas que fueron difundidas al interior del HCBDF. 4. Derivado de dichas reuniones, el integrante del Sindicato del HCBDF solicitó la baja de la peticionaria 2 o, en su caso, su cambio de adscripción. Lo anterior, bajo el argumento de que dichas imágenes habían sido tomadas en su lugar de trabajo y de que en una de las fotografías se encontraba un casco de bomberos, que a su parecer, había sido tomado del equipamiento de ese HCBDF. Dicha situación no fue comprobada. 5. El 7 de febrero de 2012, le notificaron su cambio de adscripción a la peticionaria 2 al Detall (oficialía de partes) de la Estación Central, con un horario de 24 horas de trabajo por 48 horas de descanso, por necesidades del servicio. 6. Durante la investigación, la peticionaria 2 fue cambiada de adscripción en dos ocasiones y fue víctima de amenazas, intimidación y agresiones por algunas de sus compaĖeras y compaĖeros bomberos. 7. Actualmente la peticionaria 2 desempeĖa sus funciones en la Dirección Técnica del HCBDF; no obstante, continúa su temor respecto de su estabilidad laboral. Aceptada/Sujeta a Seguimiento
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (colaboradora) Derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación                      
  Derecho a la honra y a la dignidad en conexión con el derecho a la intimidad                      
2014 Cuarto Trimestre 2014 07/2014 CDHDF/III/121/AZCAP/13/D7909 y CDHDF/III/122/AZCAP/13/D7897 Delegación Azcapotzalco Falta de adopción de mecanismos y medidas de prevención del riesgo adecuadas para las personas transeúntes respecto a una excavación profunda por parte de la autoridad delegacional en Azcapotzalco, lo que ocasionó el fallecimiento de una persona Derecho a la vida en relación con la falta de adopción de medidas adecuadas para prevenir y garantizar la seguridad de las personas La Comisión conforme a lo dispuesto en los artículos 1ľ y 102 apartado B de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 y 17 fracción II inciso a) de su Ley, 84 y 97 fracciones I y IV de su Reglamento Interno, el día 22 de noviembre de 2013, acordó iniciar investigación de oficio, con motivo de hechos presuntamente constitutivos de violaciones a derechos humanos comedias en agravio de un joven de 18 aĖos (agraviado) que cayera y falleciera ahogado en una fosa profunda generada por una obra de la delegación Azcapotzalco, la cual se inundó a causa de la lluvia; dando inicio al expediente CDHDF/III/121/AZCAP/13/D7909. De manera paralela a esa investigación, el 22 de noviembre de 2013, la persona peticionaria interpuso queja contra autoridades de la Delegación Azcapotzalco (en lo sucesivo la Delegación) por la falta de mecanismos y medidas de prevención adecuadas para salvaguardar a las personas que transitaban en la zona de construcción de las fosas profundas, lo que ocasionó la muerte del agraviado. Esta queja se registró CDHDF/III/122/AZCAP/13/D7897. De las dos investigaciones se determinó su acumulación mediante acuerdo de fecha 31 de julio de 2014. A partir de la investigación realizada por la CDHDF se desprenden los hechos siguientes: 1. El 9 de noviembre de 2013, personal de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación en Azcapotzalco, en la calle Zempoaltecas esquina avenida Aquiles Serdán, colonia Unidad Habitacional Miguel Hidalgo, inició una excavación profunda para la colocación de un contenedor de basura soterrado. 2. Los servidores públicos establecieron como seĖalización de la construcción de la obra dovelas, cinta plástica y material al exterior de la fosa. 3. El 19 de noviembre de 2013, en la zona de construcción se generaron lluvias intensas que  ocasionaron la inundación de la calle Zempoaltecas, al igual que otras de la colonia Unidad Habitacional Miguel Hidalgo, lo que a su vez ocasionó que la excavación (fosa) se llenara de agua. Aunado, a que en ese momento en el lugar no había servicio de luz eléctrica. 4. En esa fecha, aproximadamente entre las 19:15 y las 19:20 horas, el agraviado salió rumbo a su domicilio de la estación Tezozomoc del Sistema de Transporte Colectivo, para lo cual tomó caminó sobre la calle Zempoaltecas, y al llegar a la zona de construcción cayó a  la excavación donde perdió la vida por ahogamiento. 5. El 20 de noviembre de 2013, aproximadamente a las 8:00 horas, servidores públicos de la delegación para estar en condiciones de continuar con los trabajos de la obra, tuvieron la  necesidad de drenar el agua de la excavación. Aproximadamente a las 11:30 horas encontraron en una esquina de la fosa el cuerpo sin vida del agraviado. 6. Los hechos se investigan en la averiguación previa FAZ/AZ-1/T2/1710/13-11 radicada en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Azcapotzalco, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Aceptada/Sujeta a Seguimiento                      
Derecho a un nivel de vida adecuado en relación con la obligación de la autoridad de brindar servicios que garanticen un entorno digno a las personas.                       
2014 Cuarto Trimestre 2014 08/2014 CDHDF/IV/121/CUAUH/12/D4490 Asamblea Legislativa del Distrito Federal (colaboradora) Omisión de Investigar diligentemente delitos cometidos en agravio de personas que ejercen el periodismo Derecho de acceso a la justicia, en particular el deber de debida diligencia y el derecho a un recurso efectivo El día 17 de junio de 2012, la peticionaria Lucía Lagunes Huerta, Directora General de Comunicación e Información de la Mujer, A. C. (en adelante CIMAC)  interpuso una queja ante este Organismo, la cual se registró bajo el número de expediente CDHDF/IV/121/CUAUH/12/D4490. De la investigación realizada, se desprenden los siguientes hechos: 1. El 20 de mayo de 2011, las oficinas de CIMAC fueron objeto de robo. Ese mismo día policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (en adelante SSPDF), detuvieron a dos personas  por el allanamiento y robo de objetos en las instalaciones de CIMAC, quienes luego fueron presentadas en la Coordinación Territorial CUH-2, de la PGJDF, en donde se inició la averiguación previa respectiva. 2. El 21 de mayo de 2011, las personas detenidas fueron liberadas a raíz de que la PGJDF, informó que no fue posible localizar a la persona dueĖa u ocupante del domicilio robado, esto es, las instalaciones de CIMAC. 3. Posteriormente,  el 23 de mayo de 2011, al llegar la persona peticionaria al domicilio en el que se ubican las instalaciones de CIMAC, se percató que habían sido allanadas y se habían sustraído objetos y herramientas de trabajo. Por esa razón, la peticionaria denunció estos hechos en la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-6, donde se inició la averiguación previa correspondiente. Después de que la peticionaria rindió su declaración, un servidor público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (en adelante la PGJDF) le informó que los hechos habían ocurrido el viernes 20, y que derivado de una denuncia ciudadana, dos hombres habían sido detenidos y remitidos a la Coordinación Territorial CUH-2. 5. El 25 de mayo de 2011, fueron devueltos los objetos robados de las instalaciones de CIMAC, a la persona agraviada Lucía Lagunes Huerta. 6. A la fecha, si bien la averiguación previa  iniciada con motivo del robo del día 20 de mayo de 2011, ha sido consignada en dos ocasiones, el Juez Sexto Penal del Distrito Federal negó en ambas ocasiones las órdenes de aprehensión solicitadas por el ministerio público en contra de las personas seĖaladas como probables responsables, devolviendo la indagatoria a la PGJDF, con fundamento en el artículo 36, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por deficiencias en su integración. 7. Durante la integración de la averiguación previa iniciada con motivo del robo ocurrido el 20 de mayo de 2011, en las instalaciones de CIMAC, la Agencia Especializada para la atención de Delitos cometidos en agravio de las y los Periodistas en el ejercicio de esta actividad (en adelante Agencia Especializada), determinó que los mismos no se habían desplegado con motivo de la actividad periodística de la peticionaria. La denunciante Lucía Lagunes Huerta solicitó a las autoridades de la PGJDF, que se siguiera una línea de investigación en la cual se tomara en cuenta la actividad periodística que realiza CIMAC. 8. A la fecha, las personas responsables del robo en las instalaciones de CIMAC, no han sido investigadas o sancionadas. Aceptada/Sujeta a Seguimiento                      
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Derecho de las víctimas del delito o de las personas ofendidas                      
2014 Cuarto Trimestre 2014 09/2014 CDHDF/II/121/CUAUH/13/D0706 Secretaría de Gobierno del Distrito Federal Privación ilegal de la libertad que sufrió la seĖora María de los Ángeles Contreras Velarde debido a la ejecución de una orden de aprehensión en la que se encontraba prescrita la pretensión punitiva Derecho a la libertad personal en conexidad con el derecho al debido proceso y a las garantías judiciales El 1 de febrero de 2013, la peticionaria María de los Ángeles Contreras Velarde, interpuso una queja ante este Organismo, la cual se registró bajo el número de expediente CDHDF/II/121/CUAUH/13/D0706. De la investigación realizada, se desprenden los siguientes hechos: 1.El 2 de abril de 2008, una persona presentó escrito de denuncia ante la Fiscalía Central de Investigación para la Seguridad de las Personas e Instituciones de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (en adelante la Fiscalía) en contra de la seĖora María de los Ángeles Contreras Velarde (en adelante la peticionaria y/o agraviada). En virtud de la denuncia presentada, se dio inició a la averiguación previa  FSPI/T1/00546/08-04, al considerar a la peticionaria probable responsable de la comisión del delito de uso indebido de documentos falsos. 2.El 20 de agosto de 2009, la Lic. Alejandra Cervantes Oviedo, Agente del Ministerio Público de esa Fiscalía, ejerció acción penal en contra de la peticionaria por el delito de uso indebido de documentos falsos, solicitando a la autoridad judicial el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión. El asunto se radicó en el entonces Juzgado Vigésimo Cuarto de Paz Penal del Distrito Federal, ahora Juzgado Vigésimo Cuarto Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal. 3.El 4 de septiembre de 2009, la Jueza Vigésima Cuarta de Paz Penal del Distrito Federal, libró orden de aprehensión en contra de la agraviada, precisando en el respectivo mandato judicial que ésta debería ser puesta a su disposición, en el interior del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla (en adelante C.F.R.S.S.M.A.), con la finalidad de rendir su declaración preparatoria. 4.El 29 de noviembre de 2012, elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (en adelante PGJDF), dieron cumplimiento a la orden de aprehensión decretada, poniendo a la peticionaria a disposición de la autoridad judicial mencionada, en el interior del C.F.R.S.S.M.A. No obstante lo anterior, fue hasta el 7 de diciembre de 2012, que la Jueza Vigésima Cuarta Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal, determinó que había transcurrido el tiempo necesario para que operara la prescripción de la pretensión punitiva, por lo que, ordenó su inmediata libertad. 5.El 11 de diciembre de 2012, las autoridades del Centro Femenil de Readaptación Social, Santa Martha Acatitla, hicieron del conocimiento del Juzgado Vigésimo Cuarto Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal, el ingreso de la agraviada a ese centro de reclusión. Es decir, 8 días después de su internamiento. Aceptada/Sujeta a Seguimiento                      
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Derecho a la seguridad jurídica (principio de legalidad)                      
2014 Cuarto Trimestre 2014 10/2014 CDHDF/II/121/IZTP/11/D2735 y CDHDF/II/121/IZTP/12/P4111 Asamblea Legislativa del Distrito Federal (colaboradora) Violación al derecho al debido proceso por omisión de garantizar el derecho a contar con una defensa adecuada y eficaz a través de una o un defensor público Derecho al debido proceso y garantías judiciales, en particular derecho a una defensa adecuada Caso  1: Nino Colman Hoyos Henao. El día 2 de mayo de 2011 la CDHDF sostuvo una reunión de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil en la que fue informada de que personal de la Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica del Distrito  Federal (en adelante Defensoría de Oficio) no había brindado al seĖor Nino Colman Hoyos Henao, asistencia jurídica adecuada durante la substanciación de la causa penal 271/2009, instruida en el Juzgado Vigésimo Octavo Penal del Distrito Federal. En razón de lo anterior dio inicio al expediente de queja CDHDF/II/121/IZTP/11/D2735. De la investigación realizada por la Comisión se desprenden los siguientes hechos: 1.El 11 de agosto de 2009, el seĖor Nino Colman Hoyos Henao fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Vigésimo Octavo Penal del Distrito Federal, en la causa penal 271/2009. Desde el momento de su detención su defensa estuvo a cargo de un abogado particular; sin embargo, el 1 de diciembre de 2009, fecha en la que estaba programada una audiencia, dicho abogado defensor no se presentó, por lo que le revocó el poder a aquél y le otorgó nombramiento a la Lic. Alejandra Montagner, como su defensora de oficio. 2.En dicha diligencia se desahogó la ampliación de declaración de un testigo y el procesado se desistió de los careos procesales, sin que la defensora de oficio lo haya orientado o informado sobre las consecuencias jurídicas de tal decisión y sin haber estudiado y analizado el expediente de la causa penal. 3.El 7 de diciembre de 2009 el Juez de la causa emitió un acuerdo por el que se tuvo por agotada la instrucción y el 11 del mismo mes y aĖo decretó el cierre de la misma, al no quedar ninguna prueba pendiente de desahogar, a criterio del Juez. 4.La defensora de oficio que asistió al agraviado en la audiencia de 1 de diciembre de 2009, no ejerció ningún medio de defensa en esa fecha ni en posteriores, previo al cierre de instrucción dictado por el Juez de la  causa el 7 de diciembre de  2009. En cambio, fue otra persona defensora diversa quien formuló las conclusiones y, otra persona defensora quien interpuso el recurso de apelación. 5.El 9 de agosto de 2010, la autoridad judicial dictó sentencia definitiva en la que se le impuso la pena de sesenta aĖos de prisión. 6.A fin de dar respuesta al requerimiento realizado por la CDHDF a la Defensoría de Oficio del Distrito Federal, sobre la actuación de la defensora pública asignada al caso del agraviado Nino Colman, el 16 de enero de 2013 la servidora pública solicitó al Juzgado Vigésimo Octavo Penal del Distrito Federal que lo presentara en la rejilla de prácticas donde se entrevistó con él, solicitándole que firmara las cédulas de la atención que le había brindado casi tres aĖos antes, documento en el que el agraviado manifestó su inconformidad con la labor que había realizado. Caso 2: Jaime Geovanni Arcos Zamora. El 3 de julio de 2012 la peticionaria Maribel Zamora Castillo interpuso una queja ante la CDHDF, en contra de las  autoridades del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, pues su hijo Jaime Geovanni Arcos Zamora, interno en ese centro, presentaba problemas en su salud. En razón de lo anterior, se dio inicio al expediente de queja CDHDF/II/121/IZTP/12/P4111. 1.Desde el mes de mayo de 2012, Jaime Geovanni Arcos Zamora, quien se encontraba privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, presentaba dolores de cabeza  y pérdida de equilibrio, por lo que había acudido al servicio médico de ese Reclusorio, donde le proporcionaban medicamento para el dolor, sin embargo éste no desaparecía. 2.El 28 de junio de 2012 el agraviado fue llevado al Hospital General Balbuena donde se le realizó una tomografía, cuyo resultado mostró que presentaba un tumor en el cerebro. 3.A raíz de este hallazgo y del agravamiento de su condición, el paciente fue canalizado el 3 de septiembre de 2012 al Instituto Nacional de Cancerología donde se le diagnosticó Cordoma de Clivus , con pronóstico malo para la función y la vida y el tratamiento tenía carácter paliativo. 4.El 20 de septiembre de 2012 se expuso el caso al entonces Jefe de Defensores de Oficio del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y se solicitó su colaboración para que se brindara al seĖor Jaime Geovanni Arcos Zamora y a sus familiares, orientación, apoyo y patrocinio a fin de presentar el incidente para solicitar la sustitución de la pena privativa de libertad por externamiento con motivo del precario estado de salud del sentenciado, conforme a lo previsto en el artículo 9ľ. de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. 5.El 2 de octubre de 2012 la defensora de oficio adscrita al Juzgado Décimo Séptimo Penal del Distrito Federal, licenciada Estrella Castillo González, presentó un incidente no especificado de arraigo domiciliario. En la misma fecha, la autoridad jurisdiccional la previno para que formulara el incidente conforme a derecho, ya que lo había hecho de manera ambigua, fundamentándolo en el artículo 75 del Código Penal para el Distrito Federal, ignorando las reglas previstas en la Ley de la materia. 6.El 9 de octubre de 2012, el seĖor Jaime Geovanni Arcos Zamora falleció en el Hospital General Torre Médica Tepepan. Aceptada/Sujeta a Seguimiento                      
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal                      
2014 Cuarto Trimestre 2014 11/2014 CDHDF/I/121/CUAUH/13/D4389,CDHDF/IV/122/CUAUH/13/D8419,CDHDF/I/121/CUAUH/14/D0991,CDHDF/I/122/CUAUH/14/D2679,CDHDF/IV/122/CUAUH/14/D3829 y CDHDF/I/122/GAM/14/D1689 Asamblea Legislativa del Distrito Federal (colaboradora) Violaciones a los derechos humanos de personas y profesionales de los medios de comunicación que ejercen su derecho a la información mediante acciones de documentación ciudadana Derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, en conexidad con el principio de legalidad Entre los días 19 de junio de 2013 y 3 de agosto de 2014, la CDHDF realizó la documentación de seis expedientes en los que constan hechos y agresiones a personas que documentan (a través de grabaciones) a servidores públicos, de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (en adelante, SSPDF). Las investigaciones fueron acumuladas al expediente CDHDF/I/121/CUAUH/13/D4389, con el objeto de seguir una misma línea de investigación, teniendo como común denominador, la agresión que reciben diversas personas cuando ejercen su derecho a documentar. La investigación se compone de los siguientes casos: CASO A. Roberto Hernández. El día 30 de junio de 2013, alrededor de las 12:30 horas, el seĖor Roberto Hernández se encontraba en las inmediaciones de la Alameda Central; al estar en el lugar se percata que tres policías auxiliares (dos hombres y una mujer) de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, forcejeaban con un hombre en aparente estado de ebriedad, en consecuencia, comenzó a grabar los hechos. Al ver que estaban siendo grabados, un policía auxiliar de nombre L. Juárez R., lo interpela y le cuestiona el motivo por el que estaba documentando el evento, emitiendo frases como: “ņPor qué lo está grabando seĖor?” “ņMire, se fija usted que esto entorpece el trabajo de los oficiales?”. Cuando Roberto Hernández responde que no está haciendo nada malo, el oficial le dice, entre otras cosas:  “Le voy a pedir que me acompaĖe por favor”, “grábeme todo lo que usted guste pero justo con él lo presentamos”; acto seguido, Roberto Hernández respondió: “Oiga ņCuál es la infracción que estoy cometiendo yo?”, a lo que el oficial responde: “Por estar interrumpiendo las labores de un oficial”; Cuando Roberto Hernández pregunta en que está interrumpiendo, el oficial responde: “En estas grabaciones que a usted no le corresponde.”; Roberto Hernández interpela al oficial y le pregunta “ņSabe usted que hay libertad de expresión en México?”, y recibe como respuesta del oficial: “No, no sabría decirle oiga, mejor ahorita lo llevamos al cívico y usted se lo dice”. El diálogo continúa, mientras el oficial sostiene a Roberto Hernández por el brazo, y comienza a jalarlo, con la intención de llevarlo al Juzgado Cívico; ante los argumentos externados por Roberto Hernández, el oficial desiste en remitirlo al Juzgado Cívico. CASO B. Aldo Sotelo Lázaro. El día 14 de diciembre de 2013, Aldo Sotelo Lázaro, periodista de Radio Nederland, se encontraba grabando una manifestación sobre Avenida Juárez, en el Centro de la Ciudad de México. En el transcurso de la marcha, documentó encapsulamientos y algunas acciones que pudieran considerarse ilegales y agresivas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Mientras grababa el desarrollo de la marcha y entrevistaba a diversas personas, vio que algunos policías lo seĖalaban directamente. Posteriormente, fue agredido en diversas ocasiones, recibiendo patadas por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Después de la agresión, logró alejarse del lugar. CASO C. Luis Méndez Pérez. El SeĖor Luis Méndez Pérez es reportero del portal electrónico Somos el Medio.El 19 de febrero de 2014, en el interior de la estación del metro Pino Suárez, del Sistema de Transporte Colectivo Metro (en adelante, STC Metro), observó una manifestación compuesta en su mayoría por personas con discapacidad visual, quienes bloqueaban uno de los pasillos de acceso a los andenes del metro. Al estar grabando, una mujer policía le pidió que dejara de grabar, y otro elemento le exigió que entregara las grabaciones que había realizado. Al negarse a entregar las grabaciones, Luis Méndez Pérez fue trasladado, junto con otras cuarenta personas, a la Agencia 50 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde fue puesto en libertad, sin que se levantara constancia oficial de su traslado a las instalaciones de la Procuraduría. CASO D. Andrés Landero Quiroz, Lilian Marisol Hernández Martínez y Carlos Alejandro Barrera Jiménez. El 22 de abril de 2014, aproximadamente a las 19:00 horas, Andrés Landero Quiroz y Lilian Marisol Hernández Martínez, asistieron a la manifestación convocada contra la censura en internet y contra las leyes secundarias de la llamada “Ley Telecom”; lo anterior, con la finalidad de grabar en video la manifestación, ya que pertenecen a un medio independiente llamado Brigada Informativa Altavoz. Cuando la marcha llegó a las instalaciones de una televisora ubicada en Avenida Chapultepec, Lilian grabó diferentes momentos en los que, hubo confrontación entre autoridades y manifestantes. Posteriormente, se dirigió con Andrés a la estación Pino Suárez, de la Línea 2, del Sistema de Transporte Colectivo Metro, llegando al andén con dirección a TaxqueĖa, donde fueron atacados por dos sujetos, un hombre robusto, moreno, de estatura media y una mujer de baja estatura, cabello teĖido de rojo, tez morena clara y cubierta de la cara con una bufanda color negro; los dos sujetos, iban vestidos con ropa y botas negras, sin ningún escudo que los identificara. Llegaron por detrás y los empezaron a jalonear, diciendo “ņustedes sacaron unas imágenes?”; retirándose posteriormente. Poco después,alrededor de nueve elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal detuvieron a Lilian junto con Andrés; de lo anterior fue testigo Carlos Alejandro Barrera Jiménez, quién al intervenir también fue agredido y detenido. A Lilian, Andrés y Carlos los sacaron de las instalaciones del metro. Andrés y Lilian fueron víctimas de golpes en el cuerpo y en la cara. Los tres fueron obligados a abordar una patrulla, sin embargo, nunca fueron puestos a disposición de la autoridad competente y les quitaron el material que habían obtenido durante la marcha. CASO E.  Persona Agraviada 1. El día 8 de junio de 2014, la Persona Agraviada 1 se encontraba en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro de la Ciudad de México; alrededor de las 13:45 horas, escuchó gritos y silbidos y vio que varios policías auxiliares pretendían remitir a juzgado cívico a un vendedor ambulante. La Persona Agraviada 1 comenzó a tomar fotografías del evento, registrando y documentando los hechos ocurridos. Durante el altercado, laPersona Agraviada 1 dio cuenta que una mujer policía pidió que detuvieran a una mujer que intervino en el evento bajo el argumento de que la había golpeado; laPersona Agraviada 1, intervino y dijo: “yo estuve en los hechos haciendo mi trabajo de periodista y no vi que la mujer haya golpeado a la policía”, a lo que le respondieron “entonces vaya usted y declare ante el Ministerio Público lo que vio”, y laPersona Agraviada 1 accedió. Al arribar a la Agencia del Ministerio Público, personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal le requirió las imágenes que había tomado, situación a la que él se negó, argumentando que lo haría si mediaba requerimiento escrito de la autoridad. Por su negativa, se inició la averiguación previa FCH/CUH-4/T1/00972/14-06, por el delito de ultrajes a la autoridad, y se ejerció acción penal en su contra, a las 21:13 horas, del 9 de junio de 2014, siendo consignado al Juez Séptimo Penal de Delitos No Graves, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La Persona Agraviada 1 fue liberada en el auto de plazo Constitucional, de fecha 13 de junio de 2014, por falta de elementos para procesar. Caso F. Persona Agraviada 2. El 14 de marzo de 2013, aproximadamente a las 17:00 horas, la Persona Agraviada 2 se encontraba en la estación Deportivo 18 de Marzo, de la línea 6, del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Estando ahí, observó a dos elementos de la Policía Bancaría e Industrial de la SSPDF, hablando con dos personas adultas mayores. Alrededor de ellos, se encontraban más usuarios manifestándole a los policías que “esa no era la forma de tratar a los adultos mayores”. Por lo anterior, la Persona Agraviada 2 decide sacar su celular y comenzó a grabar los hechos que se estaban suscitando. Posteriormente, al darse cuenta de que estaban siendo grabados, los policías se dirigen a él y le indican que guarde su teléfono celular, que no los puede estar grabando sin su consentimiento y le solicitan que se retirara del lugar. Ante la cantidad de usuarios y personas que se agruparon en el lugar, los policías se retiran del mismo. Aceptada/Sujeta a Seguimiento                      
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Derecho a la libertad y seguridad personales                      
Sistema de Transporte Colectivo (Metro) (colaboradora) Derecho a la integridad personal, en particular a no ser sometido a actos de tortura y otros tratos o penas, crueles inhumanos o degradantes                      
2014 Cuarto Trimestre 2014 12/2014 CDHDF/121/07/BJ/D3819-III,CDHUP/121/MC/08/5989,CDHUP/III/121/TLAL/09/D2719,CDHDF/I/122/COY/09/D5542,CDHDF/III/122/GAM/09/6558,CDHDF/III/122/GAM/09/D6817,CDHDF/III/122/CUAUH/11/D4348,CDHDF/III/121/XOCH/11/D5533,CDHDF/III/121/GAM/11/D5624,CDHDF/III/121/GAM/11/D6466,CDHUS/III/122/XOCH/12/D2969,CDHDF/III/122/AZCAP/12/D3582,CDHDF/III/122/IZTP/12/D4610,CDHDF/III/122/GAM/12/D4777,CDHDF/III/122/VC/12/D4779,CDHDF/III/122/BJ/12/D5336,CDHDF/III/122/BJ/13/D5596,CDHDF/III/121/BJ/12/D6657,CDHDF/III/122/BJ/13/D1256,CDHDF/III/122/XOCH/13/N1805 y CDHDF/III/122/CUAUH/13/D6023 Delegación Azcapotzalco Falta de actuación diligente y oportuna de las autoridades respecto al desarrollo de obras civiles para vivienda, en suelo urbano del Distrito Federal Derecho a la seguridad jurídica Durante los aĖos 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013 se presentaron en esta Comisión las quejas motivo de la presente Recomendación, el contexto de los hechos involucra nuevas construcciones privadas, principalmente para vivienda, en las que las y los peticionarios han visto vulnerados sus derechos humanos debido a supuestos como que: a) las demoliciones se han iniciado sin contar con el Registro de correspondiente; b) se ha solicitado el registro sin contar con los requisitos necesarios de procedencia; c) ha faltado revisión técnica por personal especializado que sancione oportunamente los documentos e información que acompaĖan a los registros de construcción; d) ha existido dilación en la atención de las solicitudes de verificación; e) la ejecución de los proyectos, en sus diferentes etapas, no ha tenido la vigilancia necesaria de parte de las autoridades; f) no se ejecutan las resoluciones emitidas en los procedimientos iniciados en la materia, y g) se han emitido actos que regularizan construcciones sin la debida fundamentación y motivación. En lo anterior, estuvieron vinculadas las autoridades delegaciones en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. En la mayoría de los casos investigados que están vinculados en el presente Instrumento, los procesos constructivos de estas nuevas edificaciones privadas han colocado a las personas que habitan los inmuebles colindantes en situación de riesgo, debido a la omisión de dar cumplimiento a la normatividad en la materia por parte de la autoridad delegacional de la demarcación territorial en la que se realizaron las mismas. Parcialmente Aceptada/Sujeta a Seguimiento                      
Delegación Benito Juárez Derecho a un nivel de vida adecuado en relación con el derecho a una vivienda                      
Delegación Coyoacán Derecho de acceso a la justicia                      
Delegación Cuauhtémoc                      
Delegación Gustavo A. Madero                      
Delegación Iztapalapa                      
Delegación La Magdalena Contreras                      
Delegación Tlalpan                      
Delegación Venustiano Carranza                      
Delegación Xochimilco                        
2014 Cuarto Trimestre 2014 13/2014 CDHDF/II/121/GAM/13/D7540 Secretaría de Gobierno del Distrito Federal Omisión de cumplir normas establecidas para proteger la vida e integridad psicofísica de personal Técnico en Seguridad en centros de reclusión de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal Derecho a la vida. Conforme los artículos 1ľ y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 y 17, fracción II, inciso a), de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y, 84 y 97, fracciones I y IV, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el 31 de octubre de 2013, este Organismo acordó iniciar una queja de oficio, la cual se registró con el expediente CDHDF/II/121/GAM/13/D7540. De la investigación se desprenden los siguientes hechos: 1. El 31 de octubre de 2013, una persona (en adelante presunto responsable) que ejercía funciones de Técnico en Seguridad encargado de recibir las credenciales de la visita en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, lesionó con arma de fuego a otro de sus compaĖeros (en adelante persona agraviada), quien recibió un disparo en el abdomen, por lo que fue trasladado a un Hospital para su atención. 2. El 31 de octubre de 2014, en el Hospital General de Tecomán fallece la persona agraviada, por lesión con el arma de fuego. 3. Ese mismo día —31 de octubre de 2014—, con motivo de los hechos en la Coordinación Territorial GAM-2 se iniciaron las averiguaciones previas FGAM/GAM-1/T3/1918/13-10 y FGAM/GAM-2/T3/2227/13-10, por el delito de homicidio doloso, quedando a cargo de las mismas el licenciado Vicente Martínez Castro, agente del Ministerio Público y la licenciada Violeta Díaz MuĖoz, oficial secretario del Ministerio Público adscritos a la Unidad Investigadora Dos sin detenido de la Coordinación Territorial GAM-1 de la Fiscalía Desconcentrada en Gustavo A. Madero. 4. El 2 de noviembre de 2013, el presunto responsable fue puesto en libertad por el personal del Ministerio Público, en razón de que exhibió dos pólizas para garantizar obligaciones procesales, se le concedió el beneficio caucional. 5. Asimismo, personal de esta Comisión, recabó el testimonio de la víctima 1 (cónyuge de la persona agraviada), la que expresó —entre otras cosas— que autoridades de la dependencia de gobierno en la que laboraba su esposo, la auxiliaron para que obtuviera la respectiva pensión, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pero no le entregaron indemnización alguna por los gastos funerarios y otros que realizó por el fallecimiento de su esposo. 6. El 13 de octubre de 2014, las citadas indagatorias fueron consignadas y radicadas en el Juzgado Décimo Tercero Penal de Delitos no Graves en el Distrito Federal, bajo la causa penal 321/2014, la cual se encuentra en proceso. Aceptada/Sujeta a Seguimiento                      
Derecho al trabajo.                      
Derecho a la seguridad jurídica.                       
2014 Cuarto Trimestre 2014 14/2014 CDHDF/I/122/IZTAC/13/D2935, CDHUF/IV/122/MA/11/D1808, CDHDF/IV/121/IZTP/11/D4209, CDHDF/IV/122/IZTP/12/D7657, CDHDF/I/121/AZCAP/11/D4402, CDHDF/IV/121/CUAUH/13/D2411, CDHDF/IV/122/IZTP/11/P5279, CDHDF/IV/122/IZTP/09/D4013, CDHDF/IV/122/CUAUH/09/P6169, CDHDF/IV/121/IZTP/13/D0644, CDHDF/IV/122/TLAL/12/D6978, CDHDF/IV/121/AZCAP/12/D6488, CDHDF/IV/121/BJ/12/D6311, CDHUF/IV/122/AZCAP/12/D6051, CDHDF/IV/122/BJ/12/D4615, CDHDF/IV/122/GAM/12/D4389, CDHDF/IV/121/AZCAP/12/D3932, CDHDF/IV/122/IZTP/12/D2023, CDHDF/IV/121/AZCAP/12/D0931, CDHDF/IV/121/GAM/11/D6979, CDHUF/IV/122/CUAUH/11/D6187, CDHDF/IV/122/IZTAC/11/D6022, CDHDF/IV/121/IZTAC/11/D4099, CDHDF/IV/122/AO/11/P2830, CDHDF/IV/121/CUAUH/11/D2604, CDHUF/IV/121/CUAUH/10/D4049, CDHDF/IV/121/IZTP/09/D6990, CDHDF/IV/122/AZCAP/09/D6931, CDHDF/IV/121/CUAUH/11/D166, CDHDF/IV/121/CUAUH/09/D7084, CDHDF/IV/121/CUAUH/12/D1883, CDHDF/IV/121/AZCAP/09/D6830, CDHDF/IV/122/TLAL/11/P0436, CDHDF/IV/121/AZCAP/11/D0058, CDHDF/IV/121/CUAUH/11/D0118, CDHDF/IV/122/GAM/11/P0120, CDHDF/IV/122/AZCAP/10/D7184, CDHDF/IV/121/AO/10/D5301, CDHDF/IV/121/IZTP/10/D4969, CDHDF/IV/122/CUAUH/10/D4764, CDHDF/IV/121/CUAUH/10/D4755, CDHDF/IV/121/TLAL/10/D4376, CDHDF/IV/122/TLAL/10/D2325, CDHDF/IV/122/AZCAP/10/D2013, CDHDF/IV/121/AZCAP/10/D1996, CDHDF/IV/121/GAM/10/D1751, CDHDF/IV/121/CUAUH/10/D1679, CDHDF/I/122/CUAUH/09/D785, CDHDF/IV/122/AZCAP/09/D7540, CDHDF/III/121/IZTP/09/D7133, CDHDF/IV/121/AZCAP/09/D6567, CDHDF/IV/122/CUAUH/09/D0964, CDHDF/I/122/CUAUH/09/D0584, CDHDF/IV/122/CUAUH/09/D0767, CDHUF/II/122/GAM/09/P0518, CDHDF/I/122/IZTP/08/D7422, CDHDF/IV/122/AO/08/D6725, CDHDF/IV/122/CUAUH/08/D0510, CDHDF/122/07/CUAUH/P7247-IV, CDHDF/122/07/IZTP/P5161-IV, CDHDF/121/07/IZTP/P4972-II, CDHDF/122/07/XOCH/D4846-IV, CDHDF/122/07/IZTP/D4138-IV, CDHDF/IV/122/CUAUH/08/D5338 y CDHDF/121/07/BJ/D2065-IV Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal 95 personas víctimas de tortura cometida por servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal Derecho a la integridad personal, en particular el derecho a no ser sometido a actos de tortura Se describen los hechos de cada uno de los 47 casos analizados en la presente Recomendación, mismos que integran 65 expedientes de queja y que incluyen a 95 víctimas directas. Aceptada/Sujeta a Seguimiento                      
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Derecho a la libertad personal, en particular, el derecho a no ser detenido arbitrariamente y a ser presentado sin demora ante la autoridad que ordenó la localización y  presentación                      
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal Derecho al debido proceso, en particular en cuanto al derecho de contar con una defensa adecuada, el derecho de presunción de inocencia y el derecho de asistencia consular                      
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Derecho de acceso a la justicia, derecho a que se investigue eficaz y oportunamente. Así como se repare el daĖo a las víctimas                      
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (colaboradora) Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la violencia sexual como forma de tortura                      
  Derechos del niĖo, niĖa y adolescente frente a procesos de procuración de justicia                      
2014 Cuarto Trimestre 2014 15/2014 CDHDF/I/121/IZTP/11/D3487 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Detención arbitrara y tortura como método de investigación del delito que se atribuyó a Germán Heredia Rebollar y otras personas Derecho a la libertad personal en relación con el derecho al debido y garantías judiciales Los días 8 y 9 de junio de 2011, la peticionarias 1 y Lourdes Heredia Rebollar; respectivamente, interpusieron  queja en contra de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Procuraduría o PGJDF) la cual se registró bajo el número de expediente CDHDF/I/121/IZTP/11/D3487. Posteriormente, en fecha 24 de enero de 2013, el seĖor Germán Heredia Rebollar amplió la queja contra el Juzgado 58 de lo Penal del Distrito Federal. De la investigación realizada se desprenden los hechos siguientes: 1. El 7 de junio de 2011, siendo aproximadamente entre las 17:30 y las 18:00 horas, elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación del Delito, denominada Fuerza Antisecuestro (FAS), acudieron a bordo de diversos vehículos no identificados como oficiales, al local de venta de aceites y lubricantes ubicado en la colonia Apatlaco en la delegación Iztapalapa, y sin justificación detuvieron a Germán Heredia Rebollar, Inocencia Rebollar, agraviado 1, agraviado 2 y al adolescente A. Durante la detención no se les informó sobre sus derechos ni sobre el motivo de la misma. 2. Al momento de la detención, durante su traslado y, posteriormente, en las instalaciones de la Policía de Investigación de la Fiscalía Antisecuestro, Germán Heredia Rebollar, el agraviado 1, Inocencia Rebollar, el agraviado 2 y el adolescente A, fueron golpeados y agredidos verbalmente, incluso los dos primeros asfixiados con una bolsa de plástico, con el propósito de que se culparan y proporcionaran información sobre un secuestro. Las agresiones verbales e intimidaciones se prolongaron aún cuando ya se encontraban a disposición de la autoridad ministerial. 3. El 7 de junio de 2011, a las 23:40 horas, la y los agraviados fueron puestos a disposición del agente del ministerio público de la Fiscalía Antisecuestro que conocía de la integración de la averiguación previa FAS/T1/371/11-05.  A Germán Heredia Rebollar, Inocencia Rebollar García y el agraviado 1 se les relacionó con el delito de secuestro agravado; en tanto al agraviado 2 y al adolescente A se les imputó la comisión del delito de resistencia de particulares. 4. El 8 de junio de 2011, a las 5:30 horas, el agente del ministerio público ordenó remitir al adolescente A, a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de NiĖos, NiĖas y Adolescentes a efecto que se determinara su situación jurídica; donde el 9 de junio de 2011, a las 23:15 horas, se decretó su libertad en razón de que se le atribuyó un delito que no era considerado como grave por la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal. 5. El 8 de junio de 2011 a las7:15 horas, el  agente del ministerio público, ordenó la retención de Germán Heredia Rebollar, Inocencia Rebollar García, el agraviado 1 y el agraviado 2  por considerar que fueron detenidos en “flagrancia”. Sin embargo, el 9 de junio de 2011, solicitó la medida de arraigo respecto de  los tres primeros, argumentando en la solicitud de dicha medida, que éstos habían sido retenidos bajo la figura de “caso urgente”. El Juzgado 58 de lo Penal del Distrito Federal concedió la orden de arraigo por 30 días, y el agraviado 2 obtuvo la  libertad al haberse acogido a la libertad caucional. 6. El 7 de julio de 2011, una vez transcurrido el plazo de 30 días, la autoridad judicial ordenó levantar la medida de arraigo. La seĖora Inocencia Rebollar García y el agraviado 1 obtuvieron la libertad, ya que el ministerio público no acreditó su probable responsabilidad en el delito. El agraviado Germán Heredia Rebollar, en esa misma fecha, fue detenido ahora con motivo de una orden de aprehensión que libró en su contra el Juzgado 58 de lo Penal del Distrito Federal. 7. El seĖor Germán Heredia Rebollar y el agraviado 1, en su estancia en la agencia ministerial y en la audiencia judicial de arraigo, presentaban diversas lesiones que fueron certificadas por el médico legista, incluso muchas de ellas visibles a simple vista.  Además, el seĖor Heredia Rebollar, el 8 de junio de 2011, en su declaración ministerial denunció la forma en que lo detuvieron y las agresiones físicas que sufrió; declaración que ratificó ante la autoridad judicial en la audiencia del arraigo. 8. El agente del ministerio público de la Fiscalía Antisecuestro y la Jueza 58 de lo Penal del Distrito Federal, no investigaron o implementaron alguna acción para que se investigara  las agresiones físicas que sufrieron los seĖores Heredia Rebollar y el agraviado 1. 9. El 8 de julio de 2011, el seĖor Germán Heredia Rebollar, en su declaración preparatoria que rindió en el procedimiento penal que se instauró en su contra en el Juzgado 58 de lo Penal del Distrito Federal, reiteró su alegación de tortura, sin que dicha autoridad realizara alguna acción para corroborarla o descartarla. Aceptada/Sujeta a Seguimiento                      
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Derechos de la niĖez en relación con el derecho a la libertad personal                      
  Derecho a la integridad personal (derecho a no ser sometido a ningún tipo de tortura y otras pena o tratos creueles, inhumanos o degradantes)                      
2014 Cuarto Trimestre 2014 16/2014 CDHDF/II/121/IZTP/09/P1638, CDHUO/II/121/GAM/09/P3178, CDHDF/II/121/GAM/09/P6753, CDHDF/II/122/XOCH/11/P0621, CDHDF/II/121/IZTP/11/P1168, CDHDF/II/121/CUAUH/11/P2451, CDHUN/II/121/IZTP/11/P5041, CDHDF/II/121/IZTP/11/P5115, CDHDF/II/121/IZTP/11/P7441, CDHDF/II/121/IZTP/11/P7510, CDHDF/II/121/GAM/12/P0192, CDHUN/II/121/XOCH/12/P0306, CDHDF/II/121/GAM/12/P2094, CDHDF/II/121/GAM/12/P2210, CDHDF/II/121/GAM/12/P2507, CDHDF/II/121/XOCH/12/P3501, CDHDF/II/121/GAM/12/P3978, CDHDF/II/122/XOCH/13/P1603, CDHUO/II/121/IZTP/13/P4798 y CDHDF/II/121/IZTP/13/P7399 Secretaría de Salud del Distrito Federal Violación al derecho a la salud y al derecho a la integridad personal de personas privadas de la libertad en centros de reclusión del Distrito Federal. Derecho a la salud de las personas privadas de la libertad en conexidad con el derecho a la vida Durante los aĖos 2009, 2011, 2012 y 2013 se iniciaron en esta Comisión los expedientes de queja citados, en los cuales se presumió la violación al derecho a la salud, a la vida y a la integridad personal de personas privadas de la libertad en los Reclusorios del Distrito Federal. Los hechos de las quejas se dan en el contexto de la especial sujeción de las personas privadas de la libertad respecto a la obligación del Estado de garantizar el goce de sus derechos. Se pone de manifiesto una gama de circunstancias que en lo fundamental inciden en la afectación del derecho a la protección de la salud, derivado de  una atención médica deficiente, ya sea por un inadecuado diagnóstico y seguimiento o falta de atención médica oportuna o por la falta de insumos, equipo médico adecuado y personal en las Unidades Médicas de los Reclusorios Preventivos Varoniles, Norte, Oriente, Sur y Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial del Distrito Federal, además de lossiguienteshospitalesdelaSecretaría de SaluddelDistritoFederal [en adelante “Secretaría de Salud” o “SSDF”]: Hospital General Xoco, Hospital General “Enrique Cabrera”, Hospital General “Gregorio Salas”, Hospital General Ticomán, Hospital General Balbuena y Hospital General Iztapalapa. En 18 de los 20 casos que se presentan en la presente Recomendación, se tuvo como desenlace la muerte de las personas. Aceptada/Sujeta a Seguimiento                      
Derecho a la integridad personal, en particular a no ser sometido a tratos inhumanos, crueles y degradantes en el ámbito de la salud                      
                     
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Segumiento, Fecha de actualización: 31 / Diciembre /2016, Fecha de validación: 15 / Enero / 2017.