Artículo 20: Además de lo seĖalado en el artículo 14, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, deberá mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:  
Fracción I: Las recomendaciones emitidas, su destinatario y el estado que guarda su atención, cuidando en todo momento no difundir información de acceso restringido;  
2013  
Recomendaciones  
Ejercicio Periodo que se informa (Periodo en que se emite la Recomendación) Número de recomendación Número de expediente Autoridad(es) responsable(s) Descripción del caso Derechos humanos violados Descripción de la recomendación Estado del cumplimiento Vínculo a la Recomendación  
2013  Peimer Trimestre 2013           01/2013 CDHDF/III/122/XOCH/12/D2939 Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Vertimiento de aguas residuales en un cuerpo de agua denominado Río Santiago en la Delegación Xochimilco por el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. I. Derecho a un medio ambiente
Derecho a la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente
La CDHDF en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 1ľ y 102 apartado B de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [en adelante “Constitución”]; 1, 3 y 17 fracción II inciso a) de su Ley, 84 y 97 fracciones I y II de su Reglamento Interno, acordó iniciar, el día 9 de mayo de 2012 una investigación de oficio con motivo de las notas periodísticas publicadas el mismo día, en los periódicos Excélsior y La Jornada, las cuales dieron inicio al expediente de queja CDHDF/III/122/XOCH/D2939 para investigar la posible violación del derecho a un medio ambiente sano y al derecho al agua y al saneamiento. De dicha investigación se desprenden los siguientes hechos:

I. 1 El día 9 de mayo de 2012, el periódico Excélsior publicó la nota titulada “Reclusorio Sur cae en delito ambiental”, la cual refleja una entrevista al Director de la Comisión Nacional del Agua en el marco de la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo de Cuenca para el Rescate de Ríos, Barrancas y Cuerpos de Agua en el Valle de México, en la que se difundió lo siguiente: “[l]as descargas negras del Reclusorio sur hacia la presa de San Lucas de Xochimanca agravan la contaminación ambiental y del Río Santiago, denunciaron habitantes de ese pueblo de Xochimilco.”

I. 2. El mismo día en el periódico La Jornada, se publicó una nota con el siguiente encabezado “[s]i no mejora la red de distribución del agua, sobrevendrá el colapso […]”, en la que expuso, igualmente, el Director de la Comisión Nacional del Agua, que si las autoridades locales y federales no diseĖaban pronto un esquema para dejar de sobreexplotar los mantos acuíferos subterráneos y mejorar la red de distribución, se corría el riesgo de sufrir un “colapso” a mediano plazo, por lo que llamó a rescatar los ríos, barrancas y cuencas donde se recargan los mantos freáticos para renovar naturalmente el ciclo hídrico. 

1.3. El Río Santiago se forma en la parte montaĖosa de Tezontitla y San Miguel Topilejo, una parte de su cauce colinda con el Reclusorio Preventivo Varonil Sur [en adelante “Reclusorio Sur”] que se ubica al noroeste del Centro Histórico de la Delegación Xochimilco. Cauce arriba del Reclusorio Sur mantiene un caudal pequeĖo que se incrementa a la altura de las salidas de descarga de las aguas residuales del Reclusorio Sur. A esta altura los linderos del citado río, corresponden a una zona de categoría agroecológica, lo cual implica que en su recorrido las aguas contaminadas impactan suelo de conservación. Al final del recorrido, el río se concentra en el Vaso Regulador de San Lucas Xochimanca, de donde se abastece de agua a las chinampas.
Aceptada/Sujeta a seguimiento  
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. II. Derecho al agua y al sanamiento
Derecho al saneamiento del agua
 
Sistema de Aguas de la
Ciudad de México.
 
Delegación Xochimilco.  
2013 Peimer Trimestre 2013           02/2013 CDHDF/IV/122/CUAUH/09/D5152 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Tortura y otras violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos de la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, denominada Fuerza Antisecuestro (FAS) de la PGJDF.
I. Derecho a la libertad y seguridad personales
Derecho a no ser detenido arbitrariamente
Derecho a ser presentado sin demora ante la autoridad que ordenó la localización y presentación
El 13 de agosto de 2009, la seĖora Francia Nelly Henao Agudelo (en adelante, la peticionaria) presentó queja ante este Organismo contra agentes de la Policía Judicial (hoy Policía de Investigación) de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (en lo sucesivo, la PGJDF o Procuraduría capitalina), la cual se registró con el número de expediente CDHDF/IV/122/CUAUH/09/D5152 . De dicha queja, se desprenden los siguientes hechos:                                                                                                                                       

1. El 25 de mayo de 2009, el agente del Ministerio Público, licenciado Juan José Esparza Zamarripa, adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, denominada Fuerza Antisecuestro de la PGJDF (en adelante, la FAS), solicitó a la entonces Policía Judicial, la localización y presentación inmediata del seĖor Nino Colman Hoyos Henao (en adelante, el agraviado), para que fuera “interrogado y confrontado”, en una averiguación previa iniciada en el 2007, en la que se investigaba el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y en el que la víctima de ese ilícito a esa fecha no había sido localizada .

2. El 11 de agosto de 2009, entre las 16:00 y 16:30 horas aproximadamente, al salir el agraviado de su centro de trabajo (ubicado en la calle Hamburgo, en la colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México), fue interceptado por dos agentes de la Policía Judicial, de doce presentes. Uno de ellos le mostró por segundos una hoja y le dijo que estaba detenido. El agraviado no opuso resistencia, pero preguntó ņcómo sabía que realmente eran la autoridad? No le respondieron, sólo uno de ellos le mostró su placa. Lo subieron al menos entre tres personas a la parte trasera de un vehículo Tsuru, color blanco sin balizar, es decir, sin logo o registro institucional alguno

3. Fue trasladado a la FAS. Durante el trayecto se detuvieron en la glorieta del Ángel de la Independencia con dirección al norte de la ciudad y lo esposaron. La persona que iba con el agraviado en la parte trasera del vehículo, lo inclinó y metió la cabeza de éste debajo de su pierna. Enseguida, lo amenazaron y con groserías, le dijeron: “ya valiste madre, aquí en México las cosas son diferentes”; “nos contrataron para matarte”; “vas a ver cómo te hacemos confesar”, entre otras.

4. Al llegar a la FAS lo bajaron del vehículo, esposado y con la cabeza cubierta con una chamarra, en una postura inclinada y caminando rápido. Lo metieron a las oficinas de la Policía Judicial y allí continuaron las groserías y preguntas relacionadas con la víctima del delito de secuestro. Lo torturaron mediante puĖetazos en la cabeza y en el cuello. Lo agredieron psicológicamente tapándole la cara con plásticos y diciéndole que si no confesaba, le cortarían los dedos a él y a su madre, entre otras cosas.

5. Posteriormente el agraviado, fue trasladado a la entonces 50Ľ Agencia del Ministerio Público (actualmente Agencia Central de Investigación) para que un médico revisara su estado físico.

6. Hasta las 20:38 horas del mismo 11 de agosto de 2009, el agraviado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, Alfonso Díaz Pauli, titular del Tercer Turno con Detenido de la Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros de la PGJDF.

7. De los objetos que le fueron encontrados al agraviado al ser detenido, se omitió entregarle copia del recibo de los mismos. Por otra parte, cabe seĖalar que las actuaciones ministeriales se practicaron en el sistema procesador de textos Microsoft Word, no obstante que no existía impedimento para utilizar el programa del Sistema de Averiguaciones Previas (SAP) el cual tienen el deber de utilizar.

8. El 13 de agosto de 2009, el Juez 28ľ Penal del Distrito Federal decretó arraigo  al agraviado por un periodo de 30 días, por lo que éste ingresó al Centro de Arraigos para cumplir dicha medida cautelar.

9. El 28 de agosto de 2009, el agente del Ministerio Público ejerció acción penal sin detenido contra el agraviado, por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro y solicitó a la autoridad judicial el libramiento de la orden de aprehensión, la cual fue obsequiada y cumplimentada el 7 de septiembre de 2009, por lo que el agraviado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (en adelante, el RPVO).

10. El agraviado fue sujeto a proceso y sentenciado por el delito referido. Dicha sentencia fue confirmada en la resolución emitida en el recurso de apelación. Actualmente el agraviado se encuentra en reclusión. No ha promovido un juicio de amparo directo contra ésta última determinación.

11. Por los hechos de que fue víctima el agraviado por parte de agentes de la Policía de Investigación, en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos se inició una averiguación previa, por los delitos de tortura y robo, en la que se propuso el no ejercicio de la acción penal el 8 de febrero de 2011 por el delito de tortura y la reserva por el delito de robo. Dichas propuestas fueron confirmadas el 3 de agosto de 2011 por la Coordinación de Auxiliares del Procurador.

12. El agraviado interpuso juicio de amparo indirecto contra dichas propuestas. El 15 de mayo de 2012, el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal otorgó el amparo al agraviado para efectos de que el Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF dejara insubsistente la determinación de 3 de agosto de 2011 y emitiera otra que resolviera la improcedencia del no ejercicio de la acción penal por el delito de tortura, en virtud de haberse desatendido durante la indagatoria lo dispuesto por el Protocolo de Estambul y como consecuencia de ello, se ordenara el desahogo de la prueba pericial correspondiente por expertos oficiales que no se desempeĖaran en la PGJDF.

La misma autoridad judicial federal no otorgó el amparo y protección al agraviado, respecto al delito de robo, dado que la autoridad acreditó que parte de los objetos seĖalados como robados estaban bajo el poder de la misma y no hubo por parte del agraviado razonamiento que lo contradijera.

13. En cumplimiento a la resolución del juicio de amparo referido, se dejó insubsistente el acuerdo de no ejercicio de la acción penal referido sólo respecto al delito de tortura y la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos solicitó en la averiguación previa la intervención de peritos independientes a la PGJDF. La petición de la aplicación de la pericial se solicitó al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
No Aceptada  
II. Derecho a la libertad y seguridad personales y a la presunción de inocencia
Derecho a no ser arraigado
 
III.   Derecho a la integridad personal
Derecho a no ser sometido a actos de tortura
 
IV.                    Derecho al debido proceso
Derecho a que la autoridad cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento
 
V. Derecho al acceso a la justicia
Derecho a que se investigue eficaz
 y oportunamente 
 
2013 Peimer Trimestre 2013           03/2013 CDHDF/III/121/GAM/08/D0926 Instituto de Vivienda del Distrito Federal Afectación al derecho a la vivienda adecuada a diversas personas, por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal. I.      Derecho a la vivienda adecuada
a. Obligación del Estado de no realizar desalojos forzosos
b. Derecho a la propiedad en el contexto de los desalojos
c. Derecho a la consulta en el contexto de los desalojos
d. Derecho a la seguridad de la tenencia de la tierra en relación con la seguridad jurídica [certeza jurídica]
e. Asequibilidad y habitabilidad como elementos del derecho a una vivienda adecuada.
Afectación al derecho a la vivienda adecuada a diversas personas, por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal.
Donde se derivaron los siguientes casos:

Caso A, expediente: CDHDF/III/121/GAM/08/D0926,
Caso B, expediente: CDHUO/III/122/VC/09/D6010,
Caso C, expediente: CDHDF/III/122/CUAUH/10/D7934,
Caso D, expediente: CDHUP/III/122/CUAUH/11/D1707,
Caso E, expediente: CDHDF/III/122/CUAUH/11/D1865,
Caso F, expediente: CDHDF/III/121/IZTAC/11/D4156,
Caso G, expediente: CDHDF/III/121/CUAUH/11/D4931,
Caso H, expediente: CDHDF/III/122/CUAUH/11/D5420,
Caso I, expediente: CDHDF/III/122/AZCAP/11/D5846,
Caso J, expediente: CDHDF/III/121/CUAUH/11/D5830,
Caso K, expediente: CDHDF/III/121/CUAUH/12/D2571,
Caso L, expediente: CDHDF/III/122/CUAUH/12/D4003,
Caso M, expediente: CDHDF/III/121/CUAUH/12/D0086,
Caso N, expediente: CDHDF/III/122/BJ/09/D7071,
Caso O, expediente: CDHDF/III/122/MHGO/11/D7387,
Caso P, expediente: CDHDF/III/122/GAM/10/D8465,
Caso Q, expedientes: CDHDF/III/122/CUAUH/11/D3299 y CDHDF/III/122/IZTAC/11/D5455,
Caso R, expediente: CDHDF/III/121/GAM/12/D2760,
Caso S, expediente: CDHDF/III/122/CUAUH/12/D1928,
Caso T, expediente: CDHUN/III/122/GAM/10/D6615,
Caso U, expediente: CDHDF/III/121/CUAUH/12/D5149



Parcialmente Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Secretaría de Seguridad Pública
 del Distrito Federal
II.      Derecho al trabajo  
Procuraduría General de Justicia
 del Distrito Federal
III.      Derecho al acceso a la justicia
a. Debida diligencia en la conducción e integración de la investigación
 
IV.      Derecho a la libertad personal y principio de legalidad  
 
 
2013 Peimer Trimestre 2013           04/2013 CDHDF/I/121/AO/11/D1947 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Mujer detenida arbitrariamente y agredida sexualmente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal I.  Derechos a la libertad y seguridad personales La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en ejercicio de las atribuciones que le confieren  los artículos 1ľ y 102 apartado B de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 y 17 fracción II inciso a) de su Ley, 84 y 97 fracciones I y II de su Reglamento Interno, inició el 25 de marzo de 2011 una investigación de oficio con motivo de la nota de prensa publicada el día 24 del mismo mes y aĖo según la cual, dos policías habían sido acusados de abusar sexualmente de una joven a la que había detenido. Con base en lo anterior. Esta Comisión abrió el expediente de queja CDHDF/I/121/AO/11/D1947, del cual se desprenden los siguientes hechos:

I.1 El día 22 de marzo del 2011 la joven agraviada se encontraba en un lugar de reunión conocido como “El Mirador del Queso” en compaĖía de sus amigos con los apodos “Haloween”, “Pato”, “Isaac”,“Pelón” y “Pancita” en donde estuvieron platicando e inhalando PVC.

I.2 A las 20:45 horas llegó una patrulla tripulada por los policías Juan Carlos Rodríguez Rivera, policía primero, y Alberto López Hernández,  policía segundo, ambos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (en adelante SSPDF). Al darse cuenta de la presencia policial en el lugar donde se encontraban, los amigos de la agraviada salieron corriendo quedándose únicamente ella en dicho lugar. Posteriormente, los policías detuvieron a la agraviada, la hicieron ingresar a la patrulla de policía y confiscaron la lata de PVC.

I.3. Posteriormente, la agraviada fue llevada a la casa de su hermana en donde se le exigió a ésta dinero a cambio de la liberación de aquella. Ante la imposibilidad de la hermana para darles dinero se llevaron a la joven agraviada a un lugar ubicado en “Tepeaca”, en la Delegación Álvaro Obregón.

I.4 Una vez allí, estando en un terreno baldío el policía Juan Carlos Rodríguez Rivera le dijo que cómo le harían para pagar la fianza, contestándole ésta que no tenía dinero. Inmediatamente después y estando dentro de la patrulla, el mismo policía mojó un pedazo de papel y lo humedeció con el PVC que había encontrado previamente, y lo puso en la cara de la agraviada para después violarla vía vaginal. Mientras la agraviada era agredida sexualmente, el policía Alberto López Hernández, estaba afuera de la patrulla vigilando que nadie se acercara.

1.5 Con posterioridad a la agresión sexual la agraviada fue liberada en el lugar conocido como “El Queso” a las 22:20 horas, hora y media después de su detención. Durante el tiempo de la detención la hoy agraviada no fue llevada ante autoridad competente para que ésta calificara o no de legal la detención y en su caso, actuara en el marco de su competencia.

1.6 Los hechos fueron denunciados penalmente por la agraviada, ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dando inicio a la averiguación previa FDS/FDS-2/T-3/00172/11-03. Posteriormente dicha averiguación previa se consignó ante el juez de la causa que libró las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de los dos policías. A la fecha, esos policías siguen evadidos.

1.7 Luego de instruir el correspondiente procedimiento administrativo el 14 de abril de 2011, la Dirección General de Inspección Judicial decreto la suspensión temporal de carácter preventivo en el empleo, cargo o comisión de los policías Juan Carlos  Rodríguez Rivera y  Alberto López Hernández. Posteriormente, el 9 de abril de 2012, El Consejo de Honor y de Justicia de la SSPDF ordenó la destitución del empleo de los mismos policías.



Parcialmente Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
 
II. Derecho a la integridad personal, en  conexidad con los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y la protección de la honra y la dignidad.   
 
 
 
 
2013 Peimer Trimestre 2013           05/2013 CDHDF/III/121/BJ/10/D6116 Secretaría de Salud del Distrito Federal Violación al derecho a la salud, por mala práctica médica, en agravio de una persona. I. Derechos al disfrute del más alto nivel posible de vida  El 10 de septiembre de 2010 el peticionario interpuso una queja en esta Comisión, la cual se registró con el número de expediente CDHDF/III/121/BJ/10/D6116 de la que se desprenden los siguientes hechos:

• El 15 de enero de 2007 el peticionario, en compaĖía de su hermana, acudió al servicio de urgencias del Hospital General Xoco debido a un dolor que tenía a la altura del abdomen.

• Posterior a su admisión, médicos del Hospital le diagnosticaron cáncer terminal en el hígado, indicando a su hermana que el peticionario se encontraba muy grave.

• Durante su estancia en el Hospital lo sometieron a procedimientos que no fueron los indicados para diagnosticar su padecimiento; asimismo, fue sometido a una cirugía que no era requerida ni adecuada.

• Aproximadamente 15 días después, por insistencia de sus familiares y bajo su responsabilidad, se le otorgó el alta voluntaria del Hospital General Xoco y acudió al Instituto Nacional de Cancerología [en adelante “INCAN”], en donde después de varios estudios descubrieron que no tenía cáncer y fue dado de alta.

• Actualmente es atendido en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, con el diagnóstico y tratamiento adecuado su estado de salud ha mejorado significativamente.

• El diagnóstico de cáncer terminal por el Hospital Xoco daĖó de manera grave la integridad psicológica del peticionario. Asimismo, la falta de tratamiento y diagnóstico oportuno por parte de dicho Hospital provocaron daĖos en su salud y en su patrimonio.


Aceptada/Sujeta a seguimiento  
 
 
 
 
2013 Peimer Trimestre 2013           06/2013 CDHDF/I/121/VC/10/D7463 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Detención arbitraria y cambio de calidad jurídica dentro del proceso penal de denunciante a probable responsable de la comisión de un delito.  I. Derecho a la libertad personal El 1ľ de noviembre de 2010, el peticionario/agraviado Oscar Alba Sánchez interpuso una queja en contra de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (en lo sucesivo la Procuraduría o PGJDF) la cual se registró bajo el número de expediente CDHDF/I/121/VC/10/D7463. Esta Comisión a partir de la investigación llevada a cabo, desprende los siguientes hechos:

I.1 El día 20 de diciembre de 2009 el agraviado adquirió en un “tianguis de autos” en Venta de Carpio, ubicado en el municipio de Ecatepec, Estado de México, un automóvil blanco, marca Chevrolet, tipo Aveo, modelo 2008, recibiendo por parte del vendedor la llave del automóvil y el original de la tarjeta de circulación de dicho automóvil. 

I.2 El día 30 del mismo mes y aĖo, el agraviado solicitó el apoyo de elementos de la Secretaría de  Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), ya que pensaba que unos sujetos le estaban robando el vehículo anteriormente mencionado. Al momento en que fueron detenidas las personas que presuntamente se robaban el  vehículo, éstos seĖalaron ser empleados de una empresa dedicada al arrendamiento de vehículos (en lo sucesivo “la empresa”) y que ese automóvil se había dado en arrendamiento el día 15 de diciembre del 2009 sin que lo haya devuelto el arrendatario. Por esa razón, procedieron a rastrearlo vía satélite y al encontrarlo se lo llevaron con el duplicado de la copia de la llave que ellos guardan.

I.3 Posteriormente los agentes de policía decidieron detener a todas las personas, incluyendo al agraviado para ponerlos a disposición del Ministerio Público. Una vez que fueron puestos a disposición, funcionarios de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia VC-1, de la PGJDF  iniciaron la averiguación previa FVC/VC-1/T3/02906/09-12, donde le dieron inicialmente al agraviado la calidad de denunciante, y posteriormente le cambiaron su situación jurídica a la de probable responsable de los delitos de encubrimiento por receptación y utilización de tarjeta de circulación falsa para identificar vehículos automotores, procediendo a acordar la formal retención del mismo, Una vez transcurrido el término constitucional de cuarenta y ocho horas el agente del Ministerio Público ejerció acción penal por el delito de utilización de tarjeta de circulación falsa para identificar vehículos automotores y trasladó al hoy agraviado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

I.4 El 7 de enero del 2010 el Juez que conoció el asunto determinó que no había elementos para iniciar un proceso en contra del agraviado y que la consignación del Ministerio Público había sido infundada.

1.5 Posteriormente, el 8 de febrero de 2010 el agraviado denunció a los servidores públicos de la  Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia VC-1, que intervinieron en su detención, ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos (en adelante Fiscalía para Servidores Públicos), dando inició a la averiguación previa FSP/B/T1/228/10-02 por el delito de prevaricato. Sin embargo, ante las deficiencias que se presentaban en la integración de dicha averiguación previa, el agraviado decidió denunciar a los servidores públicos involucrados en la integración e investigación de la misma, dando inicio a la averiguación previa FSP/B/T2/1833/10-08.



No Aceptada  
II. Derechos de las víctimas o personas ofendidas  
III. Derecho de acceso a la justicia.  
 
 
2013 Segundo Trimestre 2013           07/2013 CDHDF/I/121/CUAUH/12/D7581  Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Violaciones a derechos humanos en el contexto del operativo policial del 1 de diciembre de 2012 denominado por autoridades del Distrito Federal “Transmisión del Poder Ejecutivo Federal” y “Palacio Nacional”. I. Derechos a la seguridad ciudadana La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal atendiendo la gravedad de los eventos suscitados en la Ciudad de México en torno al operativo policial denominado “Transmisión del Poder Ejecutivo Federal” y “Palacio Nacional” (en lo sucesivo el operativo), en ejercicio de su mandato constitucional y legal a partir el 1 de diciembre de 2012, implementó de manera oficiosa una serie de acciones tendientes a la protección, defensa y vigilancia de los derechos humanos de las personas relacionadas en el caso, en virtud de lo cual se solicitó la implementación de diversas medidas precautorias, y visitadores y visitadoras adjuntas desde esa fecha acudieron a las instalaciones de la Fiscalía Central de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (en adelante agencia 50), instancia a la que fueron remitidas las personas detenidas a quienes se entrevistaron, así como a sus familiares, abogados y  autoridades, además de autenticar declaraciones y hechos que acontecieron en su presencia.

De manera paralela a esas acciones oficiosas, en el periodo comprendido entre el 1 y el 10 de diciembre de 2012, las personas peticionarias Marco Antonio López Galicia, Adrián Alejandro Pacheco MontaĖo, Peticionaria 1, Marcos Uriel Polo Guzmán, Jokczan Ruíz Vargas, Peticionaria 2, Alma Adriana Jasso Díaz,  Haydé Noemi López Martínez, María de los Ángeles Rodríguez Arzate, Peticionaria 3, Peticionaria 4, Katina Vackimes Serret, Iván Pedroza Reyes, Marisol Gómez Gutiérrez, Patricia Martínez González y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C., interpusieron queja contra autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (en lo sucesivo SSPDF), de la Procuraduría General de Justicia (en adelante Procuraduría o PGJDF) y de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Distrito Federal por hechos cometidos durante y posterior al operativo las cuales se registraron bajo los expedientes que al rubro se citan.

Por otra parte, la Comisión conforme a lo dispuesto en los artículos 1ľ y 102 apartado B de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 y 17 fracción II inciso a) de su Ley, 84 y 97 fracciones I y IV de su Reglamento Interno, el día 5 de diciembre de 2012, acordó iniciar investigación de oficio, con motivo de hechos presuntamente constitutivos de violaciones a derechos humanos cometidos por elementos de la SSPDF durante el operativo en agravio de Ana Lilia Yepez Cancino.
De las dieciséis investigaciones se determinó su acumulación mediante acuerdos de fecha 7, 8 y 9 de enero, 1 y 27 de febrero todos del 2013. La CDHDF a partir de la investigación llevada a cabo desprende los hechos siguientes:

1. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, planeó y organizó el operativo con la misión de garantizar durante los actos públicos del 1 de diciembre de 2012 el orden público, la integridad física y patrimonial de las personas, la protección de lugares considerados como estratégicos y la prevención de conductas delictivas.

2. La Policía de Investigación del Distrito Federal, también participó en el operativo.

3. El operativo del 1 de diciembre de 2012, se vio superado por causas de facto, que afectaron la seguridad personal tanto de los manifestantes como de los servidores públicos que participaron en el operativo, así como bienes públicos y privados.

4. La CDHDF documentó que en el marco del operativo, al menos se detuvo a 99 personas, de las cuales, sólo 97 fueron puestas a disposición de la Fiscalía Central de Investigación de la PGJDF, bajo el argumento que fueron detenidas cuando cometieron daĖos a personas y bienes tanto públicos como privados.

5. Algunas de las personas detenidas presentaron lesiones y golpes.

6. El operativo en su ejecución afectó a personas que se manifestaban de manera pacífica.

Parcialmente Aceptada/Sujeta a Seguimiento  
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. II. Derechos a la seguridad ciudadana  
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. III. Derecho a la integridad personal  
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.  IV.Derecho a la manifestación y a la protesta  
 
2013 Segundo Trimestre 2013           08/2013 CDHDF/IV/122/CUAUH/13/D0208  Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ejecuciones arbitrarias  y falta de mecanismos de seguimiento y supervisión en distintos aspectos, que propician la muerte de civiles.
• Agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia, y
  Policías de la Secretaría de Seguridad Pública, ambas instituciones del Distrito Federal.
I. Derecho a la vida I.1. Caso A, expediente CDHDF/IV/122/CUAUH/13/D0208
El 12 de enero de 2013, aproximadamente entre la 01:00 y 02:00 horas, la persona agraviada 1 , de 22 aĖos de edad, y su amigo, la persona agraviada 2, de 17 aĖos de edad, fueron detenidos sin motivo legal por el agente de la Policía de Investigación Luis Guillermo Flores Capetillo que tripulaba la patrulla 03094 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (en adelante, la PGJDF o la Procuraduría capitalina), a las afueras del Bar Living, ubicado en avenida Bucareli, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. Horas más tarde, las personas agraviadas fueron encontradas sin vida en la colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco.
I.2. Caso B, expediente CDHDF/IV/122/TLAL/12/D7293
El 18 de noviembre de 2012, en la calle de Ferrocarril de Cuernavaca, colonia Chimilli, Delegación Tlalpan, el policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (en adelante, la SSPDF), José Ángel Serrano Romero, tripulante de la patrulla P-6745, sin motivo que lo justificara disparó su arma de fuego  contra varias personas: un joven  perdió la vida a causa de las lesiones que sufrió (la persona agraviada 1),  y 2 personas más resultaron heridas a causa de los disparos que recibieron en diversas partes de su cuerpo (las personas agraviadas 2 y 3, respectivamente).
I.3. Caso C, expediente CDHDF/IV/121/BJ/12/D6620 (y su acumulado CDHDF/IV/121/BJ/11/D6670)
El 29 de octubre de 2011, en una de las calles de la colonia Postal, de la Delegación Benito Juárez, la persona agraviada indebidamente recibió dos impactos de bala por parte del policía preventivo de la SSPDF Humberto Barragán Rojas, placa 896906, tripulante de la patrulla P85-27. Minutos después el joven murió.
I.4. Caso D, expediente CDHDF/IV/122/IZTAC/11/D4594
El 20 de julio de 2011, en la colonia Janitzio, de la Delegación Venustiano Carranza, elementos de la Policía Preventiva de la SSPDF, dispararon contra la persona agraviada que tripulaba una motocicleta, junto con otras personas, después de una persecución por parte de policías preventivos,  por diversas calles de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza. La persona agraviada murió.
I.5. Caso E, expediente CDHDF/IV/121/GAM/10/D3407
El 26 de mayo de 2010, en la colonia Guadalupe Tepeyac, de la Delegación Gustavo A. Madero, el agente de la Policía de Investigación Víctor Manuel Rangel Cabrera, de la PGJDF, que ese día no se presentó a laborar,  transitaba a bordo de su motocicleta;  se impactó contra un taxi conducido por la persona agraviada; el servidor público aludido se dirigió con el conductor de dicho automóvil, con quien discutió, sacó su arma de cargo y le disparó, ocasionándole su muerte.
I.6. Caso F, los datos tanto del registro como del expediente se omiten, considerando que  las personas agraviadas indirectas no otorgaron su consentimiento a este Organismo para hacer públicos los hechos, por lo que los detalles del caso, así como la información que pudiera permitir identificar el caso o a las víctimas, se mantienen en reserva. No obstante, considerando que se trata de una violación grave a derechos humanos, para este Organismo es importante seĖalarlo.
Los hechos están asociados a que un joven, sin motivo alguno, recibió un impacto de bala por un agente de la Policía de Investigación. Con motivo de ello la persona agraviada murió.
Parcialmente aceptada/Sujeta a seguimiento  
 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. II. Derecho de acceso a la justicia.   
 
 
2013 Segundo Trimestre 2013           09/2013 CDHDF/121/07/VC/D4610-II Secretaría de Salud del Distrito Federal Mala práctica médica. Violaciones al derecho a la salud, vida e integridad de personas privadas de la libertad en Reclusorios del Distrito Federal. 
I. Derecho a la vida por negligencia médica 1.1 Caso 1

El 17 de agosto del 2007, se recibió en esta Comisión una queja a la que se le asignó el número de expediente CDHDF/121/07/VC/D4610-II, en la que el peticionario 1 manifestó que a su hijo, agraviado 1, lo detuvieron el 31 de julio de 2007, al sufrir un accidente automovilístico cuando manejaba una motocicleta.

Debido a las lesiones derivadas del accidente de tránsito, fue referido al Hospital General Balbuena, donde permaneció hasta el 1 de agosto de 2007, fecha en la que lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, siendo ubicado en la Unidad Médica. Dado el estado de salud que presentaba el agraviado 1, ese mismo día fue referido al Hospital General Xoco y al Hospital General Rubén LeĖero, siendo que en ninguno de los dos hospitales lo aceptaron.

Por lo anterior el personal de la Unidad Médica del Reclusorio Norte tomó la decisión de hospitalizarlo en la propia Unidad Médica, en donde se le mantuvo en reposo absoluto y bajo observación, pero sin atención ortopédica especializada. Posteriormente, el 29 de octubre de 2007, personal de la Unidad Médica del Reclusorio Preventivo Varonil Norte refirió al agraviado 1 al Hospital General Balbuena, en donde tampoco fue atendido debido a que no contaban con su kardex y no se había hecho el pago por consulta equivalente a $14.00 (catorce pesos 00/100 m.n.), motivo por el que no fue tratado en dicho hospital siendo reingresado a la Unidad Hospitalaria del Reclusorio Norte.

El día 5 de noviembre fue nuevamente referido al Hospital General Balbuena en donde fue valorado y diagnosticado. Se le indicó valoración por cirugía plástica reconstructiva ya que del mismo accidente automovilístico sufrió lesiones en la mano derecha, y para la atención de la fractura de la cadera se le dio cita seis semanas después, y se le envió al reclusorio de origen.  

El 6 de noviembre de 2007 el agraviado 1 fue dado de alta del servicio médico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte para ser ubicado en el área de población del propio centro.

Habiéndose cumplido las seis semanas para la valoración indicada por ortopedia, el personal de la Unidad Médica del Reclusorio Preventivo Varonil Norte omitió referirlo al nosocomio para su consulta.

Posterior a la omisión de referencia al servicio de ortopedia, fue hasta el 23 de junio de 2008 cuando lo valoraron en el Hospital General Balbuena en el servicio de Ortopedia y se le indicó al agraviado que ya presentaba fractura consolidada, y que requería rehabilitación de extremidades, no obstante, la Unidad Médica del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, no le dio seguimiento al tratamiento prescito por el Hospital General Balbuena, ni se hicieron las gestiones necesarias para canalizarlo a rehabilitación, por lo que a la emisión de la presente recomendación, el agraviado 1 presenta diversas secuelas como dificultad para caminar así como para realizar acciones básicas de movilidad.

En cuanto al expediente acumulado, en el aĖo 2010, el mismo peticionario 1 manifestó que su hijo, ya identificado como agraviado 1, nuevamente requirió atención médica por problemas gástricos, así como dificultad para respirar por desviación de septum nasal, requiriendo intervención quirúrgica sin que a la fecha haya recibido la atención adecuada.

1.2  Caso 2.

El 4 de agosto de 2008, se inició una queja a la que se le asignó el número de expediente CDHDF/II/121/IZTP/08/P4485 con motivo de la comparecencia que realizó el peticionario 2, quien manifestó que su hijo, agraviado 2, se encontraba privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y desde el mes de enero del 2008, constantemente se enfermaba del estómago, presentaba pérdida de peso, fiebre y diarrea; sin embargo, en el servicio médico del centro únicamente le proporcionaban pastillas para el dolor e infección, las cuales no lo curaban y conforme iba pasando el tiempo su estado de salud empeoraba. En la Unidad Médica el interno fue valorado en cuatro ocasiones, el 3 de junio, 22 de junio, 23 de junio y el 4 de julio todos de 2008, sin que se le realizaran estudios de gabinete oportunos ni seguimiento especializado a la evolución de su padecimiento, motivo por el cual hasta el 9 de julio del 2008 fue trasladado al servicio de urgencias del Hospital General Xoco.

Al momento del ingreso del agraviado 2 al referido nosocomio, se le hospitalizó, y ese mismo día se le practicó laparotomía exploradora por presentar síntomas de apendicitis; después de dicha intervención, permaneció con el abdomen abierto y se le realizaron diversos lavados de cavidad, le extrajeron un segmento de intestino para su análisis.

Fue hasta el análisis patológico del segmento de intestino del agraviado que se detectó la presencia de granulomatosis en el intestino delgado y grueso, que suele ser compatible con tuberculosis intestinal, motivo por el cual se solicitó se le practicara al agraviado 2 la prueba de Elisa, reportándose positivo el 1 de agosto.

El agraviado falleció el 4 de agosto del 2008.
 
1.3 Caso 3.

El 26 de agosto del 2008, se inició el expediente CDHDF/II/121/XOCH/08/P4981 con motivo de la comparecencia que realizó el peticionario 3, quien manifestó que su hijo, agraviado 3, se encontraba privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur y desde hacía aproximadamente aĖo y medio presentaba diversos padecimientos, como pérdida de peso, dolor de cabeza, disminución en la capacidad visual, esofagitis, gastritis, duodenitis, y esófago de barret. Acudía de forma recurrente al servicio médico, pero en muchas ocasiones no le brindaban la atención, porque no había fichas y cuando se la proporcionaban, únicamente le brindaban la atención de forma superficial, dándole tratamiento exclusivamente para los padecimientos gástricos, sin practicarle estudios de forma oportuna, ni brindarle un diagnóstico certero sobre todos los síntomas que presentaba.

Para el mes de septiembre del 2008, el estado de salud del agraviado 3, se encontraba muy deteriorado, ya que presentaba cefalea intensa, dolor de cuello, mareos y disminución visual. Fue atendido sobre estos padecimientos únicamente en la Unidad Médica del Reclusorio Sur, pero dado que su estado de salud se deterioraba, ya que no sostenía la marcha, fue referido al Hospital General Xoco.

El agraviado fue atendido por primera vez en la Unidad Médica del Reclusorio Sur para el tratamiento de estos padecimientos en mayo de 2007, y fue hasta el 17 de abril de 2008, es decir, un aĖo y un mes después, cuando la Unidad Médica del Reclusorio Sur reportó que presentaba, previa realización de endoscopía realizada en el Hospital General de Xoco el 17 de abril de 2008, esofagitis grado B de los Ángeles, probable esófago de Barret, gastritis química biliar de cuerpo y antro y duodenitis, por lo que fue trasladado para su atención médica especializada a la Torre Médica Tepepan el 13 de mayo de 2008, en dónde sólo estuvo un día para efectos del diagnóstico.
 
El mismo 13 de mayo de 2008, el agraviado 3 fue reingresado al Reclusorio Sur, en donde fue ubicado en el área de población siendo atendido en la Unidad Médica por el área de consulta externa.

El 8 de enero de 2009, por las gestiones realizadas por esta Comisión, fue referido al Hospital Juárez de México para que lo valorara la especialidad de gastroenterología, siendo que de dicha atención se le valoró con enfermedad por reflujo gastroesofágico complicada con esofagitis grado B de los Ángeles, a descartar probable esófago de Barret EAP gastropatía probable biliar y parálisis facial izquierda.  

El mismo día fue nuevamente reingresado al Reclusorio Sur, ya que únicamente se le dio la atención por consulta externa, siendo que nuevamente fue ubicado en área de población del propio centro carcelario.

El 16 de enero de 2009, el personal de la Unidad Médica del Reclusorio Sur atendió al agraviado 3 por cefalea de predominio occipital ocasional y pérdida de peso de aproximadamente 8 kg. Por lo que además de los diagnósticos previos se le determinó cervicalgia.

El 26 de enero de 2009, el interno fue referido al Hospital General Xoco por presentar cuadros de cefaleas acompaĖados de visión borrosa, lo que le impedía la deambulación por sí mismo.

En el Hospital General Xoco fue valorado por la especialidad de neurología determinando que presentaba, por lo menos, cuatro meses de evolución de la cefalea y de la visión borrosa, motivo por el cual el 27 de enero, luego de practicarle una tomografía, se le diagnosticó hidrocefalia, gran dilatación del sistema ventricular, edema transependimario, surcos y cisuras colapsadas y lesión a nivel cerebelo que afecta IV ventrículo (probable tumor).

El 11 de febrero de 2009, se le practicó al agraviado 3 una craniectomía suboccipital y resección de tumor, no obstante su estado de salud continuó en deterioro, siendo que finalmente el agraviado falleció en el Hospital General Xoco el 20 de febrero de 2009.


1.4 Caso 4

El 19 de noviembre de 2008, se inició el expediente CDHDF/II/121/IZTP/08/P6836 con motivo del escrito interpuesto por la peticionaria 4, quien manifestó que su hijo, agraviado 4, se encontraba privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, presentaba problemas renales, había sido referido a diversos hospitales y no le brindaban la atención médica oportuna.

Sus padecimientos renales se complicaron y aun cuando fue referido en cuatro ocasiones al Hospital General Xoco, y dos al Hospital General Rubén LeĖero, no fue sino hasta el 9 de diciembre de 2008 que se le internó en la Torre Médica Tepepan, cuando fue valorado por la especialidad de urología, en donde se determinó que se tenía que descartar probable cáncer testicular. Un mes después de los hechos, en concreto, el 5 de enero de 2009 el agraviado falleció, siendo tratado, previo a su deceso, en el Instituto Nacional de Cancerología.
1. 5 Caso 5

El 3 de abril de 2009, se inició el expediente CDHDF/II/121/IZTP/09/P1983 con motivo del escrito remitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, interpuesto por la peticionaria 5, quien manifestó que su hijo, agraviado 5, permanecía privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, que derivado de un impacto de bala que sufrió en el aĖo de 1993, era parapléjico y presentaba incontinencia urinaria, por lo que tenía que utilizar una sonda para orinar.

Derivado de la insensibilidad en ambas extremidades y de la inmovilidad en la que se encontraba, presentaba diversas escaras en las piernas y cintura, que oscilaban entre 1 y 10 cm aproximadamente. Requería atención médica y curaciones permanentes, limpieza de llagas para evitar que éstas se le complicaran, no obstante que sus compaĖeros de estancia le realizaban las curaciones, en el servicio médico del reclusorio tenían conocimiento de su caso, pues constantemente era hospitalizado ya que recaía. Las úlceras se le infectaban, presentaba diarreas, vómitos y debilidad de forma periódica, pero una vez que le realizaban las curaciones y le suministraban suero, lo daban de alta, con la indicación de que podía regresar en caso de urgencia.

El 29 de marzo del 2009, volvió a presentar este cuadro clínico, por lo que fue valorado en la Unidad Médica, se le diagnosticó aumento de frecuencia cardiaca, desequilibrio hidroelectrolítico, probable sepsis y anemia, por lo que fue trasladado al Hospital General Xoco, lugar donde en esa misma fecha falleció.

1.6 Caso 6

Esta Comisión inició el expediente CDHDF/II/122/IZTP/09/P5644 derivado de la solicitud interpuesta por la peticionaria 6 en representación del agraviado 6, quien se encontraba privado de la libertad en el Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla.
La peticionaria manifestó que el 27 de agosto del 2009, recibió una llamada telefónica proveniente del Hospital General Iztapalapa (Comunidad Económica Europea), mediante la cual le informaron que el agraviado estaba llegando ahí.
El 28 de agosto del 2009, pudo ingresar a visita y observó que el agraviado se encontraba muy mal de salud y no estaba recibiendo la atención médica adecuada. Desde el día anterior, lo tenían en una silla con suero y sentía mucho frío.
El 29 de agosto del 2009, fue llevado al área de medicina interna, donde lo encontró descuidado, es decir, temblando de frío, delirando y no había ninguna enfermera que lo pudiera atender. Buscó a una enfermera quien le dijo que la familia debía llevar las cobijas porque ahí no había.
En varias ocasiones solicitó a personal médico del Hospital General Iztapalapa, informes respecto a la situación del agraviado, quien de forma déspota y sin permitir alguna pregunta, le indicó que se encontraba grave y que era su responsabilidad, sin dar una explicación respecto del tratamiento al que lo sometería y lo que se esperaba de ello.
A fin de poder atender al agraviado, solicitó un pase de 24 horas, mismo que le negaron argumentado que por ser un reo eso era imposible; sin embargo, cada vez que ingresaba la familia a visitarlo, notaron que se encontraba sin atención.
El 3 de septiembre de 2009, personal del hospital le solicitó a la familia llevaran Trimetropim/Sulfatmetoxazol en ampolletas 160/800 MG, la cual se había prescrito desde el 1 de septiembre del 2009, además, fue hasta entonces que se solicitó la autorización para que le practicaran a su familiar estudios para la detección del virus de inmunodeficiencia humana, con la finalidad de determinar un tratamiento adecuado.
Posteriormente, el agraviado falleció, derivado de los padecimientos que presentaba.

1.7 Caso 7

El 4 de noviembre de 2009, se inició el expediente CDHUS/II/121/XOCH/09/P6956 con motivo de la comunicación telefónica que realizó la peticionaria y agraviada 7, quien manifestó que se encontraba privada de la libertad en el Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan.

La peticionaria y agraviada 7, presentaba ictericia desde el mes de octubre del 2009 y un fuerte dolor en el área del estómago; por ello, acudió al servicio médico de ese centro de reclusión, donde le realizaron diversos exámenes médicos y le proporcionaron medicamentos, incluso, determinaron referirla al Hospital General Iztapalapa, lugar en donde la valoraron, pero en cuatro ocasiones que fue referida, le seĖalaron que debía seguir el protocolo de atención por consulta externa en la especialidad de cirugía general.

Dado que su estado de salud se deterioraba, el 4 de noviembre del 2009, fecha que interpuso la queja en este Organismo, fue trasladada al área de urgencias del Hospital General la Villa, donde permaneció hasta el día 20 de noviembre del 2009, fecha en que falleció con probable diagnóstico de insuficiencia hepática secundaria a cáncer de vesícula con metástasis a hígado.

1.8 Caso 8

El 4 de noviembre de 2009, se inició el expediente CDHDF/II/122/GAM/09/P6392 con motivo de la comunicación telefónica que presentó la peticionaria 8, quien manifestó que el agraviado 8, se encontraba privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El agraviado 8 padecía diabetes mellitus y aún cuando acudía de forma periódica al servicio médico del centro de reclusión, y fue tratado en los Hospitales Generales La Villa y Ticomán, no se estableció un seguimiento adecuado y oportuno. El 4 de noviembre del 2009, presentó complicaciones de diabetes, retinopatía y deficiencia renal que descompensó su estado de salud, por lo que fue trasladado al Hospital de Especialidades Médicas “Dr. Belisario Domínguez”, donde falleció.

1.9 Caso 9

El 17 de mayo de 2010, esta Comisión inició el expediente CDHDF/II/121/GAM/10/P3119 derivado de la comparecencia personal realizada por la peticionaria 9, quien manifestó que el agraviado 9, se encontraba interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

SeĖaló la peticionaria que el agraviado se enfermó del estómago y acudió al servicio médico, donde le diagnosticaron infección, prescribiéndole unas pastillas. Le dijeron que le iban a hacer unos estudios clínicos para saber qué es lo que tenía; sin embargo, nunca se los practicaron bajo el argumento de que el interno no se había presentado.

AĖadió que estuvo recibiendo llamadas telefónicas de un interno, quien le informaba que su hermano continuaba mal, pero seĖala que el personal del servicio médico nunca lo quiso trasladar a un Hospital del Gobierno del Distrito Federal, sino hasta el 11 de mayo, fecha en la que fue referido al Hospital General la Villa por presentar dolor abdominal con evolución de doce días.

El diagnóstico de los médicos tratantes fue que presentaba fiebre tifoidea, hepatitis viral y finalmente dijeron que posiblemente se trataba de cáncer o SIDA, pero nunca le realizaron análisis para saber qué tenía. Ese mismo día falleció, pero en el acta de defunción la doctora que redactó el documento, manifestó que su hermano llegó con exceso de aliento alcohólico, siendo que su familiar no ingería éste tipo de bebidas, incluso, en el certificado médico que le entregaron hay varios errores de tiempo, modo y lugar.

1.10 Caso 10

El 27 de enero de 2011, se inició el expediente CDHDF/II/121/IZTP/11/P0548, derivado de la comunicación formulada por la peticionaria 10, quien manifestó que el agraviado 10, interno en la Penitenciaría del Distrito Federal, fue llevado de urgencia al Servicio Médico de esa institución, debido a que tenía mucha fiebre y diarrea. El 23 de enero de 2011, los doctores le indicaron que le realizaron un examen y resultó que era portador de VIH, por lo que permanecía hospitalizado.

En los días siguientes, personal de esta CDHDF solicitó información sobre la evolución del paciente a personal de la Unidad Médica, gestiones de las que se obtuvo que el agraviado resultó positivo a VIH mediante prueba rápida, estuvo hospitalizado en la Unidad Médica de la Penitenciaría del Distrito Federal, pero no presentó mejoría, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital de Especialidades de la Ciudad de México Dr. Belisario Domínguez, donde falleció el 17 de febrero del 2011.

Destaca que en enero de 2009 se le practicó una prueba rápida cuyo resultado fue positivo; sin embargo, no existe constancia en el expediente de que se haya solicitado la prueba confirmatoria (western blod).
Aceptada/Sujeta a seguimiento  
 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal II. Derecho a la salud  
III. Derecho a la integridad física  
 
2013 Segundo Trimestre 2013           10/2013 CDHDF/III/122/CUAUH/08/D3790 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal Incumplimiento de laudos, sentencias y otras resoluciones firmes en los ámbitos laboral y administrativo, por parte de diversos órganos y autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal. I. Derecho a la vida por negligencia médica En 66 casos, tanto individuales como colectivos, investigados a través de 64 expedientes de queja, esta Comisión constató que diversas autoridades y órganos de la Administración Pública del Distrito Federal son omisos en el cumplimiento de laudos así como sentencias y otras resoluciones firmes en los ámbitos laboral y administrativo.


Caso 1. Varios peticionarios (Expediente CDHDF/III/122/CUAUH/08/D3790)
Caso 2. Emilio Hernández Ortiz (Expediente CDHDF/I/121/CUAUH/10/D6430)
Caso 3. Peticionaria 3 (Expediente CDHDF/I/121/CUAUH/11/D5372)
Caso 4. Carlos Ernesto Ponce Espejel (Expediente CDHDF/I/121/CUAUH/11/D7506)
Caso 5. Peticionario 4 (Expediente CDHDF/III/122/CUAUH/12/D0338)
Caso 6. Peticionaria 5 (Expediente CDHDF/III/121/CUAUH/12/D0599)
Caso 7. Peticionario 6 (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D1796)
Caso 8. Roberto Suárez Rabling (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D1954)
Caso 9. Pablo Díaz Hernández (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D2748)
Caso 10. Rubén Servín PeĖa (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D2816)
Caso 11. Carlos González Merino (Expediente CDHDF/V/122/BJ/12/N2826)
Caso 12. Peticionario 7 (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D2859)
Caso 13. Peticionaria 8 (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D2915)
Caso 14. Carlos Reyes Corona (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D2998)
Caso 15. Peticionario 9 (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D3031)
Caso 16. Fernando Agustín López González (Expediente CDHUS/V/121/CUAUH/12/D3056)
Caso 17. Salvador Reyes Jiménez (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/N3508)
Caso 18. Alejandro López Vázquez (Expediente CDHDF/V/121/BJ/12/D3559)
Caso 19. Ana Laura Díaz Cuadrilla (Expediente CDHUS/V/121/CUAUH/12/D3660)
Caso 20. Julio César Aguilar Lugo (Expediente CDHDF/V/121/BJ/12/D3844)
Caso 21. Peticionario 10 (Expediente CDHDF/V/121/IZTAC/12/D3896)
Caso 22. Víctima 11 (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D4043)
Caso 23. Peticionario 12 (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D4075)
Caso 24. Ángel Contreras Barrios (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D4863)
Caso 25. Peticionario 13 (Expediente CDHDF/V/122/IZTAC/12/D4903)
Caso 26. Edgar Ulises López Víquez (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D5676)
Caso 27. Patricia Solís Bello Ortiz (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D5753)
Caso 28. Agustín Albarrán Morales (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D5806)
Caso 29. Rosalba Alonso Olmedo y otros (Expediente CDHDF/V/122/CUAUH/12/D6010)
Caso 30. Manuel Trejo Calva (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D6214)
Caso 31. Guadalupe Aguilar Valdés (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D7016)
Caso 32. Peticionario 14 (Expediente CDHDF/V/122/BJ/12/D7061)
Caso 33. Javier Guijosa Castro (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D7496)
Caso 34. Peticionaria 33 (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D7506)
Caso 35. Adolfo Armando Vivas González (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D7529)
Caso 36. José Eduardo Alba Flores (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D7539)
Caso 37. Pascual Gordillo Solorio (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D7805)
Caso 38. Peticionario 15 (Expediente CDHDF/V/121/GAM/13/D0185)
Caso 39. Maricarmen Cázares Millán (Expediente CDHDF/V/121/BJ/13/D0204)
Caso 40. Peticionario 16 (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/13/D0383)
Caso 41. Víctima 17 (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/13/D0530)
Caso 42. Víctima 18 (Expediente CDHDF/V/121/IZTAC/13/D0537)
Caso 43. Olivia Luna Jara (Expediente CDHDF/V/121/COY/13/D0545)
Caso 44. Peticionario 19 (Expediente CDHDF/V/122/CUAUH/13/D0959)
Caso 45. Gerardo Acosta De Lago (Expediente CDHDF/V/121/IZTP/13/D0974)
Caso 46. Víctima 20 (Expediente CDHDF/V/121/AZCAP/13/D1641)
Caso 47. Peticionario 21 (Expediente CDHDF/I/121/CUAUH/11/D2408)
Caso 48. Peticionario 22 (Expediente CDHDF/V/121/GAM/12/D5605)
Caso 49. Víctima 23 (Expediente CDHUS/V/121/CUAUH/12/D6694)
Caso 50. Peticionaria 24 (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D7358)
Caso 51. Peticionario 25 (Expediente CDHDF/V/121/MHGO/12/D7969)
Caso 52. María Dolores Ruiz González (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/13/D0396)
Caso 53. Eva Irma Rojas Hernández (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/13/D0497)
Caso 54. Peticionaria 26 (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/13/D0668)
Caso 55. Peticionario 27 (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/13/D0958)
Caso 56. Manuel Perales Flores (Expediente CDHDF/V/121/BJ/12/D7384)
Caso 57. Peticionario 28 (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/12/D3841)
Caso 58. Víctima 29 (Expediente CDHDF/V/122/CUAUH/13/D2179)
Caso 59. Peticionario 30 (Expediente CDHDF/V/121/MC/13/D2280)
Caso 60. Peticionario 31 (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/13/D2476)
Caso 61. Víctima 32 (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/13/D2795)
Caso 62. Peticionario 30 (Expediente CDHDF/V/121/MC/13/D2280)
Caso 63. Víctima 32 (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/13/D2795)
Caso 64. Víctima 32 (Expediente CDHDF/V/121/CUAUH/13/D2795)
Parcialmente aceptada/Sujeta a seguimiento  
 
Delegación Azcapotzalco  
Delegación Benito Juárez  
Delegación Coyoacán  
II. Derecho a la salud  
Delegación Cuauhtémoc  
Delegación Gustavo A. Madero  
Delegación Iztacalco  
 
Delegación Iztapalapa II. Derecho a la salud  
Delegación La Magdalena Contreras  
 
Delegación Miguel Hidalgo  
Como colaboradora la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura  
2013 Segundo Trimestre 2013           11/2013 CDHDF/III/122/TLAH/11/D3206 Delegacional Tláhuac Sobre la vulneración al principio de legalidad y al nivel de vida adecuado de las personas que viven en el Barrio La Asunción, quienes se ven afectadas por la “Feria Anual de San Pedro Apóstol” que se celebra en ese lugar a fines del mes de junio y principios de julio de cada aĖo en la explanada delegacional, sin la adecuada organización por parte de la Jefatura Delegacional en Tláhuac.
I. Principio de legalidad El 30 de mayo de 2011 los peticionarios, mediante escrito, presentaron una queja en contra de servidores públicos de la Delegación Tláhuac del Distrito Federal, toda vez que consideraron violados sus derechos humanos, razón por la cual se inició el expediente CDHDF/III/122/TLAH/11/D3206, por los siguiente:

• La “Feria Anual de San Pedro Apóstol”, es una festividad tradicional en la Delegación Tláhuac, que se celebra aĖo con aĖo desde hace aproximadamente 55 aĖos.

• La “Feria Anual de San Pedro Apóstol” genera molestias, incomodidad y malestar en los vecinos dada la gran cantidad de basura generada, así como la ausencia de módulos de sanidad portátil, aunado a la contaminación ambiental, visual y auditiva. A lo anterior, se suman las afectaciones por el cierre de las vialidades impidiéndoles a los vecinos desplazarse en vehículo automotor o ingresarlos a su domicilio.

• La feria se celebra con la omisión de la autoridad Delegacional de observar las hipótesis normativas específicas, contempladas en la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal y su Reglamento, resaltando al respecto que dicha autoridad no otorga los permisos a los titulares conforme al procedimiento preestablecido, así como también incumple con su obligación de supervisar las disposiciones mínimas de protección civil.
Aceptada/Sujeta a seguimiento  
 
II. Derecho a un nivel de vida adecuado y a un medio ambiente sano.  
 
 
2013 Segundo Trimestre 2013           12/2013 CDHDF/III/121/GAM/11/D7366 Delegacional Gustavo A. Madero Afectación al derecho de acceso a la justicia y al derecho a la vivienda adecuada de la agraviada derivado de la invasión de la vía pública por particulares.
I. Derecho a la vivienda adecuada El 9 de diciembre de 2011 la peticionaria presentó un escrito a esta Comisión  del que se desprenden los siguientes hechos:

• Desde el aĖo 1991, la Delegación Gustavo A. Madero, permitió en la vía pública la construcción de locales comerciales y vivienda frente al predio propiedad de la peticionaria, ubicado en calle Roberto Esquerro Peaza Mz. 44, Lt. 4, antes Felipe Ángeles, esquina con calle Darío Fernández, antes Francisco I. Madero, colonia Palmatitla, Delegación Gustavo A. Madero. Dicha construcción ocasionó que se obstruyera el acceso al inmueble de su propiedad.

• Derivado de lo anterior, se inició el procedimiento administrativo de recuperación de vía pública por un funcionario de la Delegación Gustavo A. Madero sin competencia para ello, por lo que los afectados interpusieron un juicio de nulidad que fue resuelto a su favor.

• Después de varias acciones jurídicas realizadas por la agraviada, hasta la fecha la Jefatura Delegacional ha sido omisa en iniciar el procedimiento de recuperación de vía pública por lo que sigue sin tener acceso a su vivienda.
Parcialmente aceptada/Sujeta a seguimiento  
 
II. Derecho al acceso a la justicia  
 
 
2013 Tercer Trimestre 2013 13/2013 CDHDF/III/122/MC/11/D4320 Delegación La Magdalena Contreras
Tiradero y sepultamiento clandestino de residuos hospitalarios de manejo especial por parte de trabajadores de limpia adscritos a la Delegación La Magdalena Contreras, así como la ausencia de investigación de las faltas administrativas y los delitos ambientales I. Derecho a un medios ambiente sano  con relación a la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente A partir de la queja presentada vía correo electrónico de fecha 14 de julio de 2011 mediante la cual se informó que varios trabajadores de limpia adscritos a la Delegación La Magdalena Contreras habían recibido órdenes de retirar ocho toneladas de residuos sólidos del Hospital Ángeles del Pedregal [en adelante “Hospital Ángeles” o el “Hospital”] que fueron posteriormente enterrados en el suelo del sitio donde se resguardan los camiones de limpieza [en adelante “Campamento de Limpia”], la CDHDF inició el expediente CDHDF/III/122/MC/11/D4320 del cual se desprenden los siguientes hechos:
 
Alrededor de finales mayo y principios de junio de 2011, trabajadores del departamento de limpia de la Delegación La Magdalena Contreras [en adelante “la Delegación”] fueron obligados por los seĖores Eduardo Alfonso Vázquez Camacho, Director General de Medio Ambiente y Ecología y Alfredo Hernández Romero, Jefe de la Unidad Departamental de Limpia [ambos funcionarios de dicha Delegación], mediante amenazas, a recoger residuos sólidos del Hospital Ángeles, para posteriormente sepultarlos bajo el estacionamiento techado, llamado comúnmente el tejaban del Campamento de Limpia, ubicado en Calle Ojo de Agua s/n, Colonia Lomas de San Bernabé de la Delegación.
Parcialmente aceptada/Sujeta a seguimiento  
Contraloría Interna de la Delegación La Magdalena Contreras  
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  II. Derecho al acceso a la justicia ambiental con relación a la debida diligencia y el plazo razonable  
2013 Tercer Trimestre 2013 14/2013 CDHDF/II/121/IZTP/10/P2522
CDHDF/II/121/IZTP/11/P3814
CDHUO/II/122/IZTP/11/P5604
CDHDF/II/121/IZTP/12/P0819
CDHDF/II/121/IZTP/12/P1411
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal

Muerte violenta de cinco personas privadas de la libertad en el Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla.  I. Derecho a la vida El 22 de abril de 2010, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal inició de oficio la queja número CDHDF/II/121/IZTP/10/P2522, con motivo de la nota periodística publicada en el periódico Reforma, titulada “Muere reo por riĖa en Santa Martha” .

En la publicación se seĖaló que el agraviado 1, de 22 aĖos de edad, privado de la libertad en el Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla, en adelante CERESOVA, falleció por lesiones que le fueron provocadas durante una riĖa con arma punzocortante en el interior del centro por los internos 1 y 2.

El 19 de abril del 2010, entre las 10:30 y 11:00 horas, en el área del gimnasio, el agraviado 1 se encontró a otro interno con el que tenía problemas, se agredieron de forma verbal y  posteriormente se agredieron físicamente. Durante la riĖa el otro interno sacó, según testimonios de otros internos, un arma punzocortante conocida como “solera” y lo agredió físicamente, provocándole lesiones que hicieron que se desvaneciera. Se tenía conocimiento, según lo expresado por otros internos, que previamente, ambos internos se insultaban y amenazaban.

Durante la riĖa únicamente estuvieron presentes internos y el personal de seguridad y custodia se percató de los hechos hasta que el agraviado 1 estaba herido. Posterior a la agresión, éste fue trasladado al servicio médico del centro mencionado, donde se determinó que, dada la magnitud de las lesiones que presentaba en el tórax, abdomen y muslo derecho, era necesario trasladarlo a una institución médica externa, por lo que fue referido al Hospital General Iztapalapa, a donde llegó sin vida.

El interno presunto agresor, fue enviado al área de castigo y dada la conducta que habría cometido, se dio parte al Agente del Ministerio Público correspondiente , quien ejerció la acción penal por el delito de homicidio doloso.

Posteriormente, acudió a este Organismo la mamá del agraviado 1, a quien se le informó que se había iniciado la investigación, manifestando su conformidad y a partir de ese momento se le tiene como peticionaria 1.
 
1.2 Caso B.

El 23 de junio de 2011, este Organismo Público inició el expediente de queja CDHDF/II/121/IZTP/11/P3814 con motivo de la llamada telefónica  de la peticionaria 2, quien seĖaló estar privada de la libertad en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla e informó que su pareja, agraviado 2, quien se encontraba privado de la libertad en el Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla, fue agredido físicamente por otro interno con una “punta” y al parecer falleció.
 
El 22 de junio del 2011, alrededor de las 13:00 horas, entre las esclusas 4 y 5 del Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla, se suscitó un enfrentamiento entre 4 internos, entre los que se encontraba el agraviado 2. En el enfrentamiento le provocaron 6 heridas con arma punzocortante, 4 en el hemitorax, una en la región supraclavicular y otra en la cadera.

El agraviado 2 fue trasladado a la Unidad Médica del centro mencionado, donde se determinó referirlo al Hospital General Iztapalapa, donde ese mismo día falleció a consecuencia de las lesiones provocadas por al menos 2 de los 3 que participaron, a quienes se identificó como internos 3, 4, 5, siendo los internos 4 y 5 los que le causaron las lesiones que le provocaron la muerte. Estas mismas personas habrían agredido físicamente a otro interno que sobrevivió, a quien se identifica como interno 6.

1.3  Caso C. 

El 9 de septiembre de 2011, esta Institución inició el expediente de queja CDHUO/II/122/IZTP/11/P5604 con motivo de la comparecencia de la peticionaria 3 , quien seĖaló que el 28 de agosto del 2011 le informaron, que su hijo, agraviado 3, se había suicidado en su estancia en el interior del Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla; sin embargo, no creía esa versión ya que su hijo había tenido problemas con otros internos, quienes lo extorsionaban y con quienes había sostenido una riĖa tres días antes de su muerte.

El 25 de agosto de 2011, mientras permanecía en el dormitorio IC-311 el agraviado 3 fue extorsionado por los internos identificados como interno 7 e interno 8, quienes le pidieron mil quinientos pesos a cambio de no lesionarlo; ante la negativa de darles lo que le solicitaban fue agredido físicamente, por lo que solicitó la intervención de personal de seguridad y custodia para que fuera trasladado a otro centro de reclusión; en esa fecha fue ubicado en otra estancia dentro del mismo dormitorio.

El 27 de agosto del 2011, a través de la Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación de Tratamiento del CERESOVA, se reubicó al agraviado 3 a la estancia IC-206, donde permanecía solo.

El 28 de agosto del 2011, aproximadamente a las 7:20 horas, personal de seguridad y custodia, se percató que el agraviado 3 se encontraba sin vida en su estancia, con trozos de cobija alrededor del cuello y colgado en la zona del baĖo.

1.4 Caso D

El 7 de febrero de 2012, se radicó en esta Comisión el expediente CDHDF/II/121/IZTP/12/P0819, derivado de la llamada telefónica del peticionario 4 , quien para evitar cualquier tipo de represalia no proporcionó su nombre e informó que se encontraba privado de su libertad en el Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla y que:

El sábado 4 de febrero de 2012, siendo aproximadamente las 20:15 horas, se percató que un interno de nombre agraviado 4, cuya ubicación era dormitorio AA-208, fue lesionado en el abdomen, razón por la cual lo llevaban a la Unidad Médica de ese Centro de Reclusión (no proporcionó más datos).

Al otro día se enteró que dicha persona había fallecido en el Hospital General Iztapalapa.
1.5 Caso E.

El 5 de marzo de 2012, este Organismo inició oficiosamente el expediente de queja CDHDF/II/121/IZTP/12/P1411, a fin de investigar los hechos difundidos ese mismo día por el diario Reforma, en la nota periodística titulada “Deja un preso muerto riĖa en CERESOVA” , en la que se informó lo siguiente:

Un interno muerto y otro lesionado fue el saldo que dejó una riĖa registrada en el Centro de Readaptación Social Varonil (Ceresova) de Santa Martha Acatitla, informó la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.
De acuerdo con la averiguación previa, ayer a las 14:40 horas, los presos interno 14, interno 15, interno 16, agraviado 5 y agraviado 6  riĖeron.
El enfrentamiento fue controlado por personal de seguridad minutos después, aunque como resultado de la riĖa hubo internos lesionados con heridas de arma blanca, el más grave de ellos, el agraviado 5, por lo que fueron trasladados a diferentes hospitales.
Más tarde, médicos del Hospital de la Comunidad Económica Europea informaron que la persona identificada como agraviado 5, de 23 aĖos de edad, murió a causa de una puĖalada que recibió en el abdomen. (sic)
El interno muerto se encontraba recluido por los delitos de robo calificado, tentativa de homicidio calificado, contra la salud y portación de objeto apto para agredir. (sic) Tras el enfrentamiento, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario levantó la denuncia en el Ministerio Público.
Parcialmente aceptada/Sujeta a seguimiento  
II. Derecho de las personas privadas de su libertad  
2013 Tercer Trimestre 2013 15/2013 CDHDF/II/122/VC/08/D6749                           CDHDF/II/122/TLAH/09/D0169               CDHUS/II/122/VC/09/D4787                      CDHDF/II/122/AO/09/D7560    Secretaría de Salud del Distrito Federal Atención a la salud y protección a la vida materno infantil I. Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Durante los aĖos 2008 y 2009 se iniciaron en esta Comisión los expedientes citados al rubro, en los cuales se presumió la violación al derecho a la salud, a la vida y a la integridad personal de mujeres embarazadas, niĖos(as) por nacer y niĖos(as) usuarios(as) de los servicios de salud del Distrito Federal. 

Los hechos de las quejas se dan en el contexto de una atención médica deficiente al término del embarazo, ya sea por una mala práctica médica  o por la falta de equipo médico adecuado y suficiente en los siguientes hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal [en adelante “Secretaría de Salud” o “SSDF”]: Hospital General Dr. Gregorio Salas, Hospital General Dr. Enrique Cabrera, Hospital Materno Infantil Inguarán y Hospital Materno Infantil Tláhuac.

Algunos de los casos que se presentan en la Recomendación culminaron en la muerte de la madre o del niĖo, o bien, dejaron secuelas en la salud de mujeres, niĖas y niĖos. 

De las quejas también se desprende la existencia de violencia institucional, violencia obstétrica y violencia en contra de los derechos reproductivos de las mujeres usuarias de los servicios de salud reproductiva, lo cual se traduce en discriminación de la mujer, ya que el gobierno del Distrito Federal no garantizó lo necesario para la especial atención de la salud de las mujeres, sobre todo en el caso de emergencias obstétricas.
Parcialmente aceptada/Sujeta a seguimiento  
II. Derecho a la integridad personal.  
III. Derecho a la vida.  
IV. Derecho al desarrollo, supervivencia, a la vida y a la salud de las niĖas y niĖos.  
V. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia [violencia institucional, violencia obstétrica y contra los derechos reproductivos].

 
2013 Tercer Trimestre 2013 16/2013 CDHDF/IV/121/CUAUH/11/D2822 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal  Tratos crueles, inhumanos y degradantes en agravio de una persona de nacionalidad nigeriana, cometidos por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal I. Derecho a la integridad personal El 11 de mayo de 2011, una persona  presentó queja ante este Organismo en contra de policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (en adelante, la SSPDF) la cual se registró bajo el número de expediente CDHDF/IV/121/CUAUH/11/D2822 y de la que se desprenden los siguientes hechos:

1. El 10 de mayo de 2011, con motivo de la celebración del día de las madres, el seĖor Isaac Chinedu Nwachukwu (en adelante, la persona agraviada), acudió al domicilio de los padres de su concubina Liduvina Castillo Zavala (en adelante, la persona peticionaria), ubicado en la calle de Fernando Alva Ixtlixóchitl, colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, en donde habitaba ésta y sus hijos.

2. Minutos antes de la media noche del 10 de mayo de 2011, previo a retirarse a su domicilio, la persona agraviada platicó afuera del inmueble con su concubina. Siendo los primeros minutos del 11 de mayo de 2011, la persona agraviada se despidió de ésta y se fue caminando por la calle de Fernando Alva Ixtlixóchitl, hacia la esquina de Calzada San Antonio Abad para tomar un taxi que la trasladara a su domicilio. La persona peticionaria vio como aquélla se alejaba y se percató que pasaba por el lugar una patrulla de la SSPDF a la que no le prestó mayor atención. Precisó que en otras ocasiones, policías de esa Secretaría molestaban a la persona agraviada por su color de piel.

3. Minutos más tarde, vecinos del departamento donde habita la persona peticionaria escucharon ruidos en la calle, se asomaron y vieron que estaba estacionada una patrulla de la SSPDF y policías de esa Secretaría golpeaban a la persona agraviada, por lo que salieron para auxiliarla, avisando también a la persona peticionaria.

4. Cuando los vecinos de la persona peticionaria llegaron a la calle de Fernando Alva Ixtlixóchitl, vieron que la patrulla seguía estacionada y que cuatro policías de la SSPDF —dos auxiliares y dos preventivos— golpeaban en diversas partes del cuerpo a la persona agraviada, a quien tenían inclinada sobre el cofre de la patrulla, por lo que intervinieron para impedir que ésta continuara siendo agredida.

5. Enseguida, llegó al lugar la persona peticionaria, quien, al igual que sus vecinos, intervino para impedir que los policías continuaran agrediendo a la persona agraviada y les cuestionó su actuar, respondiéndole uno de los policías: “aquí no pasa nada”. Al indicarles la persona peticionaria que cómo que no pasaba nada, que miraran cómo se encontraba la persona agraviada dicho policía respondió: “no lo sé, así estaba”, por lo que ella les dijo que los denunciaría en servidores públicos, entonces ese policía le colocó en el pecho un arma de fuego, diciendo: “aquí no pasa nada, ya nos vamos”, percatándose que en el interior de la patrulla se encontraba la chamarra, el celular y cartera de la persona agraviada, retirándose los dos policías auxiliares a bordo de la patrulla que estaba estacionada en la calle de Fernando Alva Ixtlixóchitl y que era la número 73003, mientras que la persona peticionaria y las personas que estaban en el lugar trataban de contener a la persona agraviada, quien lloraba y gritaba preguntando “por qué le habían pegado si solo estaba esperando un taxi”. Los dos policías preventivos que quedaron en el lugar, aprovecharon para retirarse también circulando con otra patrulla, sobre Tlalpan.

6. Cuando familiares y vecinos auxiliaban a la persona agraviada, al lugar llegó otra patrulla de la SSPDF tripulada por dos policías preventivos, quienes solicitaron el apoyo de una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencia Médicas (ERUM), la cual arribó minutos después y un médico y un socorrista comenzaron a hacerle una revisión para brindarle atención médica. Estos últimos servidores públicos se percataron de que la persona agraviada presentaba una lesión atrás de la cabeza y desprendimiento de algunas piezas dentales, además de encontrarse alterada emocionalmente. Se encontraba revisándola, cuando ésta se levantó intempestivamente y corrió hacia Calzada San Antonio Abad sin que la pudieran detener. En dicha avenida tropezó y se desvaneció en el último carril; fue atropellada por un vehículo particular que transitaba por esa avenida.

7. El atropellamiento causó a la persona agraviada más lesiones a las referidas previamente por el personal del ERUM, quienes la atendieron nuevamente y la trasladaron a bordo de la ambulancia al Hospital General Balbuena de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, donde ésta falleció por traumatismo craneoencefálico.

8. Por los hechos anteriores, un familiar de la persona peticionaria formuló denuncia ante el Ministerio Público, iniciándose averiguación previa por los delitos de homicidio, lesiones calificadas, robo y abuso de autoridad. En la investigación ministerial se logró identificar a los policías auxiliares  Alfonso Romero Salinas y César Elizarrarás Martínez, así como los policías preventivos Heriberto Martínez González y Juan Carlos Federico Rosales, todos de la SSPDF, como quienes participaron en las agresiones de que fue víctima la persona agraviada.

9. El 4 de junio de 2011, el Ministerio Público ejercitó acción penal con detenido por los delitos de abuso de autoridad y lesiones calificadas contra los policías preventivos Heriberto Martínez González y Juan Carlos Federico Rosales.

10. El 17 de junio de 2011, el Ministerio Público ejercitó acción penal, sin detenido, por el delito de abuso de autoridad contra los policías auxiliares Alfonso Romero Salinas y César Elizarrarás Martínez, y solicitó al Juez el libramiento de la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue girada por el Juez Sexagésimo Quinto Penal del Distrito Federal, el 23 de junio de 2011, pero la misma no se cumplimentó debido a que dichos servidores públicos promovieron juicio de amparo indirecto, otorgándoles el Juez Séptimo de Distrito de Amparo Penal en el Distrito Federal, la suspensión provisional de la ejecución de esa orden y comparecieron a rendir su declaración preparatoria el 29 de junio de 2011, otorgándoles la autoridad judicial la libertad caucional que solicitaron mediante la exhibición de una fianza.

11. Finalmente, el 9 de febrero 2012, el Juez Sexagésimo Quinto Penal del Distrito Federal dictó sentencia definitiva en la que declaró la responsabilidad penal a los cuatro policías referidos. A los policías preventivos Heriberto Martínez González y Juan Carlos Federico Rosales les dictó una sentencia condenatoria, encontrándolos responsables de los delitos de abuso de autoridad y lesiones calificadas en agravio del seĖor Isaac Chinedu Nwachukwu, por lo que se les impuso a cada uno, 6 aĖos de prisión y multa de 100 días de salario mínimo, equivalente a $5,982 pesos. Además, se les destituyó del cargo como policías preventivos; y se les inhabilitó por 3 aĖos para obtener y desempeĖar cualquier cargo público. A los policías auxiliares Alfonso Romero Salinas y César Elizarrarás Martínez se les encontró penalmente responsables del delito de abuso de autoridad, en agravio del seĖor Isaac Chinedu Nwachukwu. A cada uno se le impuso un aĖo de prisión y una multa equivalente a $5, 982.00 pesos. Asimismo, se les condenó a la destitución de sus cargos como policías auxiliares. Finalmente, se les inhabilitó por tres aĖos para obtener y desempeĖar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público.

12. El 24 de mayo de 2011, se inició procedimiento administrativo a los policías preventivos Heriberto Martínez González y Juan Carlos Federico Rosales, a quienes el 10 de mayo de 2012, se les sancionó con destitución del empleo, cargo o comisión que desempeĖaban.

13. El 10 y 13 de febrero de 2012, el Ministerio Público y los policías preventivos Heriberto Martínez González y Juan Carlos Federico Rosales, respectivamente, apelaron la sentencia definitiva referida. Los policías auxiliares Alfonso Romero Salinas y César Elizarrarás Martínez recurrieron también dicha sentencia el 15 de febrero de 2012, y la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), el 2 de mayo de 2012 modificó la misma, disminuyendo la pena privativa de la libertad impuesta a los policías preventivos para quedar por 5 aĖos de prisión y otorgándoles el beneficio de un sustitutivo, consistente en tratamiento en libertad, al cual se acogieron. Por lo que respecta a los policías auxiliares, la Sala Penal referida revocó la sentencia que se les dictó determinando su no responsabilidad penal por el delito de abuso de autoridad, por lo que también obtuvieron su libertad.

Parcialmente aceptada/Sujeta a seguimiento  
II. Derecho a la seguridad jurídica

 
2013 Cuarto Trimestre 2013 17/2013 CDHDF/I/122/AZCAP/11/D2594  CDHDF/III/122/AZCAP/11/D3885 CDHDF/III/122/AZCAP/11/D5512 CDHDF/III/122/AZCAP/11/D5431 Delegación Azcapotzalco Habitantes de los pueblos que fueron vulnerados en sus derechos humanos por causa de una construcción ubicada en la Avenida Granjas número 800, Pueblo de Santa Bárbara, en la Delegación Azcapotzalco. I. Derecho a la consulta y la participación con relación a la negativa en la participación ciudadana. I.1. Vecinas y vecinos de las colonias y pueblos aledaĖos al inmueble ubicado en el número 800 de la avenida Granjas en el pueblo de Santa Bárbara, Delegación Azcapotzalco, lugar donde actualmente se encuentra ubicada la “Arena Ciudad de México”; [de aquí en adelante la “Construcción”] promovieron 4 expedientes de queja seĖalando que su edificación les generaba diversas molestias en su calidad de vida, aunado a que la omisión de las autoridades de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal  y de la Delegación Azcapotzalco, para realizar una consulta previa con las y los vecinos de la zona antes de proceder a la edificación de la misma. [Expedientes: 11/D2594; 11/D3885; 11/D5512 y 11/D5431]. I.2. En este contexto, se observó que las autoridades de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, así como de la Delegación Azcapotzalco no llevaron a cabo procesos para consultar previamente al inicio de la Construcción, a las y los vecinos de la zona con el propósito de lograr su colaboración para conjuntar esfuerzos en un proyecto que potencialmente podía afectar sus derechos. [Expedientes: 11/D3885; 11/D5512 y 11/D5431]. I.3. Durante la edificación de la Construcción hubo problemas de accesibilidad vial y peatonal a la zona sin que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal hiciera algo para evitar estas afectaciones a pesar de las peticiones hechas por las personas agraviadas. En este orden de ideas, las y los vecinos se quejaron también del ruido excesivo derivado de la construcción, sin que la autoridad competente hiciera algo por verificar esta problemática, confirmar sus dimensiones e intervenir para dar una solución. [Expedientes: 11/D3885 y 11/D5512]. I.4. Asimismo, cuando las y los vecinos intentaron manifestarse contra la ejecución de la obra, fueron objeto de agresiones por parte de elementos de seguridad privada al servicio de la Construcción, sin que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal llevara a cabo acciones contundentes para evitar dichos incidentes. Aunado a lo anterior, el día de la inauguración de la Construcción, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal  obstruyó el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, así como a la libertad personal, bajo la figura de los “encapsulamientos” por períodos prolongados. [Expedientes: 11/D2594; 11/D5431 y 11/D5512]. I.5. Posterior a la inauguración de la Construcción, las y los vecinos de la zona han denunciado escasez del agua y problemas de tráfico en las vías aledaĖas en los días cuando se llevan a cabo eventos al interior del inmueble en comento. [Expedientes: 11/D3885; 11/D5431 y 11/D5512]. Parcialmente aceptada/Sujeta a seguimiento  
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda II. Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión con relación a los ataques, obstaculización o injerencias arbitrarias en la libertad de expresión y de pensamiento; así como a la violación al derecho a la libertad personal.  
Secretaria de Gobierno del Distrito Federal III. Derecho a un nivel de vida adecuado con relación a la obstaculización, restricción o negativa del derecho a disfrutar de condiciones dignas de vida.  
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal  
2013 Cuarto Trimestre 2013 18/2013 CDHDF/III/122/VC/09/D6380 Delegación Cuauhtémoc Trabajadores de la Delegación Cuauhtémoc que, al momento de ingresar al empleo, recibieron la indicación de estampar sus firmas y huellas dactilares sobre hojas en blanco, las cuales posteriormente fueron convertidas en escritos de renuncia y usadas sin su voluntad por servidores públicos de ese órgano político administrativo para terminar la relación laboral. I. Derecho al trabajo  El peticionario Marco Antonio Huante Salas interpuso queja ante la CDHDF contra servidores públicos de la Delegación Cuauhtémoc, lo que motivó la apertura del expediente citado al rubro, del cual se desprenden los siguientes hechos: I.1. Por cuanto hace al propio peticionario y agraviado Marco Antonio Huante Salas I.1.1. El 1 de marzo de 2009, el peticionario Marco Antonio Huante Salas comenzó a laborar en la Subdirección de Calificación de Infracciones de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc. En la misma fecha, por indicación de servidores públicos de ese órgano político administrativo, firmó constancia de nombramiento de personal por concepto de “Alta por Reingreso”, diversos documentos administrativos y hojas en blanco en las que además tuvo que estampar una de sus huellas dactilares. I.1.2. El 30 de septiembre de 2009, en el contexto del cambio de gobierno delegacional, durante una reunión convocada por servidores públicos de la Delegación Cuauhtémoc, se informó tanto al peticionario como a otros trabajadores que su relación laboral había terminado y que, por consiguiente, tenían que entregar al día siguiente, 1 de octubre, los documentos y enseres bajo su resguardo. I.1.3. Una de las hojas en blanco en las que el peticionario estampó su firma y huella dactilar cuando comenzó a laborar en la Delegación Cuauhtémoc posteriormente fue convertida por servidores públicos de ese órgano político administrativo en un escrito de renuncia del propio peticionario y fue usada, sin su voluntad, por servidores públicos de la Delegación Cuauhtémoc para terminar la relación laboral. I.1.4. El 30 de septiembre de 2009, la Delegación Cuauhtémoc expidió “constancia de nombramiento de personal” en la que se describe, en relación con el peticionario Marco Antonio Huante Salas, el movimiento “baja por renuncia”. I.1.5. La Delegación Cuauhtémoc condicionó al peticionario Marco Antonio Huante Salas a que recibiera el pago de su aguinaldo correspondiente al aĖo 2009, a que tenía derecho, siempre y cuando firmara el recibo de finiquito. I.2. En lo que respecta al agraviado Andrés Eduardo Galicia Quijano I.2.1. El 16 de septiembre de 2008, Andrés Eduardo Galicia Quijano comenzó a laborar en la Subdirección de Calificación de Infracciones de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc, como líder coordinador de proyectos “A”. En la misma fecha, a indicación de servidores públicos de ese órgano político administrativo, firmó constancia de nombramiento de personal por concepto de “Alta por Reingreso”, diversos documentos administrativos y hojas en blanco en las que además tuvo que estampar una de sus huellas dactilares. I.2.2. En el contexto del cambio de gobierno delegacional, el 30 de septiembre de 2009, al agraviado Andrés Eduardo Galicia Quijano junto con otros cincuenta trabajadores, aproximadamente, se les comunicó que su relación laboral con el órgano político administrativo había terminado y, por tanto, debían entregar los documentos y enseres bajo su resguardo. I.2.3. Una de las hojas en blanco en las que el agraviado Andrés Eduardo Galicia Quijano estampó su firma y huella dactilar al momento de comenzar a laborar en la Delegación Cuauhtémoc fue convertida por servidores públicos de ese órgano político administrativo en un escrito de renuncia y fue usada sin su voluntad para terminar la relación laboral. I.2.4. El 30 de septiembre de 2009, la Delegación Cuauhtémoc expidió “constancia de nombramiento de personal” en la que se describe, con respecto del agraviado Andrés Eduardo Galicia Quijano, el movimiento “baja por renuncia”; esto es, el mismo día en que se le indicó a él que su relación laboral había terminado. Con ello, Andrés Eduardo Galicia Quijano fue dado de baja de la Delegación. I.2.5. El Director General de Administración de la Delegación Cuauhtémoc condicionó al agraviado Andrés Eduardo Galicia Quijano a que recibiera el pago de su aguinaldo correspondiente al aĖo 2009, siempre y cuando firmara el recibo de finiquito. I.2.6. Por todo lo anterior, el agraviado demandó ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje los conceptos y las prestaciones siguientes: su reinstalación; el pago de salarios vencidos; el reconocimiento de antigüedad; el reconocimiento de que es trabajador de base; el otorgamiento de nombramiento por tiempo indeterminado como trabajador de base; el pago de la parte proporcional de aguinaldo del periodo 2009; el pago de vacaciones del ejercicio 2008-2009; el pago de la prima vacacional de la prestación inmediata anterior; el pago de parte proporcional de vacaciones del ejercicio 2009-2010; el pago de la prima vacacional de la prestación inmediata anterior; el pago de horas extraordinarias; la nulidad de contenido y firma de todos aquellos documentos que contengan renuncia expresa o tácita de sus derechos laborales; y los demás conceptos y prestaciones que le correspondan y que se desprendan de los hechos y pruebas ofrecidas en su demanda. Lo anterior dio lugar a un juicio laboral que actualmente se encuentra en curso. Parcialmente aceptada/Sujeta a seguimiento  
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal (autoridad colaboradora) II. Derecho a la seguridad jurídica y principio de legalidad  
2013 Cuarto Trimestre 2013 19/2013 CDHDF/IV/122/CUAUH/13/D3762 CDHDF/IV/122/CUAUH/13/D3576 CDHDF/IV/122/CUAUH/13/D2883 CDHDF/IV/122/CUAUH/12/D2993 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Falta de protocolos específicos para la investigación y atención de casos de desapariciones de personas en la Ciudad de México I. Derecho a no sufrir desaparición  Caso 1. Expediente CDHDF/IV/122/CUAUH/13/D3762. El 14 de agosto de 2011, el agraviado Antonio César Ortega Márquez, quien en ese aĖo tenía 33 aĖos de edad (actualmente tiene 35 aĖos de edad), acudió al bar after hour Heaven (entonces denominado bar Lancaster), ubicado en la calle de Hamburgo y Lancaster, en la Zona Rosa, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, a divertirse en compaĖía de otros amigos. Desde esa fecha no ha sido localizado. Pablo Antonio Márquez Ortega, hermano de la persona agraviada Antonio César Ortega Márquez presentó una denuncia por la desaparición, y se inició una averiguación previa en el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (en lo sucesivo, CAPEA), de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (en adelante, PGJDF o Procuraduría capitalina), la cual posteriormente fue enviada a la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, denominada Fiscalía Antisecuestros (FAS), a cargo de la licenciada Laura Itzel Flores Guerra, agente del Ministerio Público; dicha servidora pública indicó a la madre de la persona agraviada y al hermano de ésta que ya no acudieran a esas oficinas a informarse del avance en la investigación, que solamente le llamaran telefónicamente, lo cual hacían cada ocho días, pero luego les dijo que eso ya no era necesario y que, en caso de tener algún avance, ella se comunicaría con ellos, lo cual no sucedió. El 3 de junio de 2013, los familiares del agraviado Antonio César Ortega Márquez, acudieron a la FAS, pero se negaron a atenderlos. Un licenciado de nombre Francisco Trujillo les indicó que acudieran con él, ya que era el Director del CAPEA. Al observar esto, personal de la FAS los atendió y les informó que desde febrero de 2013, la indagatoria se había enviado nuevamente al CAPEA. Los familiares del agraviado Antonio César Ortega Márquez, con base en investigaciones propias, allegaron al Ministerio Público de las pruebas que en su mayoría constan en la indagatoria, entre ellas, los testigos, que estuvieron con la persona agraviada Antonio César Ortega Márquez en el referido bar el día de su desaparición, además, informaron de cámaras que se localizaban en el lugar donde unas personas se llevaron el vehículo que el día de los hechos conducía la persona agraviada. Caso 2. Expediente CDHDF/IV/122/CUAUH/13/D3576. El 26 de mayo de 2013, doce de las personas agraviadas, se encontraban en el after hour Heaven. Entre las 11:00 y las 13:00 horas, diversas personas se las llevaron en distintos vehículos. Las y los familiares de las personas agraviadas formularon denuncias en CAPEA, iniciándose una averiguación previa por su desaparición, la cual se envió para su integración a la FAS, donde actualmente se encuentra un desglose. Desde la formulación de la denuncia los familiares de seĖalaron que se los habían llevado utilizando armas. Desde el día en que tuvieron conocimiento de la desaparición de las y los agraviados, varios de sus de sus familiares recorrieron diversas agencias del Ministerio Público en las que en general les informaron que debían esperar 72 horas, o que no era de su competencia (de la agencia ministerial a la que acudían). Después del inicio de la indagatoria las y los familiares han sido requeridos para que aporten información y pruebas para que se ubique su paradero. Por ello, presentaron testigos, así como información de las últimas comunicaciones telefónicas que alguno de ellos tuvo con las personas agraviadas y sus números de radio comunicación (nextel). El Ministerio Público, ha ejercitado acción penal contra más de una decena de personas, por el delito de privación ilegal de la libertad, en tanto otras, a la fecha de la presente Recomendación se encuentran arraigadas. El 22 de agosto de 2013, la Procuraduría General de la República informó públicamente que a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, obtuvo una orden de cateo, emitida por un Juez Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos, Intervención de Comunicaciones Privadas, con el objetivo de dar continuidad a una investigación relacionada con posesión de armas. Con motivo de la orden de cateo, en un predio ubicado en Tlalmanalco de Velásquez, municipio de Tlalmanalco, Estado de México, se localizaron diversos restos humanos de 13 personas. A partir del 23 de agosto de 2013, la Procuraduría General de la República, y en los últimos días la Procuraduría capitalina han proporcionado diversa información en relación con el perfil genético de las personas encontradas, que hacen relacionarlos con el de las y los 12 jóvenes desaparecidos. La investigación continúa a cargo de la Procuraduría capitalina. Desde la primera semana de ocurridos los hechos hasta la fecha del hallazgo de los cuerpos, la Procuraduría capitalina llevó a cabo diversas reuniones. A partir de ese suceso las reuniones se suspendieron y las y los familiares no han recibido acompaĖamiento en los trámites siguientes, incluyendo las diligencias que les permitan a todas las víctimas tener la certeza en relación con sus familiares. Caso 3. Expediente CDHDF/IV/122/CUAUH/13/D2883. El 21 de abril de 2013, aproximadamente a las 2:00 horas, las 5 personas agraviadas, entre ellas un adolescente, asistieron a un bar denominado Virtual Mix Club (también conocido como bar Virtual), ubicado en la colonia Lindavista, Delegación Gustavo A. Madero, en donde estuvieron aproximadamente hasta las 4:00 o 5:00 horas de ese día. Hasta la fecha no se sabe su paradero. Las y los familiares de las personas agraviadas formularon denuncia en CAPEA, el 23 de abril de 2013, donde se inició averiguación previa respectiva. A partir de esa fecha proporcionaron al Ministerio Público de la Procuraduría capitalina la información que tenían relativa a los agraviados, así como la que se ha derivado de las investigaciones que siguen realizando, pero éstos no han sido localizados. Asimismo, las y los familiares de los agraviados solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la República, la cual detuvo y ejercitó acción penal contra dos personas. La PGJDF, remitió la indagatoria a la PGR, la cual fue recibida el 19 de septiembre de 2013, dejando copia de las actuaciones para proseguir con una búsqueda institucional en coadyuvancia a la investigación a nivel federal. Caso 4. Expediente CDHDF/IV/122/CUAUH/12/D2993. El 9 de marzo de 2012, Georgina Abigail Zitlalpopocatl García, de 19 aĖos de edad salió a divertirse en compaĖía de una vecina; ambas llegaron a una vecindad conocida como el “Fumadero” donde estuvieron algunas horas y, después, abordaron un taxi que las llevó a la calle de Ferrocarril de Cintura en donde permanecieron platicando. Un testimonio seĖala que Georgina abordó una camioneta por su voluntad y se fue con el conductor despidiéndose de su vecina. Otros testigos afirmaron que el 10 de marzo de 2012, vieron en la madrugada en la calle de Ferrocarril de Cintura a Georgina, quien iba acompaĖada de su vecina y otras dos mujeres, observando que una persona subía por la fuerza a Georgina a una camioneta color vino. La seĖora Isabel Zitlalpopocatl García, madre de Georgina ha realizado investigaciones y la información que obtiene la proporciona al Ministerio Público. A la fecha se desconoce el paradero de la agraviada. Aceptada/Sujeta a seguimiento  
II. Derechos de la víctima o de la persona ofendida: a) Derecho de acceso a la justicia. b) Deber de la autoridad de investigar oportunamente las desapariciones. c) Derecho a saber la verdad, al esclarecimiento de los hechos investigados y a que se investigue, identifique y sancione a las personas responsables. d) Derecho de las y los familiares a que se les proporcione una atención integral. e) La obligación de los servidores públicos de proteger los derechos de las víctimas en torno al resguardo de la información reservada y confidencial.  
III. Derechos de las niĖas, niĖos y adolescentes  
 
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Segumiento, Fecha de actualización: 31/ Diciembre /2016, Fecha de validación: 15 / Enero /2017.